Los promotores inmobiliarios reclaman al Govern que no se consuma suelo rústico para viviendas hasta haber agotado el urbanizable

Sus enmiendas al decreto sobre proyectos residenciales estratégicos defienden también que en las áreas de transición solo se puedan edificar pisos con algún tipo de protección

Los promotores inmobiliarios quieren limitar todo lo posible el uso de suelo rústico para levantar viviendas

Los promotores inmobiliarios quieren limitar todo lo posible el uso de suelo rústico para levantar viviendas / B. Ramón

Palma

La utilización para la construcción de viviendas del suelo rústico de las áreas de transición solo debe de producirse una vez que estén agotados los terrenos urbanos y urbanizables de cada municipio, y únicamente mientras exista una situación de emergencia habitacional. Es más, en esas áreas solo debería de poder edificarse vivienda de protección oficial o a precio limitado. Esas son las enmiendas que hoy ha presentado en el Parlament la asociación de promotores inmobiliarios de Baleares (Proinba), que preside Oscar Carreras, al proyecto de ley del decreto de proyectos residenciales estratégicos de Palma. Hay que recordar que esta posibilidad de uso del rústico se ha abierto por exigencia de Vox para apoyar esa nueva normativa.

La citada patronal se ha declarado sistemáticamente contraria a la utilización de suelo rústico, mediante su recalificación, para la construcción de residencias, al menos mientras exista urbano y urbanizable disponible. Ahora, ante la pretensión de PP y Vox de abrir esa puerta en las citadas áreas de transición de los planes territoriales, reclama que esa vía solo se aplique cuando el Ayuntamiento correspondiente considere que sus terrenos ubanos y urbanizables han quedado agotados (en ocasiones hay solares que están paralizados por estar en manos de varios propietarios que no se ponen de acuerdo, pero son casos excepcionales). Además, se defiende que esa posibilidad solo debe de existir en el caso de que se mantenga la situación de emergencia habitacional declarada y durante la vigencia de la ley que se pretende aprobar en la Cámara balear.

Los promotores van más allá y consideran que "debería destinarse el suelo reclasificado exclusivamente para el desarrollo de algún tipo de vivienda protegida", es decir, de protección oficial o de precio limitado.

Oscar Carreras, presidente de Proinba

Oscar Carreras, presidente de Proinba / G. Bosch

Tensiones en el sector promotor

Esta postura de Proinba en contra del uso de terrenos que en estos momentos son rústicos ha generado tensiones entre el colectivo de los promotores, y especialmente con algunos que no están asociados a esta patronal. Desde el sector se alega que algunos propietarios de suelo en áreas de transición han visto "una oportunidad única" para que sus terrenos sean reclasificados para construir viviendas, permitiendo así rentabilizar la inversión que hicieron en su momento. Se señala que hay casos en los que estos solares rústicos se adquirieron en las inmediaciones de Son Espases y durante el mandato de Jaume Matas al frente del Govern ante el proyecto para levantar en esa zona un nuevo hospital. Por ello, se señala que estos empresarios han mantenido contactos con Vox para que desde este partido se haya condicionado su apoyo a la ley impulsada por el PP a la posibilidad de aprovechar estos terrenos. Sin embargo, Proinba ha optado por mantener su oposición a esta posibilidad, o al menos dificultarla en lo posible.

El desagrado que esta medida genera en esta organización empresarial se refleja también en el hecho de que reclame que se tramite como un decreto diferente, por considerar que el que se refiere a los proyectos residenciales estratégicos de Palma solo busca agilizar trámites e impulsar la edificación de vivienda asequible en suelo urbano, mientras que las medidas relacionadas con las áreas de transición es una reclasificación de suelo que en estos momentos es rústico.

Otras enmiendas

Los promotores han incluido otras propuestas en sus enmiendas, como que las viviendas de precio limitado solo mantengan esa categoría durante 30 años, y no de forma permanente, recordando que las que se van a levantar en los terrenos urbanizables residenciales estratégicos se van a impulsar sobre suelo privado y sin recibir ninguna ayuda pública, ni para el promotor ni para el comprador.

Además, se considera que los que accedan a esas viviendas con protección en las zonas residenciales estratégicas deben de demostrar cinco años de residencia en Baleares, pero no en el municipio en el que se levanten, alegando que con ello solo se dificulta la movilidad en el interior de las islas.

Enmiendas similares han sido presentadas por la patronal CAEB con el apoyo de toda su comisión de construcción. Esta organización empresarial expresa su apoyo a la iniciativa para impulsar la creación de nueva vivenda, pero con los citados matices.

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