Los propietarios de la urbanización Allà Dins denuncian «‘mobbing’ inmobiliario» de la promotora

La comunidad de propietarios de la urbanización Allà Dins, en la Cala de Sant Vicent, denuncia desde hace casi dos años que sufre «mobbing inmobiliario» por parte de la promotora (Inversiones Hoteleras Siglo XXI) ante la pasividad del Ayuntamiento de Sant Joan, que no ha intervenido hasta ahora para evitar los problemas de abandono, seguridad e insalubridad que denuncian que sufre la zona y, especialmente, el riesgo de incendio al estar rodeada de bosque protegido.

La urbanización Allà Dins cuenta con cuatro bloques edificados con un total de 152 viviendas. La promotora actual ostenta la propiedad de la antigua recepción, las instalaciones de la piscina y la antigua cafetería de dos plantas del antaño establecimiento hotelero, que desde hace años se encuentran en estado de abandono y degradación, con evidentes problemas de insalubridad tras haberse perpetrado diversos actos vandálicos. Estos han consistido en rotura de cristales, destrozos diversos, pintadas y varios conatos de incendios denunciados ante la Guardia Civil y el propio Ayuntamiento sin consecuencias.

El acceso a estas instalaciones no está cerrado, lo que supone un riesgo para cualquier persona (fundamentalmente menores) que acceda a su interior. Aparte del riesgo por los cristales que alfombran el suelo, entre otros elementos peligrosos, la puerta del antiguo ascensor (la maquinaria se ha retirado) está abierta, con el consiguiente peligro de caída por el boquete que conecta las dos plantas.

Los propietarios sospechan, y así ya lo denunciaron al Ayuntamiento en noviembre de 2023, que detrás del abandono y de algunos de los actos vandálicos de las instalaciones subyacen los intereses urbanísticos de la promotora. Hay que tener en cuenta que Inversiones Hoteleras Siglo XXI tramita, ya en «su fase final», según su gerente, Fernando Rodríguez, el estudio de detalle de la urbanización con la finalidad de construir dos bloques más de edificios con 64 viviendas. La comunidad de propietarios, en cambio, defiende que sólo se podrían edificar 18 viviendas más.

De hecho, en el escrito que presentó en el Ayuntamiento, en noviembre de 2023, la comunidad de propietarios denunciaba que sufría «presiones y coacciones» por parte de la promotora al no permitirles, ya en el verano de 2019, utilizar la piscina. En este sentido, los propietarios recuerdan que los estatutos de la comunidad prevén el uso y disfrute por parte de los residentes de la pileta, ahora totalmente degradada con pintadas. Las salas donde se ubicaban el sistema de bombeo, los filtros y otras instalaciones se quemaron tras dos incendios en 2023.

En esa denuncia, los afectados subrayaban que la promotora les había advertido de que sólo les permitirían el uso de la piscina si retiraban las alegaciones que presentaron en contra del estudio de detalle de la urbanización, es decir, en contra de la posibilidad de construir 64 viviendas más.

Impago de los gastos comunes

Además, la comunidad de propietarios denuncia que la promotora, que cuenta con el 41,3% del coeficiente total de participación de la urbanización, no paga los gastos de la comunidad desde septiembre de 2019 y que acumula ya una deuda de casi 200.000 euros, lo que eleva la carga económica que tienen que asumir los residentes. De hecho, han iniciado acciones judiciales para tratar de saldar este débito.

Otro de los actos vandálicos sufridos por los propietarios, aunque tampoco pueden atribuirlo a la promotora, es el destrozo repetido de la nueva canalización de agua instalada para sustituir la anterior, obsoleta y que sufría muchas pérdidas.

La comunidad de propietarios recordaba al Consistorio que tanto la ley de Propiedad Horizontal como la normativa urbanística balear obligan a la promotora a mantener en buen estado sus instalaciones para no causar un perjuicio al resto de la comunidad. Por todo ello, la comunidad de propietarios pidió formalmente al Ayuntamiento, en noviembre de 2023, una inspección municipal para que se constatase la situación de degradación y peligro de las instalaciones y que, en consecuencia, ordenase a la promotora la ejecución de las obras necesarias.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento (después también de «sucesivas llamadas telefónicas»), la comunidad de propietarios le remitió un nuevo escrito a finales del pasado mes de marzo en el que, además de denunciar que la promotora seguía sin cumplir sus obligaciones legales, advertía de las «responsabilidades civiles y penales» en las que podían incurrir tanto los responsables políticos como los funcionarios por permitir esta situación. «Resulta cuando menos chocante e incomprensible que este Ayuntamiento, con evidente dejación de sus obligaciones legales, no haya actuado jamás de oficio ni menos aún a instancia de parte», señala el último escrito, en el que se destaca que los 152 propietarios están «totalmente desesperados ante la inactividad municipal».

