Fraude en el alquiler: pobre explota a pobre

Desde hace algo más de dos años los casos de intentos de fraude en materia de alquiler han crecido de forma exponencial, hasta el punto de que en estos momentos ocho de cada diez consultas recibidas por la asociación balear de consumidores Consubal están relacionadas con esta modalidad de acceso a una vivienda, y entre las que destaca el altísimo protagonismo de las irregularidades cometidas por los propietarios sobre sus inquilinos, según pone de relieve el presidente de la citada organización, Alfonso Rodríguez. Pero a este factor añade un matiz muy importante: gran parte de estas situaciones no las generan grandes empresas ni fondos de inversión, sino personas de clase media y media baja pretendiendo cometer abusos sobre otros individuos con una situación económica muchas veces más precaria que la de ellos, especialmente inmigrantes. Según lamenta, se están elevando de forma importante las situaciones en las que «el pobre se aprovecha del pobre».

Alfonso Rodríguez lamenta que en la actualidad el mercado del alquiler se haya convertido en una vía para dar ‘pelotazos’ y obtener elevadas rentabilidades, aprovechándose de que la demanda de pisos es altísima y la oferta muy escasa. Por ello, considera que los casos de fraude con la presentación de documentación falsa, como nóminas para alegar unos ingresos superiores a los reales, denunciados por los agentes de la propiedad inmobiliaria, se justifican por la «desesperación».

En opinión del presidente de Consubal hay engaños mucho más graves en los que la víctima es el inquilino, como los intentos del propietario de elevar las rentas que éste tiene que pagar muy por encima de lo permitido por la ley o las presiones que se viven para ser expulsados del inmueble con el fin de volver a alquilarlo por un precio muy superior. Y se trata de casos que se han vuelto muy habituales.

Rodríguez pone algunos ejemplos de casos que han llegado a las manos de Consubal. En uno de ellos, un inquilino de un pequeño local comercial, de nacionalidad india, que tiene firmado un contrato para pagar una renta de 800 euros al mes más la revalorización anual vinculada a la inflación tal y como fija la ley, se ha encontrado con la exigencia de que aumente esa cantidad hasta los 1.500 euros o que se vaya, y ha recibido amenazas de que en caso contrario acudirá la policía a echarle del establecimiento.

El presidente de esta asociación de consumidores señala que un elemento que se repite en muchas de estas situaciones es que la víctima es de nacionalidad extranjera, lo que además facilita el fraude ya que suele existir un desconocimiento de la legislación española y no se dispone de un abogado para recibir asesoramiento.

Otra consulta que se ha gestionado desde Consubal es la de una señora mayor propietaria de una planta baja en la que hizo separar una parte para hacer un pequeño estudio que ha alquilado por 950 euros al mes. El inquilino, de nuevo inmigrante, se encuentra con la exigencia de que esa cifra se eleve de forma arbitraria cada vez que toca pagar. «Hay un contrato de cinco años y la propietaria sabe que durante ese plazo solo puede elevar el alquiler según el IPC, pero le resulta indiferente y reclama la cantidad que quiere», lamenta Alfonso Rodríguez.

Un tercer ejemplo es el de una persona que tiene alquilada una vivienda en la zona de Pere Garau y se está viendo amenazada con el desahucio si no abandona esa propiedad para poder destinarla al mercado turístico pese a ser ilegal, según afirma el presidente de Consubal.

Decenas cada mes

Rodríguez afirma que cada mes recibe decenas de consultas de personas afectadas por estas situaciones y no oculta su indignación al ver que en muchos casos los propietarios son personas de clase media y media-baja que buscan aprovecharse de la escasez de inmuebles en alquiler que hay en el mercado.

A lo expuesto suma otras prácticas habituales, como negarse a devolver la fianza cuando el inquilino deja la casa, que además en la mayoría de los casos no es registrada ante el Ibavi como corresponde, o el cúmulo de abusos que se comenten en el caso de alquiler de habitaciones.

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