Los ayuntamientos tramitan más de un centenar de solicitudes de legalización en Ibiza

Los ayuntamientos de Ibiza tramitan ya más de un centenar de solicitudes de legalización de edificaciones y usos en suelo rústico en el proceso extraordinario aprobado con la ley de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativa. En concreto, los consistorios han registrado por el momento, en el primero de los tres años previstos de aplicación de la amnistía urbanística, un total de 115 proyectos de legalización. Por su parte, el nuevo gobierno de Formentera aún no ha anunciado si aplicará o no este proceso extraordinario para regularizar construcciones que se encuentran fuera de ordenación después de que la infracción urbanística cometida en su día haya prescrito.

Santa Eulària y Sant Josep son los municipios que en este momento generan una mayor demanda para legalizar edificaciones, con un total de 40 expedientes respectivamente. En el caso de Santa Eulària, hay dos proyectos que aún están pendientes del correspondiente informe jurídico previo para pasar por la Junta Local y seguir con la tramitación. Los 38 restantes ya han superado esta fase y se encuentran en fase de «tramitación activa», según apunta un portavoz municipal.

El Ayuntamiento de Sant Antoni tramita otros 20 expedientes, y Sant Joan, 15; mientras que, por ahora, Vila no ha recibido ninguna solicitud. Hay que tener en cuenta que este proceso de legalización extraordinario afecta sólo a edificaciones en suelo rústico y el de Ibiza es el municipio que cuenta, con diferencia, con una menor superficie de suelo de este tipo en la isla.

Mayor período de aplicación

Sant Antoni registró una decena de solicitudes el año pasado y otras diez en este primer semestre de 2025.

El Consell de Ibiza dio el visto bueno a la aplicación de la amnistía urbanística a finales de junio del año pasado, hace casi un año, tras la aprobación del decreto-ley de simplificación administrativa aprobado dos meses antes por el Parlament balear.

Sin embargo, a finales del año pasado, el decreto ley se aprobó en el Parlament como proyecto de ley, lo que obligó a finales de marzo al Consell de Ibiza a aprobar de nuevo, en el pleno insular, la aplicación de esta medida de gracia urbanística extraordinaria, con la ventaja, además, de que el período de aplicación (los tres años previstos) empezaba a contar desde cero. Así, al menos en el caso de Ibiza, la aplicación de la amnistía será realmente de casi cuatro años porque todos los proyectos presentados entre finales de junio del año pasado y de marzo de este año también son válidos con las condiciones que regían en ese momento este proceso de regularización urbanística.

Ahora, todos los ayuntamientos han aprobado condiciones particulares de eficiencia hídrica y energética, fundamentalmente, para legalizar edificaciones fuera de ordenación. Previamente, el Consell de Ibiza constituyó una mesa técnica con los ayuntamientos de la isla para consensuar los requisitos medioambientales que se debían exigir para salvar del limbo legal las edificaciones y usos explotados sin licencia y al margen de la normativa urbanística. Todas ellas, según asegura insistentemente el vicepresidente primero, Mariano Juan, al haber prescrito la infracción cometida en su día, «ya no se pueden derribar».

Las administraciones de la isla pactaron el ajardinamiento con especies de baja demanda de agua, la obligación de instalar sistemas de depuración adecuados al Plan Hidrológico de Balears y depósitos de recogida de pluviales, la eliminación de cubiertas de amianto así como medidas de reducción de la contaminación lumínica, entre otros requisitos.

Coste de la regularización

Aparte de la obligación de pagar las correspondientes tasas (por la expedición de licencia), los propietarios tienen que pagar un coste añadido: el 10% del presupuesto de ejecución del proyecto si se presenta en el primer año de aplicación de la amnistía. Este porcentaje sube al 12,5% en el segundo año y al 15% en el tercero.

El anterior Govern balear del PP, bajo la presidencia de José Ramón Bauzá, aplicó, en 2014, esta medida de gracia urbanística, pero se quedó a medias porque fue derogada (en enero de 2016, cuando aún quedaba algo más de un año de los tres previstos de su aplicación) tras el cambio de gobierno que se produjo en las elecciones de mayo de 2015, cuando la socialista Francina Armengol asumió por primera vez el mando de la Comunitat Autònoma.

Entonces, en el primer año de la amnistía, el Colegio de Arquitectos visó en Ibiza 158 proyectos de legalización por un valor de 26,7 millones y, en el segundo, 461 solicitudes con un coste de 74,6 millones. El 90% de todos estos proyectos se acogieron al proceso de regularización extraordinario. Como no pudo culminarse, el PP prometió en la pasada campaña electoral una nueva regularización.

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