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Vivienda

El Consell de Alcaldes reclama al Estado que se implique para frenar el chabolismo en Ibiza

El presidente, Vicent Marí, exige que se identifique a posibles extranjeros sin permiso de residencia y sin contratos de trabajo que viven en asentamientos

El Consell de Alcaldes se ha celebrado este viernes en la sede del Consell de Ibiza.

El Consell de Alcaldes se ha celebrado este viernes en la sede del Consell de Ibiza. / J. A. RIERA

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Eugenio Rodríguez Martos

Eugenio Rodríguez Martos

Ibiza

Las instituciones de Ibiza reclaman al Estado que «se implique» también en las iniciativas para frenar «la proliferación de asentamientos de infraviviendas» en la isla. El Consell de Alcaldes, el órgano constituido por el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, y los cinco alcaldes y alcaldesas de la isla, ha acordado este viernes pedir una reunión con el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, para que también actúe contra las chabolas. «No puede ser que sólo intervengan las administraciones locales. Hay que ser más contundentes, hay que actuar», resaltó el presidente.

En concreto, en nombre también de todos los alcaldes, Vicent Marí reclama que el Estado intervenga para detectar, a través de las fuerzas de Seguridad del Estado y sus competencias en Migración, a personas que, voluntariamente, viven en estos asentamientos de chabolas sin permiso de residencia ni contrato. «Hay que decirlo claro: el problema de los asentamientos no depende sólo de los ayuntamientos y los servicios sociales. Hay que hacer un trabajo de identificación de qué personas trabajan y si lo hacen con papeles y su situación administrativa con respecto a Extranjería, así como si son personas vulnerables que deben ser atendidas por los servicios sociales», recalcó.

El presidente puntualizó que «no se puede generalizar» pero que «no todas las personas que viven en asentamientos de chabolas se encuentran en una situación de vulnerabilidad». «Hay gente que lo hace de manera voluntaria y consciente y eso no lo podemos permitir». «Quien decida venir a Ibiza y tenga un trabajo ha de disponer de un lugar para vivir en condiciones. Si no, no debe haber trabajo. No podemos permitir que la gente se instale en cualquier lugar por voluntad propia. Ni siquiera quieren pagar una habitación», destacó Marí.

Dispositivo policial en el intento de desalojo de Can Rova 2.

Dispositivo policial en el intento de desalojo de Can Rova 2. / VICENT MARÍ

Por todo ello, el presidente, que lamentó que este problema esté «creciendo», destacó la necesidad que se actúe de manera conjunta. «No creemos que desde la dirección insular del Estado se estén haciendo los máximos esfuerzos para contener la proliferación de infraviviendas en Ibiza», indicó, al tiempo que recalcó que «los alcaldes se encuentran muy solos» y puso el ejemplo del caso de Can Rova 2, cuyos habitantes han denunciado incluso a los funcionarios que han intentado entrar. «No podemos estar de brazos cruzados y esperar a que suceda una desgracia», subrayó el presidente.

Incentivo para funcionarios

Por otra parte, a propuesta del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, el Consell de Alcaldes acordó solicitar al Estado que incentive «la fidelidad» de los funcionarios que trabajen en Ibiza, ya sea de la Policía Nacional o la Guardia Civil u otros servicios esenciales, con la posibilidad de que si están un tiempo determinado en la isla, luego tengan «preferencia» a la hora de escoger su destino definitivo.

Remanente para política de vivienda

El Consell de Alcaldes también se dirigirá al Estado para reclamar que se pueda utilizar el remanente de los presupuestos de las instituciones locales para desarrollar políticas de vivienda, y no sólo a las llamadas inversiones financieramente sostenible. El PP ha iniciado una campaña para forzar al Gobierno a flexibilizar el destino del dinero público que se acumula en los bancos.

Facilidad para tramitar pruebas deportivas

Además, el presidente y los alcaldes de Ibiza acordaron solicitar al Govern balear que las pruebas deportivas de interés insular pasen a ser consideradas de interés autonómico con la finalidad de facilitar y agilizar los permisos, sobre todo de la Dirección general de Tráfico, para su organización y desarrollo. «Creo que puede ayudar a simplificar su tramitación», justificó Vicent Marí.

Rodajes en las calles y límites reales de los municipios

Los alcaldes también pactaron consensuar los criterios para la autorización de grabaciones y rodajes en la vía pública con la finalidad también de facilitar y «agilizar» su tramitación. Asimismo, se acordó la coordinación para delimitar con exactitud, según el Instituto Geográfico Nacional, los límites de cada municipio para evitar situaciones de personas que no queda claro si pertenecen a uno u otro.

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