Náutica
Rebelión de parte de los empresarios del chárter náutico de Ibiza a las iniciativas del Govern
La asociación Apanib ha recurrido la decisión de Ports de Balears de regular el uso de rampas para embarcar y presenta alegaciones al decreto sobre el chárter

Imagen de archivo de amarres en el puerto de Santa Eulària. / J.A.Riera

Las aguas en el sector náutico de Balears siguen revueltas. Iniciativas como el proyecto de modificación del Decreto 21/2017 del Govern balear para regular el alquiler de embarcaciones de recreo, o la decisión del Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears (Ports IB) para regular el uso de las rampas de acceso al mar en las instalaciones portuarias que dependen directamente del Govern, han generado un profundo rechazo en una parte del sector, que considera que se están beneficiando los intereses de una minoría.
Fruto de este rechazo ha sido la creación de la Asociación Pymes de Actividades Náuticas de Islas Baleares (Apanib). De momento, en Ibiza agrupa a una decena empresas asociadas y a otras dos en Formentera. Según informan desde la asociación, en el conjunto de Balears ya cuentan con 75 empresas y autónomos afiliados.
El decreto ‘antipiratería’
Para frenar la actuación de los «piratas del chárter náutico», que embarcan y desembarcan a su antojo y fondean donde les da la gana, el Govern ha propuesto que cada embarcación de chárter deba tener un punto autorizado en Balears para amarrar, fondear, embarcar y desembarcar. El gran problema es que en la actualidad hay pocos amarres para toda la actividad náutica que se desarrolla en las islas y los precios son prohibitivos, con lo que deja fuera de la ecuación a los pequeños y medianos empresarios que no tengan el suficiente músculo económico. Por este motivo, Apanib ha presentado hasta veinte folios de alegaciones a la modificación de este decreto, y no descarta llevar el tema al tribunal Contencioso Administrativo.
«Hay empresarios que llevamos treinta años trabajando en el sector, que lo hemos hecho bien, que siempre hemos cumplido con la ley, que tenemos los papeles en regla y que pagamos todas nuestras licencias. Y ahora nos tratan como a piratas», señala un portavoz de Apanib, que recalca que «fondear no es un delito. Lo que es ilegal es fondear encima de la posidonia. Pero si nos dejan sin amarres y debemos fondear, no estamos haciendo nada malo».
De la misma manera opina Álvaro Aguirre, propietario de la empresa radicada en Ibiza One Day Charter, y uno de los asociados pitiusos de la nueva patronal. En su caso, cuenta con un amarre en Marina Botafoc, pero debe abandonarlo el próximo 1 de mayo, ya que con el inicio de la temporada los amarres quedan copados por otras embarcaciones llegadas de fuera.
«Casi lo tuve que dejar la semana pasada, pero me reubicaron en otro amarre y es inminente que me echen porque la marina está llena y, como cada año, tendré que ir a fondear. Haré las pertinentes solicitudes por email para reclamar amarre y que quede constancia, y si la Guardia Civil viene para decirme que estoy ilegal, les pasaré la solicitud de amarre y que estoy en las listas de espera interminables», explica.
Uso de rampas de embarque
El otro caballo de batalla se libra también en los tribunales, ya que Apanib ha reclamado la suspensión de dos decisiones aprobadas por Ports de les Illes Balears: por un lado, la prohibición del uso de rampas de acceso al mar a las embarcaciones del chárter naútico (las conocidas como de lista sexta) que no estuvieran autorizadas en 2024, y el procedimiento para licitar el concurso de amarres y rampas de cara a la temporada 2026.
«Es gravísimo» comenta el portavoz balear de Apanib: «Solo permiten usar las rampas para embarcar a aquellos que ya tenían las autorizaciones de los años anteriores. Eso quiere decir que el Govern te da una autorización para ejercer el chárter, pero luego no te deja utilizar las rampas. Haces una inversión económica para operar, y después Ports de Balears no te deja trabajar».
Respecto a estas decisiones, Apanib ha presentado recursos en el juzgado de los Contencioso-Administrativo de Palma.
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