Cruce de acusaciones entre el senador Juanjo Ferrer y Santa Eulària por los menores del asentamiento chabolista Can Rova 2

El senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, y el Ayuntamiento de Santa Eulària protagonizaron este jueves un rifirrafe a cuenta de los menores que viven en el asentamiento chabolista de Can Rova 2. Ambos, además, han recurrido al Defensor del Pueblo, aunque con justificaciones muy diferentes.

A primera hora de la mañana, poco después de las ocho y media, Ferrer anunciaba, a través de un comunicado de prensa, que el Defensor del Pueblo había admitido a trámite la denuncia que había presentado contra el Ayuntamiento de Santa Eulària «por desatención de los menores que viven en Can Rova 2». El senador había presentado una queja después del intento de desalojo iniciado por el Ayuntamiento y que paralizó el juzgado «ante la clara vulnerabilidad de los afectados».

En su escrito al Defensor del Pueblo Ferrer lamentaba que el Consistorio «no hubiera puesto en marcha ninguna medida eficaz de apoyo residencial, social o económico, dejando a estas familias en una situación límite». «Las Administraciones, si no hacen lo suficiente o nada para mejorar este problema, al menos que no empeoren la situación de las familias que se ven obligadas a vivir así», afirmó el miércoles durante el pleno en el Senado Ferrer, que enfrentó la imagen de los poblados chabolistas con las mansiones que tienen cerca «con jardines tropicales que necesitan hasta cinco camiones de agua para mantenerlos», lo que calificó como «un lujo mal entendido».

En este sentido, el senador insistió en que la mayoría de los nuevos edificios que se están construyendo en las Pitiusas «están destinados a segundas residencias y al sector del lujo». «No hay un sitio para vivir a un precio asequible, normal. La gente no quiere malvivir en verano para ganar cada vez menos», continuó durante el pleno el senador, que acusó a la derecha de «tirar piedras contra su propio tejado» con sus políticas de vivienda: «No se pueden completar las plantillas de trabajadores de temporada».

El Ayuntamiento de Santa Eulària apenas tardó unas horas en contestar al comunicado remitido por el senador pitiuso sobre los menores de Can Rova 2 y el Defensor del Pueblo. A la una del mediodía el Consistorio anunciaba que el pasado 30 de mayo había presentado «una queja formal» ante esta misma institución en la que solicitaba amparo «ante la grave situación generada por la proliferación de un asentamiento ilegal conocido como Can Rova 2, organizado en la parcela 76 del polígono 23 del barrio de Can Negre».

«En el texto, el Consistorio denuncia la pasividad mostrada tanto por la Administración General del Estado como por los órganos competentes para hacer frente a esta problemática, además de relatar las diligencias llevadas a cabo», explica el Ayuntamiento, que se exculpa asegurando que «desde el primer momento» se puso a disposición del Defensor del Pueblo. «Ya ha tenido 20 días para estudiar el informe completo, por lo que se confía que la resolución del expediente sea rápida y en base al interés general y, en especial, a todos los menores de edad que se ven obligados a residir en condiciones inhumanas», afirma. «No son las condiciones óptimas en las que deben vivir los menores de edad y no debe legitimarse como una forma de vida digna», hace hincapié el Consistorio.

A continuación, el Ayuntamiento relata las «múltiples actuaciones, tanto administrativas como judiciales» que ha llevado a cabo «para frenar la consolidación de un núcleo de infraviviendas que, además de ser ilegal en suelo rústico protegido, presenta evidentes riesgos para la vida de las personas, el medio ambiente y las infraestructuras críticas de abastecimiento de agua de la isla de Ibiza». Santa Eulària defiende que paralizar el desalojo «agravó el riesgo para las personas y bienes» del asentamiento «así como de todas las personas que viven en terrenos anexos al poblado». Defiende también que el auto judicial que autorizaba el desahucio (que luego anuló el mismo juzgado que lo había autorizado) tenía en cuenta «las graves deficiencias» acreditadas por el Ayuntamiento: «de salubridad, instalaciones eléctricas y de gas, vertidos de aguas fecales, presencia de menores en condiciones insalubres y el riesgo de incendio por la proximidad a zonas forestales».

El Ayuntamiento insiste en que ha pedido «en múltiples ocasiones la necesidad urgente de actuación coordinada» de las diferentes administraciones que tienen alguna competencia en este tema, «especialmente dada la existencia de canalizaciones de agua desalada que atraviesan la parcela y abastecen a buena parte de la isla» así como el riesgo de incendio o «las irregularidades en materia de inmigración», asuntos que califica de «graves». «Sin embargo, no se ha obtenido hasta el momento una respuesta efectiva por parte de la dirección insular de la Administración General del Estado ni del órgano judicial competente», critica.