Justicia empieza a pagar a Pompas Fúnebres Ibiza a la espera de un nuevo concurso público

El Ministerio de Justicia se ha avenido, después de al menos dos décadas, a pagar a la empresa ibicenca Pompas Fúnebres parte de los servicios que ha venido prestando durante todo este tiempo de manera gratuita en materia de forensía; esto es, la recogida y el mantenimiento en cámaras especiales de cadáveres así como la práctica de pruebas periciales médicas, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio, en sus instalaciones privadas sin coste alguno para la Administración de Justicia.

En las actuales, y relativamente nuevas, dependencias de los Juzgados en la plaza de Sa Graduada de Ibiza, los forenses tienen instalaciones muy limitadas y, por ejemplo, carecen de los medios para llevar a cabo autopsias y para recoger y almacenar cadáveres.

Como denunció en exclusiva Diario de Ibiza, la empresa reclama desde hace años el cobro de parte de estos servicios para que al menos no le provocaran pérdidas.

Hasta el punto de que el pasado enero, ante el vencimiento en abril de un convenio de colaboración que databa de 2015 y que no incluía retribución económica alguna, la propiedad de la empresa le comunicó al Ministerio que «se bajaba del barco». «Como si nada, no reaccionaron». Y tuvieron que seguir desarrollando toda esta actividad de manera gratuita.

Desde 2020 buscando acuerdos

Pompas Fúnebres llevaba desde antes de la pandemia del covid de 2020 intentando llegar a un nuevo acuerdo con Justicia al menos, apuntan, para poder disponer de los medios suficientes y desarrollar su negocio privado.

La situación para la empresa, si ya era complicada, se había vuelto insostenible como consecuencia del flujo constante de pateras en la ruta argelina y de la cantidad de cadáveres que se rescatan del mar. La mayor parte indocumentados, por lo que pueden permanecer en alguna de las 16 cámaras frigoríficas de Pompas Fúnebres durante meses (han llegado a tener ocupadas 15 por esta contingencia), lo que les impide disponer de los medios suficientes para su negocio.

Fue justo después de la publicación en este diario de la noticia de que Justicia no pagaba durante décadas por estos servicios de forensía, el pasado viernes 6 de junio, cuando «todo se activó de repente», explican desde la empresa.

Apenas tres días después, el lunes 9, se desplazaron a la isla varios responsables del Ministerio para hablar con la propiedad de Pompas Fúnebres, que no ha denunciado nunca esta situación por «simple deferencia y sentido del servicio público». Hasta cierto punto, como es lógico: «Llega un momento en el que tienes que plantarte porque se acostumbran a que todo sea gratis».

Fruto de estas reuniones con los representantes del Ministerio de Justicia, Pompas Fúnebres logró arrancar un convenio temporal por el que recibirá una compensación económica por parte de sus servicios, relacionados principalmente con el usos de sus instalaciones (tanto las cámaras frigoríficas donde se mantienen los cadáveres hasta que se trasladan al cementerio o para su incineración, como por el espacio para los exámenes forenses), y de su personal, que realiza tareas de apoyo a los forenses del Ministerio de Justicia. Las primeras facturas ya se han enviado, apuntan.

El tiempo en las cámaras

Precisamente, en el nuevo acuerdo han pactado que Justicia no pagará por los primeros nueve días de permanencia de un cadáver en sus cámaras frigoríficas, pero deberá costear este servicio si se prolonga durante más tiempo.

También han logrado que se activen los trámites para solucionar el problema que les podía ocasionar, en caso de accidente o de otra incidencia, tener a trabajadores ajenos, en relación a los forenses, en sus instalaciones. Esta era otra de las anomalías que denunciaban en la información de Diario de Ibiza.

Al ser trabajadores ajenos a la empresa privada, aunque dependan de una institución pública, pueden representar un problema para Pompas Fúnebres por una cuestión de seguridad laboral. Esto es debido a que desde Justicia ni siquiera se habían avenido a firmar el documento de coordinación de actividades correspondiente para los casos en que dos empresas diferentes colaboren y compartan espacios, como es el caso. «Ahora nos han llamado por fin para iniciar los trámites» para solucionar este inconveniente, una de las cosas que «más preocupa» a los responsables de la empresa.

En cualquier caso, el acuerdo alcanzado ahora se mantendrá hasta que Justicia saque a concurso público la gestión de lo que lleva a cabo ahora Pompas Fúnebres. Se da la circunstancia de que, al haber desde hace unos años en Ibiza (y también en Menorca) otra empresa del sector, el Ministerio se vio obligado a sacar a concurso la prestación de estos servicios. Quedó desierto porque las condiciones económicas eran «ridículas». Desde Pompas explican que se han comprometido a elevar su oferta.

De hecho, en la última visita de Justicia a Ibiza, les explicaron que «todo en la isla es diferente, que esto no es Sevilla o Pamplona y que los gastos son mucho más elevados». «Si vuelven a ofertar los 60 euros por servicio del primer y único concurso, no se volverá a presentar ninguna empresa», advierten.

Este concurso resolvería en parte el problema, que sigue pendiente, como siempre, de la finalización de la flamante nueva sede judicial, un proyecto que acumula años de retraso y que sigue obligando a que varias instancias judiciales ocupen edificios privados como el del Cetis, con unos alquileres muy caros que se pagan con dinero público.

Pendientes de la sede judicial

Esta finalización del edificio, que se abrió con dos tercios del espacio previsto, contempla la ubicación en los sótanos del inmueble de las instalaciones y el material necesario para crear un servicio de medicina legal completo e inherente al trabajo de los forenses judiciales, cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia. Hasta entonces, no habrá instalaciones provisionales. Al menos dos años, aunque hay que tener en cuenta siempre hasta qué punto se retrasan las obras públicas. Se espera que la obra se licite en julio para que puedan iniciarse a finales de año.

El juez decano, Sergio González Malabia, explicó que falta por habilitar espacio para seis juzgados y, en el sótano, donde en el proyecto original «no estaba previsto», todas las dependencias de medicina legal. «Tuvieron que cambiar el proyecto».

Este diario ha vuelto a intentar recabar, sin éxito, las consideraciones del Ministerio sobre esta situación en la Justicia pitiusa.

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