Desconvocadas las protestas de los caravanistas contra el Consell de Ibiza

Los representantes de los colectivos de caravanistas han desconvocado la manifestación rodada prevista para la mañana del jueves en Vila, así como la posibilidad de plantarse después con una acampada reivindicativa. Así lo anunciaron tras reunirse este miércoles con los dirigentes del Consell de Ibiza y despejar las dudas que les planteaba el articulado de la ley que, a partir del 1 de junio, restringirá la entrada de vehículos. No obstante, pese a que cancelan su campaña de protesta frente al Consell, ahora se centrarán en vigilar las ordenanzas municipales para evitar la vulneración «discriminatoria» de la legislación superior o la imposición de «denuncias injustas».

El motivo principal de esta tregua con el Consell se debe a que la ley no afectará a los caravanistas con domicilio fiscal en Ibiza (y con sus vehículos matriculados en la isla). La normativa se mantiene tal y como fue aprobada en el Parlament balear, con la prohibición de entrada a las autocaravanas y similares que no dispongan de una plaza en un camping reglado, así como el pago de un euro diario durante su estancia en la isla.

Las dudas

Sin embargo, los representantes de este colectivo han podido «dilucidar las pequeñas confusiones y matices en cuanto a la interpretación de la ley», según explicó el presidente de la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA). La principal confusión se debía a otra de las disposiciones de la normativa: la prohibición de estacionar y pernoctar en suelo rústico, donde el Consell tiene las competencias urbanísticas. Esta última medida no afectará de ninguna manera a quien tenga su autocaravana en un terreno de su propiedad.

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Eso sí, se perseguirá que estas parcelas puedan dedicarse a resguardar a otros vehículos ajenos previo pago. De esta manera, y al igual que hasta el momento, los residentes con autocaravanas o campers podrán seguir aparcando en el suelo urbano, donde la competencia es de los ayuntamientos.

Eso sí, siempre en función de las respectivas ordenanzas municipales que, al igual que con el resto de automóviles, fijan unos límites al periodo de estacionamiento en un mismo punto. Salvo en el caso de Santa Eulària, que fijó la prohibición explícita de pernoctar en el interior de autocaravanas o furgonetas camperizadas.

Desde la primera movilización de caravanistas del pasado viernes, este colectivo puso a la máxima institución insular en la diana de sus reivindicaciones. A partir de ahora, el foco se va a dirigir a las administraciones municipales y sus ordenanzas, por lo que «no procede manifestarse contra el Consell», indicó Gallardo.

Las reivindicaciones

Gallardo, como asesor jurídico, analizará todas las ordenanzas municipales, con el fin de detectar posibles disposiciones que infrinjan la normativa superior y resulten «discriminatorias» para los caravanistas residentes en la isla. Igualmente, seguirán reclamando a los ayuntamientos la creación de áreas regladas para estacionar, pernoctar y vaciar las aguas negras de estos vehículos. Esta petición también la elevó ayer al Consell, pero «no tiene competencias en esta materia».

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El presidente de la PACA, que es una entidad de ámbito nacional, acudió al Consell junto al presidente y un vocal de la asociación Amigos de Mallorca, Menorca, Ibiza en caravanas, campers y autocaravanas (Amicca), Miquel Caldentey y Joan Pere Crespí, ambos procedentes de Mallorca para la ocasión. Como representante del colectivo de afectados de Ibiza, les acompañó Alberto (no facilitó su apellido) en el encuentro con el presidente, Vicent Marí, el vicepresidente, Mariano Juan, y el director insular de Transportes, Roberto Algaba.

Respecto a la manifestación, que había sido convocada por PACA, Gallardo recordó que si algunos caravanistas deciden mantenerla por su cuenta «será una manifestación ilegal».

Desde PACA y Amicca, incidieron en desmarcar a su colectivo de los asentamientos chabolistas. «Me sabe mal decir esta palabra, pero no somos perroflautas. Somos gente que colaboramos con el medio ambiente, el comercio local y con todas las instituciones», apuntó Crespí.

La casuística

Por su parte, el vicepresidente del Consell y responsable de Territorio, Ordenación Turística y Movilidad, Mariano Juan, valoró que el encuentro había sido «muy productivo». Juan incidió en que el caravanismo es «una problemática con distintas caras». Así, quiso diferenciar a las personas que se ven abocadas a pernoctar en los vehículos y los turistas que vienen de «manera responsable y legal» de «un tipo de colectivos que piensan que pueden hacer lo que les dé la gana».

«Se ha explicado que la ley va precisamente en contra de este tercer perfil de visitante que hasta ahora no ha cumplido las leyes, pensando que pueden hacer lo que quieran en el litoral, en los bosques y en las zonas protegidas de la isla», subrayó. «En el litoral no se puede hacer uso de vivienda, no puede haber chabolismo ni asentamientos», abundó Juan.

Por contra, «esta ley no está pensada contra un residente que trabaja aquí, está censado y su vehículo paga los impuestos en la isla». Igualmente, el vicepresidente recordó que una persona puede estacionar su caravana en un suelo rústico de su propiedad. «Lo que no puede ser es que en una misma parcela se acumulen ocho y que se alquilen», remarcó.