Turismo aplaude la orden de Consumo para retirar anuncios de pisos ilegales, que en Baleares suman 7.000 viviendas

El propio ministro aseguró en febrero que el 30% de las 22.000 viviendas turísticas ofertadas a través de plataformas digitales en el archipiélago no aportan el número de licencia correspondiente en los anuncios

El Ministerio no ha ofrecido el desglose de cifras ni por comunidades ni por islas

El Consell, que desconoce todavía los datos a nivel local y el impacto que tendrá la medida sobre Mallorca, trabaja con Airbnb para la eliminar ofertas "manifiestamente" irregulares como tiendas de campaña, caravanas, barcos o chabolas

Imagen de archivo de una pintada a modo de protesta.

Imagen de archivo de una pintada a modo de protesta. / EFE

Jordi Sánchez

Palma

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha aplaudido la orden del Ministerio de Consumo para que Airbnb retire más de 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales de la plataforma digital, defendiendo que "toda ayuda es bienvenida, venga de donde venga". Baleares, una de las seis comunidades que se verán beneficiadas de esta medida, cuenta con un gran volumen de oferta ilegal: 7.000 viviendas turísticas se publicitan sin aportar el número de licencia correspondiente en el archipiélago, según cifras aportadas por el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, durante su visita a Ibiza el pasado mes de febrero.

Si bien el Consell ya lanzó su campaña estival contra la oferta ilícita, que también contempla la retirada de anuncios de Airbnb "manifiestamente" ilegales -como tiendas de campaña, caravanas, barcos o chabolas- así como un acuerdo con la misma plataforma digital para sacar del mercado el resto de anuncios irregulares, la erradicación de estos casi 66.000 anuncios supondrá un refuerzo y también beneficiará tanto a Mallorca como al conjunto de Baleares.

El Ministerio de Consumo no ha ofrecido el desglose de los datos por comunidades y el Consell de Mallorca desconoce el número de viviendas que se verán afectadas en la isla, pero fue el propio Bustinduy quien arrojó luz el pasado mes de febrero sobre las dimensiones de la oferta de pisos turísticos ilegales en el conjunto del archipiélago. El ministro, durante su visita a Ibiza, entregó en mano al presidente del Consell, Vicent Maríy al conseller balear de Turismo, Jaume Bauzá, un archivo digital con la información recabada por la unidad de análisis del Ministerio con información de las 22.000 viviendas turísticas que se publicitan en Baleares a través de plataformas digitales como Airbnb.

Un 30% no aportan la licencia

Los datos del archivo digital entregado a Marí y Bauzá contenían información relativa a la oferta que se publicitaba sin aportar el número de licencia pertinente y que, por tanto, podría ser ilegal.

Bustinduy dio datos en sobre anuncios legales e ilegales: aseguró que de los 22.000 que existen en Baleares, 7.000 no indican su número de licencia. Esto supondría que el 30% de la oferta total sería ilegal.

El ministro recalcó durante su visita que con aquel traspaso de información se daba también "ejemplo de cooperación institucional, que es necesaria para abordar este problema".

Tres resoluciones y seis comunidades

Consumo ha remitido a la filial irlandesa de la compañía estadounidense (Airbnb), que es de la que depende el negocio en España, un total de tres resoluciones advirtiendo de la existencia de estos 65.935 "anuncios ilegales de viviendas turísticas" e instándola a "bloquear esta publicidad".

"Desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones para justificar la ilegalidad de los 65.935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que estarían incumpliendo diferentes normativas", contextualiza el documento. Empieza por el hecho de que los anuncios no incluyan el número de licencia o registro. "Esto es algo obligatorio en varias normativas autonómicas y supone la infracción más común en la publicidad que ha sido analizada", detallan desde este departamento. Hay, también, publicaciones que incorporan números de licencia que no corresponden a los expedidos por las autoridades, algo, dicen, "que puede inducir a error o a engaño a las personas consumidoras".

En concreto, los anuncios sobre los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el auto, que estarían infringiendo normativas autonómicas y locales, afectan a la publicidad de viviendas turísticas que se encuentran en Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Euskadi.

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