«La población de gatos silvestres en Sant Antoni se ha salido de control»

Los problemas que generan las agrupaciones de gatos asilvestrados son más visibles cuando se concentran junto a alguna urbanización. Una de tantas intervenciones del Ayuntamiento de Sant Antoni se originó por una mujer que alimentaba a una veintena de felinos. Se colaban en las casas, llegaron a orinar en algún sofá, entre otros sitios que apestaban, y, con los restos de comida, se multiplicaron los ratones. «Tuvimos que desratizar la vía pública e intermediar con esa persona para que alejara a esos gatos», recuerda Pepita Cardona, técnica de Medio Ambiente en el Ayuntamiento.

Pero estas situaciones en entornos urbanos y periurbanos, por numerosas que sean, suponen solo una pequeña parte en comparación con los estragos que generan los felinos en el suelo rústico. «La mayoría de los que les dan de comer lo hace de buen corazón, pero se está convirtiendo en un problema muy grave que no deja de crecer», advierte la concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres.

De toda la vida, «la gente que vivía en el campo cuidaba a un gatito, que cazaba los ratones que pudiera haber, y ya está», recuerda. Pero se empezó a dar el caso de nuevos arrendatarios que, allí donde antes se atendía a un ejemplar, empezaron a alimentar a muchos más felinos, normalmente en los espacios abandonados de los antiguos corrales.

«Después nos llegaban otros inquilinos que nos avisaban de que, antes que ellos, en la casa hubo gente que daba de comer a diez gatos ¡y ahora tenían a quince!», recuerda Cardona.

Punto de inflexión

En 2023, llegó un momento en que era más que evidente que «el problema se había salido de control», detalla Torres. «Puede que hubiera influido el covid de los años anteriores, cuando se abandonaron un montón de gatos», apuntan.

También se multiplicaron las personas que esparcen comida en la vía pública o en plena naturaleza para estos gatos ferales. «Se piensan que les hacen un favor, pero están sobrealimentados y se provoca una sobrepoblación».

No se trata solo de los problemas de salud pública que generan estas aglomeraciones asilvestradas, «todo un foco de contagio de enfermedades», de las «molestias y quejas de la gran mayoría de vecinos». Como se expanden sobre todo por el suelo rústico, están devorando a lagartija autóctona, por si esta no sufriera ya suficiente riesgo ante la plaga de serpientes. Además, atacan a la avifauna más frágil, como la curruca balear, también endémica.

Ante esta amenaza, para la convivencia y el ecosistema, Sant Antoni puso en marcha en 2023 una campaña de castración y de cuidados veterinarios para los gatos ferales. Aquel año, se aplicó de manera experimental y, de julio a noviembre (inclusives) se esterilizaron 209, una cifra que el año pasado se elevó a 850. En el primer trimestre de 2025, se han intervenido otros 297. Paralelamente, un total de 268 se han dado en adopción, con las vacunas y el chip pagados por el Ayuntamiento.

«Todos los interesados en llevarse un gato a casa pueden ir a la Clínica Veterinaria de Animalsvet», la empresa que se hizo con el concurso público para prestar este servicio veterinario. En estos momentos, hay 30 cachorros recogidos en la calle en busca de un hogar.

Las cifras son considerables, pero aún queda mucho recorrido. Para ilustrarlo, Cardona muestra el mapa por satélite en el que va marcando todos las ubicaciones donde ha detectado agrupaciones con más de ocho gatos. Los marcadores, cerca de dos centenares, se reparten por todo el término municipal, principalmente por zonas rurales.

Falta de reglamento

Para llevar a cabo esta labor con éxito, cuentan con la ayuda voluntaria de un par de personas que alimentan a gatos ferales, «gente con seny que ayuda a recogerlos para castrarlos y a que estén en buenas condiciones». En cambio, lamentan que algunos colectivos animalistas les ponen trabas, ya que les exigen constantemente que se creen las colonias felinas que prevé la Ley de Bienestar Animal de 2023, de la que el Gobierno aún no ha aprobado el reglamento para desarrollarla. De hecho, la norma está de facto suspendida en toda España por este motivo.

«¡No se puede aplicar esta ley sin reglamento! Ni tenemos dotación económica n ni se ha indicado qué criterio formativo se debe seguir con los voluntarios», lamentan. Por otra parte, el propio texto de la Ley de Bienestar Animal no es adaptable a Sant Antoni, según advierten.

La norma marca que las colonias felinas deben ubicarse a más de 500 metros de centros sanitarios, centros educativos, residencias, los parques infantiles o las reservas de lagartijas que se crean en zonas ajardinadas. «No se tiene en cuenta las peculiaridades de Ibiza y el espacio que queda es limitadísimo, porque es imposible crear estas colonias en suelo rústico», precisa Torres.

Para Cardona, esta Ley de Bienestar Animal «tiene cosas buenísimas, pero son muy difíciles de combinar con la Ley de Biodiversidad y la Xarxa Natura 2000», sentencia.

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