Poblados chabolistas en Ibiza: "Sin acción conjunta los asentamientos sólo se trasladan de un municipio a otro"

«Un liderazgo claro y activo» en el problema de los asentamientos chabolistas en general y de Can Rova 2 en particular. Es lo que le exige el PSOE de Ibiza al Consell Insular, que califica de «imprescindible» el papel de la institución en la «coordinación de los ayuntamientos». También reclama al Govern balear que adopte medidas estructurales: «Un plan integral que no sólo aplique medidas coercitivas sino que también ofrezca apoyo social, vivienda digna y mejoras en las condiciones de vida reales para las personas afectadas».

Asentamiento chabolista en Ibiza: «La basura desborda Can Rova 2, es insostenible»

Los socialistas se escudan en el Plan Territorial Insular (PTE), a través del cual defienden que el Consell «regula la clasificación y régimen de uso de los suelos» y «tiene la competencia para la coordinación supramunicipal facilitando apoyo técnico y jurídico a los ayuntamientos e impulsando acciones conjuntas de control, vigilancia y planes integrales de prevención y erradicación de asentamientos ilegales». Como ejemplo de la falta de coordinación, el PSOE de Ibiza recuerda los «lamentables» desalojos de Can Rova (Santa Eulària), Can Raspalls (Sant Josep) y sa Talaia, es Molí y Montecristo (Sant Antoni): «En todos los casos se constata que estas decisiones se han tomado de manera unilateral, sin coordinación con el resto de municipios ni estrategia compartida liderada por el Consell».

«Sin esta coordinación y la acción conjunta sólo se desplaza el problema de un municipio a otro», zanja la Federación Socialista de Ibiza en un comunicado en el que acusa al Ayuntamiento de Santa Eulària de «presionar» a los habitantes de Can Rova 2 «para que se marchen del municipio, trasladando, de esta forma, el problema a otros puntos de la isla».

Así, los socialistas anuncian que en el próximo pleno de Santa Eulària pedirán «una acción urgente en los asentamientos de infraviviendas en coordinación con el Consell de Ibiza para disponer de datos actualizados y facilitar la planificación y ejecución de actuaciones públicas». Critican que a pesar de que desde hace un año existe «una mesa específica» para tratar este tema, «la realidad es que los municipios continúan actuando de forma aislada y sin la implicación efectiva del Consell».

En el mismo comunicado, recuerda que el Consistorio «tiene la responsabilidad directa en la ordenación urbanística municipal y la gestión de expedientes de infracción urbanística, así como de la atención a las familias vulnerables con menores a cargo por parte de los servicios sociales». Motivo por el que pide al Ayuntamiento que impulse medidas de apoyo social, acceso a la vivienda digna y prevención de los asentamientos ilegales.

Santa Eulària: «Todas las acciones posibles»

El Ayuntamiento de Santa Eulària, como ya pasó el jueves, cuando el senador por Ibiza y Formentera anunció que el Defensor del Pueblo había admitido la denuncia contra el Consistorio por la desatención de los menores del asentamiento, apenas tardó un par de horas en remitir un comunicado respondiendo a la petición de los socialistas.

Santa Eulària defiende que ha adoptado «todas las acciones posibles» que son de competencia para acabar con «esta problemática». Además, recalca que tanto en septiembre de 2024 como en enero de este año el Consell de Ibiza «convocó una junta insular de seguridad para abordar la situación y solicitar las acciones pertinentes en materia competencial».

Además, como ya hiciera el jueves, Santa Eulària insiste en que es «imprescindible contar con la ayuda del Estado en este asunto, dado que tiene las competencias en materia de vivienda, menores y extranjería, que son fundamentales para poder ofrecer una solución integral y efectiva a la problemática de este asentamiento ilegal». Hay que recordar que, precisamente, el Ayuntamiento ha pedido amparo al Defensor del Pueblo ante la «inacción» del Gobierno central en este tema

El Ayuntamiento de Santa Eulària, en este nuevo capítulo de acusaciones cruzadas a cuenta de los asentamientos y el problema de la vivienda, recuerda a la Federación Socialista de Ibiza que el desalojo de Can Rova 2 (paralizado poco después de que hubiera comenzado por el mismo juzgado que lo había autorizado) «está judicializado». «Solicitamos que no se politice un tema tan delicado como el de Can Rova 2 para obtener rédito político de los más desfavorecidos», concluye el Consistorio.

Cruce de acusaciones entre el senador Juanjo Ferrer y Santa Eulària por los menores del asentamiento chabolista Can Rova 2