Sant Josep inicia el proceso para derribar la estructura de Punta Xinxó donde viven 87 personas

La junta de gobierno de Sant Josep ha aprobado esta mañana declarar caducada la licencia que se otorgó en 2006 a Cala Xinxó SL para la construcción de un hotel (Bahía del Mediterráneo) de más de 500 plazas y que, tras levantarse la estructura, se dejó abandonado por problemas financieros, entre otros. Así lo ha anunciado el alcalde, Vicent Roig, tras reunirse con un grupo de vecinos de la zona para analizar la situación y explicar las acciones que ha decidido emprender el Ayuntamiento para forzar el derribo de la ruina, el desalojo de las personas que allí viven y la retirada de la basura que inunda el solar.

En declaraciones a los medios de comunicación, Roig ha explicado que, además, la Policía Local llevó a cabo el jueves la identificación de las personas que viven en esta ruina. Se contabilizaron «un total de 87 personas de diversas nacionalidades y 54 pequeños núcleos de convivencia». Entre los ocupantes, se encuentra una familia de origen marroquí que vive en este espacio todo el año y que, según ha destacado el alcalde, hay un niño de dos años que «nació dentro de este edificio». Roig ha señalado que esta familia recibe atención de Servicios Sociales, pero ha agregado que esta situación no se puede permitir. «No son condiciones para vivir», ha subrayado.

La finalización del hotel de Punta Xinxó en Ibiza requiere de una inversión de más de 35 millones

También ha dicho Roig que durante las identificaciones efectuadas por los agentes de la Policía Local, se comprobó que no todos los que viven en esta estructura «tienen permiso de residencia». «Esto se tiene que revertir de alguna manera con una actuación de Inmigración», ha resaltado. Precisamente, el alcalde solicitará una reunión con la dirección insular del Estado para que «tanto desde Inmigración como la Guardia Civil y el Poder Judicial se pueda tramitar cuanto antes la desocupación de la estructura». Asimismo, Roig ha indicado que «muchas» de las personas sin permiso de residencia regresaban ayer de su trabajo. «Creo que nos lo tenemos que mirar entre todos para que las cosas se hagan bien, que se contrate correctamente. En un lugar como Ibiza, hay que colaborar entre todos para que esto no suceda», ha resaltado.

Expediente de infracción urbanística y ambiental

Asimismo, el alcalde ha anunciado la apertura de dos expedientes de infracción, uno urbanístico por el incumplimiento de la propiedad de su obligación de vallar correctamente el perímetro del solar; y otro de medio ambiente por la acumulación de basura. Roig ha dicho que «prácticamente el 70% del sótano está repleto de basura». «Esto debe tener una respuesta», ha recalcado. Calcula que en un plazo de dos meses, si la propiedad no ha retirado los residuos, lo hará el Consistorio subsidiariamente.

Mientras se tramita la orden de desalojo de la estructura (el alcalde ha dicho que la propiedad denunció la usurpación del solar ante la Guardia Civil a principios de abril), el alcalde se ha comprometido con los vecinos colindantes a adoptar una serie de medidas, como el incremento de la iluminación de las calles Jaén y Huelva así como el frontal marítimo. El Ayuntamiento también limpiará las zonas públicas del entorno del edificio, sobre todo en la fachada, para que «no haya ni el más mínimo rincón donde alguien se pueda esconder o ejercer acciones delictivas». Otro de los compromisos adquiridos por Roig con los residentes de la zona es que habrá un refuerzo de la presencia policial en esta zona.

Derechos urbanísticos a la baja

En cuanto a la cuestión urbanística, el alcalde ha explicado que, tras declarar la caducidad de la licencia, el siguiente paso será la orden de derribo de la estructura, aunque este se puede demorar por los posibles recursos judiciales que presentará la propiedad. Roig también ha puntualizado que la propiedad no pierde los derechos edificatorios sobre este solar, pero ha advertido de que, actualmente, con los cambios normativos sobrevenidos, serán «mucho más restrictivos». «Se mantiene el uso turístico, pero la capacidad se reducirá entre un 40 y un 45%», ha destacado. En este mismo sentido, ha recordado que el proyecto no contemplaba la construcción de aparcamientos en un espacio donde «empieza a haber una cierta saturación». «Un edificio con esta capacidad y sin plazas de aparcamiento provocaría un problema bastante grande de convivencia con los vecinos», ha añadido el alcalde.