Quinta sanción de 100.000 euros por una fiesta ilegal en Sant Josep detectada por los detectives

El Ayuntamiento de Sant Josep acordó hace un mes sancionar con 100.000 euros a tres personas por la comisión de una infracción «muy grave» por la organización, comercialización y publicidad de una fiesta ilegal. Esta multa se suma a las otras cuatro que, tal como informó el Consistorio, se acordaron en la junta de gobierno del pasado viernes, también por el mismo importe económico. Hay que tener en cuenta que la sanción de este tipo de infracciones se sitúa entre 100.000 y 300.000 euros, por lo que, en los cinco casos, el Ayuntamiento ha optado por la mínima cuantía posible.

La fiesta ilegal sancionada en mayo se produjo en octubre de 2023 en una vivienda de Sant Josep. Según el informe de la empresa de detectives contratada por el Consell para detectar e infiltrarse en estas fiestas para facilitar la tramitación de las sanciones, se trataba de «un evento multitudinario, con ánimo de lucro y se comercializó fuera de los canales convencionales de la oferta legal».

Una de las personas sancionadas solicitó al Ayuntamiento una copia del expediente completo en castellano y del informe de los detectives. Sus alegaciones fueron desestimadas. El Consistorio impuso la sanción a las tres personas de forma solidaria. Posteriormente, no presentaron alegaciones contra la propuesta de sanción. De hecho, dos de las personas multadas no pudieron ser notificadas (tampoco comparecieron), por lo que el Consistorio procedió a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Sobre las cuatro sanciones acordadas el pasado viernes, el Ayuntamiento informó de que tres recayeron sobre las mismas personas, lo que evidencia «una conducta reiterada y una clara voluntad de incumplimiento de las normas». También fueron los detectives contratados por el Consell los que detectaron estas fiestas ilegales.

Este año, sin embargo, la máxima institución insular ha decidido no contratar este servicio de investigación privada al entender, según dijo el vicepresidente primero, Mariano Juan, que no existe el «mismo nivel de actividad ilegal que había antes de la pandemia» y que no resulta preocupante.

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