Seguimiento masivo de los jueces y fiscales de Ibiza al parón contra las reformas del Gobierno

Los fiscales y jueces de Ibiza se han sumado de forma masiva al paro convocado a nivel nacional este miércoles contra las reformas que prepara el Gobierno central para acceder a la carrera judicial y a la carrera fiscal. Según denuncian, la iniciativa legislativa del ministro de Justicia, Félix Bolaños, vulnera los principios de "igualdad, mérito y capacidad", además de amenazar la independencia del poder judicial.

Una quincena de profesionales, entre jueces y fiscales, ha parado su actividad al mediodía, durante un cuarto de hora, para concentrarse frente a la sede de los juzgados, en la plaza de sa Graduada. Según han indicado, han secundado la protesta todos los que tenían posibilidad, mientras que el resto, que "comparte" las reivindicaciones del colectivo, estaba de guardia, con cita médica o asistiendo a un curso. La única salvedad es la del exjuez decano de los Juzgados de Eivissa, Juan Carlos Torres Ailhaud, que no ha secundado el parón.

En principio, como en el resto de España, estaba prevista la lectura de un manifiesto, pero finalmente se ha optado por entregar una copia del mismo a la prensa. Ninguno de los manifestantes representa a las asociaciones convocantes y querían evitar que se personalizara en uno de ellos la protesta.

"Ataque al poder judicial"

El parón simbólico está organizado por todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, salvo las progresistas. En su manifiesto conjunto, advierten de que "la independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas".

En concreto, denuncian que el Gobierno tramite "injustificadamente, por vía de urgencia, un proyecto que no responde a demanda social alguna". Concretamente, critican que la reforma legal rebajará "la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración".

A modo de ejemplo, una de las juezas que seguía el parón ha comentado que el Ministerio de Justicia pretende estabilizar a 1.000 jueces sustitutos que cubren vacantes en España, de modo que estas personas, tan solo con la licenciatura en Derecho, se verían exentas de una de las dos vías clásicas para acceder a la carrera judicial: por oposición libre o por concurso oposición.

"Es como si a mí me tienen que operar y, si no está el cirujano, me interviene un médico de cabecera", ha apostillado otro juez. Eso sí, recalcan que la mayoría de estos sustitutos ejercen su labor a la perfección, aunque insisten en que se deberían crear 1.000 plazas nuevas en vez de consolidar estas suplencias.

"Velar por la ética de los jueces"

El manifiesto conjunto arremete contra la intención de "meter política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", mediante un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno" y "en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Para llevar a cabo esta modificación, se recurre "falsamente a Europa como excusa", según las asociaciones convocantes.

Por otra parte, la protesta pone el acento en que se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, que en la actualidad está procesado por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este cargo está nombrado por el propio Gobierno "sin ningún tipo de filtro previo", de manera que "se incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".

"Todas estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan", apunta el comunicado, con el objetivo de debilitarlos "en su función de contrapeso del poder político". Tras recordar que la independencia judicial y del Ministerio Fiscal "son imprescindibles para preservar la buena salud democrática", el manifiesto reclama la retirada de estos proyectos legislativos del Gobierno y anuncian que no descartan convocar una huelga si siguen adelante.

Politización

Al igual que ha sucedido en otras convocatorias de España, un grupo de dirigentes de Vox, con la presidenta del partido en Balears y diputada en el Parlament, Patricia de las Heras, a la cabeza, ha acudido a la plaza de sa Graduada durante esta concentración. Por su parte, los jueces y fiscales han insistido en desmarcarse de esa presencia ajena a ellos y de cualquier injerencia política.

En este sentido, una fiscal que ha accedido a hablar públicamente a la prensa, Natalia Gaspar, ha subrayado que se trata de un movimiento "completamente apolítico" y que, en su caso, no está afiliada a ninguna asociación profesional. "Antes había un sistema de oposición que garantizaba el mérito, la capacidad y la independencia y ahora se quiere acabar con esta vía de acceso", ha recordado.

En cambio, con la reforma legislativa "no se va a garantizar que la instrucción de los fiscales sea de carácter independiente". Igualmente, lamenta que el hecho de que esté procesado el propio Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, "merma completamente la independencia".