Reacciones. La izquierda y los ecologistas
La izquierda de Ibiza, contra el nuevo decreto de vivienda: «Si en suelo urbano solo se hacen pisos, nos quedamos sin servicios»
Los partidos de la oposición rechazan facilitar la construcción en rústico
Imagen de archivo de una grúa en la isla de Ibiza. / Vicent Marí
Si bien este martes el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, mostraba el apoyo del PP de Ibiza al decreto que el Govern balear ha pactado con Vox para agilizar la construcción de viviendas en urbanos y urbanizables y edificar en áreas de transición de suelo rústico, toda la izquierda de Ibiza está en contra. «Es una temeridad absoluta que hipoteca el territorio y el paisaje de generaciones futuras», sostiene el PSOE.
Mónica Fernández, portavoz de Podemos Ibiza y secretaria de Emergencia Climática de la formación morada en Balears, critica que «PP y Vox se aprovechan de que la gente está desesperada porque no tiene casa, para pegar un pelotazo urbanístico». Subraya que hay vivienda, pero «utilizada ilegalmente» (en el mercado turístico). «Es imposible seguir construyendo donde no hay agua. Vivienda la hay, y hay que llevarla al mercado residencial».
Josep Antoni Prats, geógrafo y concejal de ARA Eivissa en Sant Josep, destaca que «la diferencia entre suelo urbano y rústico no debería ser solo de calificación, sino, sobre todo, de destino del territorio, y el rústico es aquel que debe ser preservado». También pide tener en cuenta parámetros como los recursos hídricos disponibles, así como los equipamientos y servicios. «El suelo urbano no es solo para vivienda. En Cala de Bou tenemos 11.000 habitantes y no hay espacio para hacer nada, ni polideportivo ni campo de fútbol. Esto pasa porque en su momento se construyó permitiendo que no se realizasen las cesiones correspondientes. Este urbanismo nos lleva a una falta de servicios».
El suelo de transición (el rústico que rodea las zonas urbanizadas) es «amplio», explica Prats. «Por definición del Plan Territorial Insular, es toda la franja que rodea las áreas urbanas, cuando no se trate de suelo rústico protegido. Sería el caso, sobre todo, del Pla de Sant Jordi y de los alrededores de Cala de Bou. Podría ser una zona relativamente extensa», comenta sobre su municipio.
Han criticado el decreto entidades ecologistas (IbizaPreservation, GEN-GOB y Amics de la Terra), la Alianza por el Agua y el Sindicato de Inquilinas, que piden recuperar inmuebles vacacionales y vacíos. El presidente del Institut d’Estudis Eivissencs, Marià Mayans, agrega: «La solución no tendría que ir en esta dirección, sino que, como se está intentando hacer, se controle el alquiler turístico ilegal, por ejemplo».
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