Adiós a las bocinas y conductas violentas en los centros deportivos de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha elaborado un reglamento regulador de uso de las instalaciones deportivas municipales que se aprobó inicialmente en el pleno del mes de mayo, con los votos del Partido Popular a favor, la abstención del Partido Socialista y los votos en contra de Unidas Podemos y Vox. El reglamento establece medidas para fomentar las buenas prácticas deportivas para que las instalaciones sean «más seguras, ordenadas y limpias», apuntó el concejal de deportes, Toni Ramon. En esta línea, se establecen medidas como un régimen sancionador que tiene como fin frenar conductas violentas, se limita el uso de los vestuarios a 30 minutos para favorecer la rotación o se prohíbe el consumo de tabaco en cualquier instalación así como el consumo de alcohol durante las competiciones oficiales o eventos.

Asimismo, el reglamento prohíbe el uso de bombos y bocinas en instalaciones deportivas municipales, teniendo en cuenta las molestias que generan en pabellones o salas cubiertas: «Cuando se juntan diez bombos y cuatro bocinas en un partido de niños de diez años, entendemos que no se produce una competición sana», explicó Ramon, que también apuntó a las quejas vecinales recibidas «sobre todo en la zona de Puig d’en Valls, que afectan a la buena convivencia». En este sentido, señaló que el reglamento no significa que no se esté a favor de que la gente vaya a animar y matizó que en casos concretos, «como finales de un equipo absoluto»,se podrá pedir permiso para su uso.

El PSOE apuntó que, dado que se trató de una aprobación inicial, presentará alegaciones en un futuro para tratar de «mejorar» el reglamento, con propuestas como informar desde las instalaciones del reglamento con un flyer o un código QR o hacer habilitaciones concretas para ciudadanos con movilidad reducida. Álvaro de la Fuente, concejal de Unidas Podemos, también avanzó que hará alegaciones y opinó que en el reglamento «hay demasiada sanción y prohibición» o que le parece «excesivo» el que quienes dañen instalaciones tengan que pagarlas.