Los vecinos de Can Rova 2 reclaman un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Eulària

La situación del asentamiento de Can Rova 2 se encuentra en un punto muerto después de que el pasado 9 de abril el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma paralizara el desalojo de los habitantes del poblado ordenado por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Justo al día siguiente, el Ayuntamiento presentó un recurso contra esta decisión, a la vez que el abogado de los inquilinos, David Fechenbach, iniciaba un expediente que reclamaba la nulidad de la decisión del Consistorio.

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Ambas partes han decidido usar sus armas legales para que sean los tribunales quienes decidan y, como ya se sabe que la justicia es lenta, nadie es capaz de poner una fecha en la que haya alguna novedad sobre el futuro del asentamiento chabolista. No obstante, Fechenbach, ha asegurado que está dispuesto a alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Eulària.

«Lo que queremos es una solución», ha declarado el abogado a Diario de ibiza, y ha señalado que la solución ideal es que «se produzca un desalojo pactado para abandonar Can Rova 2 voluntariamente. Lo suyo es hacerlo de manera ordenada, con un acuerdo para reubicar a las familias, o dando algún tipo de solución de manera personalizada, porque cada familia es un mundo».

Fechenbach se ha mostrado confiado en que el recurso contra el auto de entrada en Can Rova 2 que ha interpuesto ante el tribunal Superior de Justicia de Balears prosperará ya que «se vulneraron los derechos fundamentales de mis defendidos porque en ningún momento el Ayuntamiento les notificó nada. El quebranto de derechos es notorio y muy claro». Pese a esta seguridad, aclara que una victoria judicial no es la solución, y reclama una comunicación directa con el Consistorio: «Estamos esperando una llamada del Ayuntamiento ya que todavía no se han puesto en contacto con nosotros», algo que sería imprescindible para «lograr una solución para las personas que viven en Can Rova».

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària se remite al recurso que interpuso a la paralización del desalojo y a los informes técnicos que advierten del peligro para la salud y la integridad de sus habitantes que comporta el campamento de infraviviendas de Can Rova 2: «Los informes municipales son muy claros y detallados, y avalan la necesidad del desalojo», ha explicado a Diario de Ibiza un portavoz del Consistorio.

Entre otras cosas, este informe señala la existencia en el campamento de materiales inflamables, que las infraviviendas incumplen todas las normativas de seguridad y habitabilidad, el riesgo de cortocircuitos e incendios y la ausencia total de recursos para apagar un fuego.

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