Sant Antoni amplía su Policía Local con diez nuevos agentes
También contrata a detectives privados para perseguir a los taxistas pirata y las viviendas turísticas ilegales

Neus Mateu, Marcos Serra y Alejandro Ponce, durante la presentación del Plan municipal de seguridad. / ASA

Sant Antoni incorpora este verano a diez nuevos efectivos de la Policía Local, con lo que su plantilla aumentará hasta 69 agentes. Esta es la principal novedad del plan municipal de seguridad para la temporada turística que se ha presentado esta mañana y para el que se ha creado la nueva figura de agentes de intrusismo, con una docena de plazas y que recurrirá a detectives privados para combatir tanto los alquileres turísticos ilegales como los taxis pirata.
El alcalde, Marcos Serra, acompañado de la concejala de Gobernación, Neus Mateu, y del jefe de la Policía Local, Alejandro Ponce, han destacado que se trata del plan de seguridad estival más ambicioso que han organizado hasta la fecha, gracias a la inyección económica del decreto de turismo responsable del Govern balear y los fondos que aporta el Consell para la lucha contra el intrusismo.
Al margen de los operativos específicos para el verano, el Ayuntamiento ha emprendido "uno de los incrementos de plantilla más importantes que jamás se han efectuado" en la Policía Local con la creación de estas diez plazas, para las que se han presentado 70 candidatos. Serra ha recordado que la última ampliación del cuerpo, en febrero del año pasado, se limitó a dos nuevos agentes.
Con esta incorporación, que será una realidad en las próximas semanas (aún no hay fecha concreta), Sant Antoni todavía no llegará a los 80 efectivos que "sería el número ideal", según un informe de la propia prefectura de la Policía Local. Para cubrir este déficit, sobre todo con el aumento de patrullas que se programan en verano, el Ayuntamiento invierte 300.000 euros en pagar horas extras a los agentes que se prestan voluntarios, ha detallado el alcalde.
Unidades
Respecto a las unidades específicas para verano, se vuelve a desplegar el denominado grupo operativo de refuerzo, con agentes dedicados en exclusiva a vigilar las zonas de ocio desde las seis de la tarde hasta la mañana. Igualmente, esta semana empieza a patrullar la unidad canina, con un perro entrenado especialmente para detectar sustancias estupefacientes.
La unidad de playas efectuará labores de vigilancia tanto por tierra, con una pareja en bicicletas eléctricas, como por mar, con otros dos agentes pilotando motos de agua. Estos últimos tienen como principal objetivo controlar la venta ambulante en las zonas más inaccesibles del litoral, especialmente en Cala Saladeta, donde se instalan con frecuencia tenderetes de venta de mojito ilegales.
Además, el Ayuntamiento recuerda que se incrementa la actividad del resto de equipos que operan todo el año, como la unidad de drones, atestados, proximidad o medio ambiente. Para este verano, el Consistorio destaca también la instalación de la Oficina de atención al turista extranjero en la playa de s'Arenal, conjunta con la Guardia Civil, que funcionará hasta el 31 de septiembre. La labor policial también se reforzará con la instalación de más cámaras de vigilancia en las zonas conflictivas.
Vigilancia privada
Como novedad para este verano, Sant Antoni recibe 3,4 millones de euros del decreto de turismo responsable del Govern balear, que le permite crear la nueva figura denominada "agentes de intrusismo y convivencia", que coordinarán acciones con las fuerzas de seguridad en los casos necesarios. El Ayuntamiento ya ha seleccionado las doce personas para este nuevo cometido, que se centrará en velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales, como la prohibición de beber en la calle o ir sin camiseta, además perseguir el alquiler turístico ilegal y los taxis pirata.
Este último objetivo se complementa con la contratación de un detective privado, que podrá actuar como cliente infiltrado para detectar las infracciones. Este nuevo despliegue para Sant Antoni cuenta con una subvención de 660.000 euros del protocolo contra el intrusismo del Consell de Ibiza, financiado con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible.
El Ayuntamiento también recurrirá a la seguridad privada para aumentar la presencia de personal uniformado en las calles e incrementar un efecto disuasorio. Para ello, está ultimando una licitación para contar con seis vigilantes, durante todo el día, en las cercanías de los inmuebles de propiedad municipal, como la sede consistorial, oficinas de información o centros culturales.
El objetivo es que este personal, dividido en tres parejas, pueda recorrer las zonas de ocio comprendidas entre la calle Santa Agnès, la calle Cervantes, el Passeig de ses Fonts y el Molí d'en Simó, "para reducir actos vandálicos y cumplimientos incívicos" acompañados de agentes policiales.
Legislación laxa contra el gas de la risa
El Ayuntamiento ha destacado especialmente los dispositivos coordinados junto a la Guardia Civil, habituales cada año, y el Cuerpo Nacional de Policía. Serra ha agradecido el aumento de la cooperación con este último cuerpo, ya que este año ya se han llevado a cabo dos controles de extranjería, frente a la única actuación conjunta que se efectuó el año pasado.
También ha valorado la disposición de la Guardia Civil, que en 2025 ha colaborado en tres ocasiones con la Policía Local para combatir la venta de óxido nitroso. "Es un tema que nos preocupa mucho, pero la ley no ayuda", ha lamentado el alcalde, ya que el gas de la risa no está tipificado como sustancia estupefaciente. "Cuando los pillas [a los vendedores] no acaban sancionados ni en la cárcel como nos gustaría", se resigna.
Ante esta situación, el jefe de la Policía Local considera necesario que "los jueces y los fiscales tengan una normativa más dura", ya que la legislación actual "es muy lenta y flexible en este aspecto". Como se trata de una sustancia empleada en cocina y que puede adquirirse fácilmente en establecimientos especializados o en internet, tan solo puede sancionarse su venta ambulante para consumo humano.
Así y todo, Ponce ha destacado que Sant Antoni es de los pocos municipios de Baleares que ha conseguido órdenes de alejamiento para los vendedores ambulantes en las zonas donde se prodiga su venta entre turistas.
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