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El CNI y los amarristas piden que no se prorrogue a PyLS la gestión de las instalaciones

Tanto la entidad que gestionaba la sede como la asociación de usuarios consideran que la concesionaria ha incumplido sus obligaciones

Instalaciones de Port Nàutic en el puerto de Ibiza

Instalaciones de Port Nàutic en el puerto de Ibiza / César Navarro

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Europa Press

Ibiza

El Club Náutico Ibiza y la Asociación de Amarristas del CNI han emitido sendos comunicados en los que consideran que Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), la compañía que obtuvo la concesión de las instalaciones el pasado año y las convirtió en Port Náutic Ibiza, ha incumplido las obligaciones fijadas por la Autoridad Portuaria de Balears en la concesión y, por tanto, según expresaron los amarristas, reclaman a la APB que «deniegue» esa prórroga.

«Es una obviedad y un hecho evidente que a la fecha de hoy, 6 de mayo de 2025, PYLS no ha cumplido con la obligación de ejecutar la obra del dique flotante comprometido en su oferta, entre otras. Es de significar que dicho compromiso fue determinante para ser calificado como ganador en el concurso convocado en su día. El hecho de prorrogar su autorización sin haber cumplido sus obligaciones de inversión y sin haber ejecutado las obras comprometidas, no sólo vulnera la normativa portuaria, sino también el pliego regulador del concurso, y la valoración de las ofertas realizadas en su día», señala el CNI en su nota, en la que rechaza la justificación expresada por PyLS de que la construcción se ha retrasado por motivos técnicos y que espera acabarlo y traerlo a Eivissa este mes de mayo. Actualmente se está construyendo en el puerto de Alicante. «La explicación -señala el CNI- vulnera las reglas del concurso».

Por su parte, la Asociación de Amarristas expresa su «profunda preocupación» ante la posibilidad de que la APB conceda una prórroga a PyLS, pese a lo que consideran «reiterados y documentados incumplimientos de las obligaciones asumidas en su oferta», unos incumplimientos que han sido negados también reiteradamente por la concesionaria, pero que la otra parte reafirma.

La asociación explica en la nota que, aunque la Ley de Puertos del Estado no regula expresamente la prórroga de autorizaciones de ocupación temporal por incumplimiento, «resulta evidente que deben respetarse los principios generales de la contratación pública», considera. «En este contexto, una prórroga sin valorar adecuadamente el grado de cumplimiento de la oferta adjudicada supondría una quiebra del principio de responsabilidad, igualdad y eficacia en el uso del dominio público portuario», añaden los amarristas.

Sobre el dique, la asociación lamenta desconocer si se ha presentado en tiempo y forma el proyecto de ejecución necesario para acometer legalmente dicha obra. En este sentido, asegura haber solicitado reiteradamente esa información sin obtener respuesta oficial, lo que incrementa la «sensación de opacidad y falta de transparencia».

Otras inversiones

Tanto los amarristas como el CNI consideran que se han producido otros incumplimientos y citan el programa deportivo, formativo y social previsto en la oferta, que fue «clave» para que PyLS obtuviera la puntuación máxima en el concurso. Todo ello ha sido puesto en conocimiento de la APB mediante numerosos escritos sin respuesta, reforzando la percepción de trato de favor institucional, ha denunciado la asociación.

«Además, se desconoce si los retrasos en la puesta en servicio del dique y otras inversiones previstas han sido debidamente justificados y asumidos por la administración portuaria antes del vencimiento de los plazos, lo que incrementa aún más la inseguridad jurídica y la desprotección de los usuarios del puerto», afirma la nota de los amarristas.

«Prorrogar una autorización en estas condiciones, no sólo carece de base jurídica clara, sino que envía un mensaje devastador a la ciudadanía: que se puede ganar un concurso público con la mejor oferta en papel, incumplir los compromisos más importantes, y aun así conservar el negocio sin consecuencias. Esta impunidad no es compatible con un Estado de Derecho ni con una Administración pública responsable», señalan los amarristas. También lanzan una advertencia a la APB: «La eventual prórroga coloca a los responsables técnicos en una posición delicada, especialmente cuando algunos de ellos están siendo investigados por actuaciones similares. Respaldar incumplimientos tan evidentes podría acarrear consecuencias administrativas, disciplinarias o incluso penales», señala la nota.

El CNI asegura que seguirá vigilante y afirma que «la realidad es que PyLS ha aplicado un incremento sustancial de las tarifas en el puerto, expulsando a numerosos amarristas, sin que dicho incremento sustancial de precios se haya visto reflejado en una mejora en la calidad del servicio en los extremos objeto de valoración en la resolución del concurso».

Además, el CNI ha denunciado entre otros incumplimientos, cobro por anticipado de anualidades completas, las mediciones incorrectas de eslora, o el uso de puestos base por embarcaciones transeúntes, «sin que tales denuncias haya obtenido respuesta por la Autoridad Portuaria», terminan.

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