Una jueza de refuerzo para lo Social de Ibiza, que ya señala juicios para dentro de dos años

La Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado esta misma semana una medida de refuerzo del Juzgado de lo Social de Ibiza «consistente en la adscripción de la jueza sustituta Àngels Casanovas Benítez». El inicio de la actividad de esta nueva magistrada (la actual, Cristina Costa Ramón, también es sustituta) se ha fijado para el próximo martes, 1 de julio, por un periodo de seis meses. Este plazo, no obstante, puede prorrogarse, previa elaboración de un «plan de actuación» de esta «medida de apoyo».

La saturación de este juzgado es brutal. Su carga de trabajo, como viene reclamando el juez decano, Sergio González Malabia, requiere de la creación de un segundo juzgado de lo Social, una de las necesidades más imperativas de la Administración de Justicia en Ibiza y Formentera. Hasta el punto de que el 4 de julio de 2024, el propio CGPJ, tomando como referencia un informe del Servicio de Inspección, consideró el segundo juzgado de lo Social como «prioritario». Pero ni así.

Este juzgado es el único que asume toda la competencia en materia laboral en Ibiza y Formentera, lo que genera una cantidad de asuntos muy superior a la que el Ministerio de Justicia considera adecuada.

Denegación en 2023

El problema viene de lejos. En septiembre de 2023, la jueza de lo Social y la letrada que tiene asociada enviaron una solicitud de refuerzo a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TJSB) que fue denegada con el siguiente argumento: «La Sala de Gobierno acuerda que, pese a lo complicado de la situación descrita del Juzgado de lo Social, esta es similar a la del resto de órganos judiciales, por lo que no procede en este momento acordar la medida de refuerzo interesada».

A mediados del pasado marzo, la jueza y la letrada insistieron ante la misma sala. Aportaron como justificación datos incontestables que demuestran la insostenible situación de esta dependencia judicial.

Entre estos «datos relevantes» adjuntados a la solicitud, se explica que la cifra fijada por el propio CGPJ, «con el beneplácito del Ministerio de Justicia», como idónea y máxima para cada juzgado es de 800 asuntos anuales. El de lo Social pitiuso asumió 1.160 asuntos en 2022 (un 45% más de la cifra tope), 1.287 un año después (60% más de lo asumible) y 1.402 en 2024 (75% más).

Que la carga de trabajo es inasumible lo confirma que el año pasado dieron entrada a 631 asuntos relacionados con procedimientos de despido frente a los 496 de 2023 y los 417 de 2022.

Este incremento anual «sustancial y exponencial», ha llevado a esta unidad judicial a una situación límite que le obliga a fijar ya señalamientos para marzo de 2027, dentro de más de dos años. Una circunstancia que pone en duda la efectividad de la Justicia.

Sin adelanto de juicios

Toda esta actividad provoca que el juzgado «deba denegar las solicitudes de los diferentes demandantes que cada semana, a la vista de los señalamientos, solicitan el adelanto de sus juicios de despido, incapacidad permanente, impugnación de alta médica...», se indica en la memoria justificativa de la solicitud a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza.

Si la cifra de casos asusta, la de asuntos señalados es también tremenda para una única jueza sustituta en lo Social: 982 en 2023, 1.065 el año pasado y para este ejercicio de 2025, nada menos que 1.170, «con previsión de incrementarse por la muy probable entrada de asuntos preferentes en lo que queda de año», se apunta.

Para este año, la cifra «también es considerable» puesto que se han señalado 1.060 asuntos. Esto representa una media de 26 a la semana, «a razón de 13 señalamientos por día dos días a la semana».

En cuanto al número de ejecuciones de sentencia en lo Social de Ibiza, el año pasado ascendió a 151, y se contabilizaron además 761 autos y decretos y 310 sentencias dictadas.

En esta solicitud, la jueza al cargo de este órgano judicial considera «necesaria y urgente la creación de un nuevo Juzgado de lo Social», que sería el segundo. Y mientras tanto, la «adopción de medidas extraordinarias», entre ellas las de «apoyo, de refuerzo especialmente para la juez y un funcionario de Auxilio Judicial» Esto es, lo «indispensable para reducir el plazo de señalamiento de las vistas que existe en la actualidad», que ya llega a los dos años.

El «plan de actuación»

En el acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ para dotar de medidas de apoyo a este órgano judicial a partir del 1 de julio, se incluye un «plan de actuación» que determina que la segunda jueza, Àngels Casanovas, «asumirá una media de 90 asuntos mensuales de materias propias del Juzgado, así como la celebración de vistas dos días a la semana (...) con una media de 22 señalamientos semanales».

Esta actividad programada dentro de la «aplicación y desarrollo de la medida de refuerzo», será supervisada por el Servicio de Inspección del CGPJ.

Los últimos antecedentes de un refuerzo en este órgano de la Administración de Justicia en las Pitiusas se remontan a 2022, y se prolongó durante algo más de un año. Fuentes judiciales indican que este refuerzo de seis meses suele prolongarse durante más de un año.

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