Las casas en rústico en Sant Josep no podrán acogerse a la amnistía urbanística si no son sostenibles

Utilizar materiales como la piedra o la madera, eliminar el amianto, instalar placas solares o sistemas de recogida de aguas pluviales. Son algunos de los requisitos que tendrán que cumplir las edificaciones construidas en suelo rústico fuera de ordenación, y cuya infracción urbanística haya prescrito, para legalizarse en un plazo máximo de tres años, según aprobó este jueves el pleno del Ayuntamiento. Una propuesta que se aprobó con los votos de PP y Vox y en contra de la cual votaron PSOE, Ara Ibiza y Unidas Podemos.

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Estos requisitos se incluyen al procedimiento de legalización extraordinario establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024 de medidas urgentes de simplificación y racionalización de las Administraciones Públicas de Balears, a la que se pueden acoger los municipios de la isla desde que el Consell Insular la aprobó el pasado marzo. El Consell había aprobado esta amnistía urbanística en junio de 2024, pero tuvo que hacerlo de nuevo para aplicar las modificaciones que trajo la ley de simplicación administrativa del Parlament balear en diciembre.

«Armonizar» construcciones

«Esta norma [la Ley 7/2024] otorga a los ayuntamientos la capacidad de definir requisitos adicionales específicos con el objetivo de armonizar edificaciones con el paisaje y fomentar las prácticas sostenibles», señaló el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, antes de presentar los criterios. A éstos también se suman «el uso de iluminación LED para evitar la contaminación lumínica» o «la movilidad sostenible con puntos de carga para vehículos eléctricos en edificaciones comerciales e industriales de más de 200 metros cuadrados», añadió Roig.

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Desde el Partido Socialista, Vicent Roselló señaló que los requisitos «no son más que un oxímoron» (figura literaria que consiste en usar dos conceptos de significado opuesto) porque «es una pura contradicción hablar de preservar el medioambiente a base de la disposición adicional de la Ley 7/2024». Roselló también describió esta amnistía urbanística como «una operación de maquillaje» al apuntar que la normativa mencionada «no sirve más que para realizar especulación máxima en suelo rústico».

El concejal socialista exigió «la retirada inmediata de estos decretos bomba y la puesta en marcha de un plan de vivienda que priorice la rehabilitación del parque existente, la movilización de viviendas vacías, la persecución de los negocios turísticos ilegales y la construcción de vivienda pública en suelo ya urbanizado».

En la misma línea, la portavoz de Unidas Podemos, Mónica Fernández, tildó la norma de «hipocresía de libro» y el portavoz de Ara Ibiza, Josep Antoni Prats, indicó que «el Parlament balear aprobó esta ley para que quienes han hecho ilegalidades en suelo rústico puedan ser perdonados» y que la norma implicará «más destrucción de nuestro territorio y nuestro paisaje».

Más «especulación»

Además, Prats comentó que entre «los tres poderes» que concede la disposición de la Ley 7/2024, que incluye «decidir condiciones generales de estética» y «que se reduzcan la contaminación lumínica y la hídrica», el Ayuntamiento no aplica la que se refiere a que «pueden dictar qué actividades no entran en esta legalización, que es lo que podría condicionarla», según interpreta el protavoz.

Como una de estas limitaciones, Prats propuso que se incluyera que «sólo se podrán legalizar las edificaciones de personas que tienen explotaciones agrarias en funcionamiento o que cuidan su tierra», después de que el alcalde apuntase que con esta regulación se mira «por los de aquí». Araceli Colomar, portavoz de Vox, también indicó que «es una ley que realmente favorece a los de aquí», justificando que es para que las «familias puedan dotar de legalidad [estas construcciones] para sus herederos».