CCOO: «Las educadoras de la ‘escoleta’ de Can Coix llevan años cobrando una miseria, si no llegan ya los cambios se van a ir»

La huelga indefinida iniciada el viernes en la escoleta de Can Coix sigue su curso y parece que no hay visos de que vaya a resolverse de forma inmediata. Durante estos días de paro no ha habido acercamiento entre las partes. Según explicaron este lunes por la mañana CCOO y una de las educadoras del centro, desde el inicio de la huelga no se les ha convocado a nueva reunión para retomar las negociaciones. El sindicato pide mejoras salariales y unas condiciones que permitan fidelizar a profesionales en este centro, que es público pero se gestiona mediante una concesión a una empresa privada.

Actualmente la plantilla la componen tres educadoras a jornada completa que cobran alrededor de 1.200 euros; otras tres con reducción de jornada voluntaria y una educadora a media jornada (en este caso, se trata de una parcialidad involuntaria, según estas trabajadoras), a lo que hay que sumar a la directora y a una persona responsable de la limpieza de estas instalaciones.

«Muchas educadoras tienen familia y a veces sale más a cuenta evitar pagar un comedor o una escuela matinera que venir a trabajar, así que esto se hace para poder conciliar», indica Maribel García, una de las educadoras, sobre las reducciones de jornada voluntarias. 

CCOO pide que los sueldos suban, al menos, a los 1.500 euros y afirma que la plantilla actual está infradotada. «Pedimos, como mínimo, siete personas a jornada completa», señala García. Advierte de que estas condiciones laborales han venido provocando una pérdida de trabajadoras: «Se han ido yendo a otros sectores de la administración pública. En el último año y medio o dos años, se han marchado cuatro compañeras».

«Frustración»

En este sentido, prevé que si no mejoran los sueldos a muchas no les quedará otro remedio que buscar empleo en otro sitio. «Estamos angustiadas porque vemos que el equipo se está disolviendo. Esto genera mucha frustración y estrés en nosotras, porque además de tener que ocuparnos de nuestras tareas, tenemos que buscar personal adecuado para trabajar con nosotras cuando se va alguien o si falta alguna», añade García. Además, añade: «Este es un trabajo complejo y que requiere de mucha atención. Y no es fácil encontrar a gente cualificada».

La concejala de Educación en Sant Antoni, Eva Prats, dijo, en declaraciones a este diario antes de la convocatoria de huelga, que la empresa [Asturservicios La Productora] no tiene margen económico para asumir subidas salariales. Al mismo tiempo, explicó que los pliegos de la actual licitación caducan en septiembre y que en los que se están preparando ahora, que entrarían en vigor en octubre, se pondrá la condición de que los salarios queden sujetos a lo que se acuerde en el convenio balear que se está negociando con el Govern. «En este convenio se incluirán mejoras salariales», afirmó Prats, añadiendo que se aplicarán de forma inmediata en Can Coix, ya sea con el actual contrato o en la futura licitación, la que comienza en octubre (con una duración de cuatro años y cuatro meses). «Y nosotros, en el nuevo convenio, ya hemos fijado puntuar más a las empresas que ofrezcan un salario más alto. Entendemos la situación de las educadoras. Sé que hace tiempo que están inquietas y hemos intentado buscar las mejores soluciones para atenderlas», aseguró la edil.

El Ayuntamiento explica que ha mantenido reuniones tanto en el centro como en el Tribunal de Mediación y Arbitraje (Tamib) «para intentar mediar entre la empresa y las trabajadoras» y que «se explicó la propuesta del Consistorio»: «El Ayuntamiento no puede obligar a la empresa a pagar por encima de lo que marca el convenio, y actualmente se aplica el estatal». Además, el Ayuntamiento muestra su «compromiso con una ampliación de las educadoras a jornada completa en la próxima licitación, pasando a ser siete, como mínimo, además de la directora y el servicio de limpieza».

Sin embargo, las trabajadoras y su sindicato, CCOO, hacen hincapié en que las mejoras en sus condiciones laborales no pueden esperar más tiempo. «No pueden más, son muchos años cobrando esta miseria e intentando mejorarlo por las buenas. Nos falta que los cambios comiencen ya, desde este verano, porque se van a ir [de la escoleta]. En cualquier otro trabajo al que vayan van a ganar más dinero. La huelga era su último cartucho», en palabras de Ana López, secretaria de Acción Sindical de CCOO en las Pitiusas. En la misma línea se pronuncia García: «Muchas de nosotras, aparte de haber estudiado Educación Infantil, tenemos otras carreras, así que también buscamos otras oportunidades. Si falta una de nosotras es todo un desbarajuste. Tenemos que organizarnos de otra manera, a veces incluso dejando de realizar nuestro proyecto educativo para atender a los niños y pasar el día como podemos».

Servicios mínimos

Por otro lado, el viernes por la tarde denunciaron los servicios mínimos decretados por el Ayuntamiento al considerarlos abusivos. «Se los mandaron directamente a la directora y no se negociaron antes con el sindicato, que es lo que toca. Pusieron como servicio mínimo a la directora, a la limpiadora y a una educadora por cada aula, que son cinco en total», apunta López de CCOO. Ahora, señala García, las trabajadoras del centro (una de ellas está de baja) están «haciendo malabares» para poder cubrir el servicio, si bien buena parte del alumnado está faltando a clase mientras dure la huelga. «Hay 67 niños matriculados y este lunes habrán faltado a clase unos 45», según García.

El Ayuntamiento apunta a que es la institución local «quien determina los servicios mínimos» y que «se trata de un servicio esencial»: «Por eso deben estar todas las aulas abiertas para atender a todas las familias (...) El Ayuntamiento se solidariza con las trabajadoras, pero también con las familias que requieren este servicio para poder ir a trabajar».

El sindicato también ha expresado su inquietud porque la Policía Local, que está comprobando si se cumplen los servicios mínimos, el viernes sacó fotos del DNI de alguna trabajadora del centro. La concejala Prats señala que «era simplemente para que el agente pudiese identificar a las educadoras y quién era la directora y demás, pero tampoco se obligaba a ello, sino que era una forma de identificación».

Este diario trató ayer de recabar la versión de la empresa concesionaria del servicio. En el teléfono de la central se facilitó un correo electrónico al que Asturservicios La Productora, de momento, no ha contestado.

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