El Parlament garantiza la financiación de la capitalidad de Ibiza

PP y Vox aprueban un decreto ley que, entre otras cosas, permite destinar dinero del Impuesto de Turismo Sostenible a gastos de capitalidad . El Govern transferirá 4 millones anuales a Vila

Toni Costa, en el centro de la imagen, y a su izquierda la presidenta Marga Prohens, ayer en el Parlament. | MIQUEL A. BORRÀS / EFE

Toni Costa, en el centro de la imagen, y a su izquierda la presidenta Marga Prohens, ayer en el Parlament. | MIQUEL A. BORRÀS / EFE

David Ventura

David Ventura

Ibiza

El Parlament Balear, con los votos de PP y Vox, ha garantizado la financiación de la Ley de Capitalidad para la ciudad de Ibiza, que se traducirá en una transferencia anual del Govern balear de cuatro millones de euros al Ayuntamiento de Vila. Esta financiación se integra dentro de un decreto ley extraordinario y heterogéneo que incluye también cosas tan diversas como la financiación del traslado de residuos de Formentera a Ibiza, la prórroga del plazo para acreditar el conocimiento lingüístico del catalán de los funcionarios en procesos de estabilización, y la financiación de la Ley de Capitalidad de Palma o de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

La iniciativa ha salido adelante, además de con los votos de PP y Vox, con el apoyo del diputado de Formentera Llorenç Córdoba y del diputado no adscrito Xisco Cardona. Han votado en contra los diputados del PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidad Podemos, que han criticado que se usen los fondos del Impuesto de Turismo Sostenible para financiar la Ley de Capitalidad, y que han calificado la prórroga para acreditar el conocimiento lingüístico como un nuevo ataque a la lengua catalana.

Cuatro millones mínimo al año

La modificación de la Ley de Capitalidad que incluye este decreto ley establece que «los presupuestos generales de la CAIB y los del Consell de Ibiza deben incluir una consignación específica a favor del Ayuntamiento de Ibiza para gastos o inversiones en el municipio de Ibiza», y que el Govern asumirá el 70% de la cantidad «con un mínimo de cuatro millones de euros anuales», y que el 30% restante lo deberá asumir el Consell.

Para garantizar esta asignación anual, el decreto ley incluye también una modificación de la Ley 2/2016 sobre el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en las estancias turísticas. En concreto, se modifica el artículo 19 de manera que se permite que parte de los fondos obtenidos con este impuesto se destinen a satisfacer la Ley de Capitalidad: «Las cuantías y la destinación de estos fondos se han de determinar en cada caso, en el seno de los consells de capitalidad de Palma y de Ibiza».

Y es este trasvase de fondos del ITS el núcleo del debate que se desarrolló en el Parlament. Al menos, la parte del debate que nos interesa en Ibiza, ya que otra parte del debate parlamentario ha usado como excusa la aprobación de este decreto ley para elucubrar sobre quien será el próximo candidato del PSIB a la alcaldía de Palma.

Defina «día histórico»

En la exposición del decreto ley, el vicepresidente del Govern, el ibicenco Toni Costa, ha calificado el día como «histórico» ya que, a partir de ahora, «habrá una reserva de crédito específica» que «clarifica la financiación» de la Ley de Capitalidad. «Se podrá financiar gasto corriente, no se tendrá que justificar como una subvención clásica», ha explicado Costa, quien aseguró que, de esta manera «se da cumplimiento a una voluntad política».

Por su parte, el portavoz socialista, Marc Pons, ha criticado que fondos del Impuesto de Turismo Sostenible se dediquen a estos menesteres: «Esto es un juego de trileros», y ha recordado que «se había establecido que el impuesto de turismo sostenible sería exclusivamente para el turismo».

Similar argumento ha empleado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, quien ha bromeado con que el vicepresidente Toni Costa haya calificado la jornada de «histórica», y con sorna ha apostillado que se estaba haciendo un abuso de este término: «No hay para tanto». «Lo que hacen es una variación en la forma financiar la Ley de Capitalidad y tomar dinero de los Fondos Europeos y del ITS», y que «lo que se gana por un lado se pierde por el otro», ha resumido.

El hecho de que se tratara de un decreto ley ómnibus que incluía también la prórroga para acreditar el conocimiento del catalán en los funcionarios, provocó que una gran parte del debate se centrara en este punto.

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