Reacción tardía de Sant Joan

Asimismo, en julio de 2023, casi dos meses después de las elecciones, una representación de los propietarios se reunió con la nueva alcaldesa, Tania Marí, para abordar «los abusos e ilegalidades» que estaban soportando por «los incumplimientos de la promotora», pero tampoco sirvió de nada, denuncian.

En el escrito presentado hace dos meses, los propietarios relatan nuevos episodios de vandalismo: en enero de 2024 se denunció ante la Guardia Civil que, con las cámaras de seguridad que habían instalado, detectaron la entrada de diversas personas en el antiguo restaurante para cometer destrozos. Más recientemente, en marzo de este año, la comunidad de propietarios presentó sendas denuncias tras grabar a cuatro personas haciendo pintadas en la fachada de la recepción y tras constar de nuevo la entrada de otros individuos en el antiguo restaurante, que provocaron un incendio en la antigua cocina.

El primer teniente de alcalde de Sant Joan, Andreu Roig, asegura ahora que la semana pasada el Consistorio envió un requerimiento a la promotora para que en un plazo «muy breve, de menos de una semana», actúe para frenar el estado de degradación de las instalaciones de su propiedad. De lo contrario, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria. En todo caso, Roig cree que «no será necesario» porque la promotora lo hará.

La gota que ha colmado el vaso

Al ser preguntado sobre por qué ha tardado tanto tiempo en intervenir pese a las peticiones de los propietarios de las viviendas, el primer teniente de alcalde admite que «a veces las cosas deberían ir más rápido de lo que van». «Pero ahora ha habido una serie de incidentes que han supuesto la gota que ha colmado el vaso», agrega Roig, que indica que, tras estos sucesos, se desplazaron a la urbanización tanto técnicos municipales como la Policía Local y éstos emitieron un informe sobre la situación que justifica el requerimiento. Tal como se ha apuntado, la comunidad de propietarios ya denunció en 2023 en el Ayuntamiento dos incendios en la caseta técnica de la piscina que está junto a una masa boscosa, pero no hubo ni respuesta municipal. «Ahora sólo puedo hablar de lo que ha sucedido recientemente», responde Roig al ser advertido de lo ocurrido entonces.

Sobre las presiones y el mobbing inmobiliario que los propietarios aseguran sufrir, Roig asegura «desconocerlo» y les insta a que, «si tienen alguna prueba de ello», lo pongan en «conocimiento automáticamente de la Policía Local o la Guardia Civil». «A mí no me consta y es una acusación bastante delicada para hacerse públicamente», puntualiza el primer teniente de alcalde.

Por su parte, el gerente de Inversiones Hoteleras Siglo XXI, Fernando Rodríguez, niega que estén presionando a los residentes de Allà Dins. «Ni muchísimo menos. No ha habido mobbing inmobiliario ni nada», contesta Rodríguez a bote pronto, al tiempo que señala que la promotora no tiene nada que ver con los actos de vandalismo. «Sería tirar piedras contra nuestro propio tejado», agrega. En este sentido, sobre las diferencias que mantienen con la comunidad de propietarios sobre la capacidad de edificar en la urbanización, Rodríguez asegura que se trata de una cuestión de «reglamentación urbanística». «No voy a dar la razón ni a los propietarios ni a nosotros. Es lo que diga la normativa y punto», destaca.

La promotora actuará ahora

El gerente de la promotora, Fernando Rodríguez, explica que «un equipo» de la empresa visitó las instalaciones la semana pasada para «valorar las reparaciones necesarias». Niega también que haya habido «dejadez». «Ha tocado hacerlo ahora. Hemos visto también una notificación de vandalismo». Sobre los impagos de los gastos comunitarios, Rodríguez se limita a responder que le «extraña». «Ni le puedo confirmar ni desmentir». También afirma desconocer lo que establecen los estatutos de la comunidad sobre el uso de la piscina.