Imputado un hombre tras entrar a su piso okupado en es Canar

Un matrimonio tenía previsto reformar una segunda vivienda que tiene en es Canar. Llevan 24 años viviendo en Ibiza y hace menos de diez que el marido compró el piso. Este año, su hija de 22 años quería mudarse allí para independizarse, pero su sueño se ha visto truncado porque en enero entraron okupas. «Es nuestra segunda propiedad y por eso no podemos hacer nada», lamenta la mujer del propietario, repitiendo la explicación que les dio la policía. El matrimonio prefiere mantener sus nombres en el anonimato, pero no así su historia, que están seguros de que se suma a muchas otras que se enfrentan a la pérdida de «tiempo», «dinero» y al «estrés» que esta situación genera. Además, el mismo día que el hombre descubrió que el piso estaba okupado, fue imputado por allanamiento de morada.

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La pareja cree que la okupación se produjo durante las navidades. Él es inglés y su mujer irlandesa y viajaron a Reino Unido para encontrarse con la familia: «Nos fuimos el 18 de diciembre y cuando volvimos, el 10 de enero, mi marido encontró que se había cambiado la cerradura del piso», explica la mujer. Aunque evita dar detalles del cómo, también da a entender que su marido se las apañó para entrar a la propiedad.

Detenido por allanamiento

El alojamiento, que describen como un estudio, se encuentra en el edificio Es Vedrà de es Canar, entre el carrer Font des Murtar y la avenida Punta Arabí. Allí había un sofá y algunas cómodas antes de que entrasen los okupas, que sustituyeron el mobiliario por tres colchones, cuenta el hombre, que afirma que también encontró «una bolsa con dinero y droga».

En ese momento llegó uno de los okupas y el propietario llamó a la Policía Local y a la Guardia Civil. Según el propietario, efectivos de ambas autoridades se desplazaron al lugar y le pidieron los papeles de la propiedad. «Enseñó que todo estaba a su nombre pero dijeron que no podía entrar porque hay gente viviendo allí», cuenta la mujer, que critica que imputaron a su marido «por entrar al apartamento, mientras los okupas se pudieron quedar en la casa con el dinero, pero sin las drogas».

Estos hechos se relatan en el atestado de la Guardia Civil del mismo día, en el que figura que mientras el propietario enseñaba la citada bolsa llegó otro inquilino a la vivienda, por lo que se requirió documentación a los dos presentes, de origen magrebí.

Además de criticar esto, el matrimonio denuncia que se ha detenido a los okupas en diferentes ocasiones «por las drogas»: «Pero siempre acaban en libertad y viviendo en nuestro apartamento».

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En el atestado del día siguiente, el marido aparece como imputado por un delito de allanamiento de morada: «Le citaron porque, según entendemos, los okupas le denunciaron», asegura la mujer. En este caso, una letrada le asistió por teléfono y «le dijeron que debía comparecer ante el juzgado el día 12 por la mañana, pero al final le comunicaron que no era necesario», explica la mujer.

Ante los hechos, el propietario puso una denuncia en la Guardia Civil para exponer la okupación de la casa y que no existe «ni contrato de alquiler ni contrato verbal de arrendamiento» con los okupas, según figura en la denuncia.

Hipoteca de una casa okupada

Este documento está en manos del abogado del matrimonio, que está preparando la documentación necesaria para presentarla en los juzgados. Según la pareja, el jurista esperaba tenerla lista al entrar en vigor la modificación del artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá que se celebre un juicio en un término máximo de 15 días por delitos de allanamiento de morada y usurpación.

Sin embargo, el profesional les ha advertido de que posiblemente estos plazos no se cumplan: «Si los jueces tienen bastante trabajo, no podrán ir más rápido», comenta la mujer. Ella también recuerda lo que le comentaron las autoridades mientras ponía la denuncia con su marido: «En el último caso así, se tardaron 13 meses para que los okupas salieran».

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«Mientras, nosotros seguimos pagando la luz, el agua, la hipoteca...», lamenta la mujer que tiene en cuenta que les quedan 12 años para seguir pagando la hipoteca, que supone cerca de 500 euros al mes.

«Esto en Inglaterra o Escocia no pasa [respecto a la okupación]. Se llama a la policía y se acaba», compara la mujer, que señala que, cuando consigan que el piso se libere, su hija ya no querrá mudarse a él «porque no es seguro». «La puerta del portal siempre está abierta», apunta la madre, que está segura de que en la zona hay más viviendas okupadas, como ocurre con el antiguo Club Punta Arabí.

A pesar de que el portal del edificio esté abierto, hay un aviso de que la zona está videovigilada, pero el matrimonio tiene comprobado que las cámaras no funcionan. Tampoco les han llegado quejas de vecinos cercanos a su piso por la okupación y creen, de hecho, que en su misma planta hay más viviendas okupadas pero lamentan que «nadie hace nada».

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