PP y Vox aprueban el decreto que permitirá construir en suelo rústico en Baleares

El Partido Popular y Vox aprobaron ayer por la tarde en el Parlament el decreto del Govern que permitirá reclasificar suelo rústico para poder construir más vivienda en Palma, si bien se extenderá a todos los municipios a través de enmiendas durante la tramitación parlamentaria de la ley. Ambos partidos llegaron a un acuerdo para incluir las exigencias de la formación de Santiago Abascal para ampliar la construcción en urbanizables ya que en estos momentos la norma solo afecta a Palma.

El acuerdo permitirá autorizar que las áreas de transición (suelo rústico) puedan clasificarse como suelo urbanizable para construir más viviendas, primero en Palma y más adelante en aquellos municipios que superen los 20.000 habitantes. En este caso, serán los ayuntamientos, mediante acuerdo en el pleno, los que decidan si se reclasifican estos suelos rústicos. Así, los municipios que podrían sumarse a esta medida en el caso de las Pitiusas serán Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni y Sant Josep.

Además, según explicó el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, el 50% de estas edificaciones que se construyan en las áreas de transición deberán ser destinadas a viviendas de protección pública (VPO) o de precio limitado. Asimismo, se deberá ceder al ayuntamiento un 15% del aprovechamiento para construir vivienda de protección pública.

Mateo defendió que estas medidas servirán para paliar la falta de vivienda asequible ante una «demanda social de primer orden» y aseguró que el Govern está obligado a adoptar «medidas extraordinarias» porque el problema de suelo y vivienda «no ha dejado de crecer» y se ha convertido en un «foco de malestar social». Además, reiteró que el Pacto de Francesc Antich ya permitió construir viviendas protegidas en las áreas de transición de crecimiento catalogadas como suelo rústico que se encuentran junto a las áreas urbanas.

Cinco años de residencia

El decreto, reivindicó el conseller, permitirá agilizar los plazos para que sea «más efectiva y viable», con el objetivo de simplificar la tramitación de los proyectos estratégicos, así como desbloquear y optimizar los terrenos urbanizables para obtener más vivienda asequible. Todo ello con el requisito de al menos cinco años de residencia para acceder a uno de estos inmuebles.

El decreto posibilitará la reducción sustancial en los plazos de tramitación de los proyectos residenciales, que actualmente llegan a superar los diez años y que de esta forma se podrán realizar en un periodo de 18 a 24 meses. Se trata de una de las reivindicaciones que con más insistencia se han venido haciendo durante los últimos años por parte de las asociaciones empresariales vinculadas al sector inmobiliario.

Pilar Costa, del PSOE de Ibiza: «La nueva norma para recalificar suelo rústico no es para viviendas de residentes»

«Vox no ha regalado sus votos»

Por su parte la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, celebró que el PP haya cedido a sus exigencias para cerrar un acuerdo: «Vox no ha regalado sus votos, ha arrancado compromisos. No caímos en la trampa de aplaudir un decreto que nacía equivocado y respondía a un interés partidista, que no garantizaba un desarrollo del territorio y se limitaba únicamente al municipio de Palma cuando la emergencia habitacional afecta a todos los municipios». Además, apuntó que el decreto inicial «no tenía justificación alguna» e ignoraba las áreas de transición, por lo que dejaba fuera «centenares de hectáreas» y hacía que el decreto fuera «inviable» hasta que se han incluido modificaciones «de sentido común».

Asimismo, acusó a la izquierda de «movilizar a todos los subvencionados y afines para poner palos en las ruedas a los acuerdos conseguidos con generosidad» en referencia a las críticas de organizaciones como el GOB: «No se puede arreglar un problema estructural con parches y titulares vacíos, hay que dejar de criminalizar a quienes invierten su patrimonio en un inmueble porque el intervencionismo no soluciona sino que destruye».

También enfatizó la importancia de la agilización urbanística «donde hoy la burocracia lo impide», las bonificaciones fiscales al alquiler habitual y que los propietarios «no sean rehenes de la okupación y los impagos»

El portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, denunció que el Govern aprueba un «pelotazo» de 670 millones de euros que regala a los promotores inmobiliarios con el decreto y alertó de que estas medidas supondrán un crecimiento de la población.

«Esto va a generar segundas residencias»

Además, insistió en que las viviendas que se construirán no están pensadas para los trabajadores de Balears porque los salarios actuales hacen imposible acceder a una hipoteca para inmuebles que superan los 300.000 euros. «Esto no va de mejorar la vida de la gente de aquí, sino de generar segundas residencias», advirtió.

Por su parte, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa acusó al Govern de permitir los «pelotazos» en toda la isla, regalar cientos de millones de euros a los promotores y fomentar «más especulación, un nuevo ataque y consumo de territorio». Los ecosoberanistas consideraron que «no tiene ningún sentido» querer aumentar la oferta y recalificar suelo rústico para resolver el problema de la vivienda cuando hay 100.000 viviendas vacías, 90.000 camas de alquiler turístico y decenas de solares en suelo urbano consolidado: «Si de verdad se quiere aumentar la oferta y se quiere hacer con rapidez, tiene sentido ir allí donde es más rápido: casas ya construidas, casas que necesitan ser rehabilitadas o parcelas que ya tienen dotación de servicios y están en suelo urbano», insistió Ferran Rosa.

Un centenar de personas se manifestaron ayer a las puertas del Parlament contra el decreto aprobado por PP y Vox que permitirá reclasificar suelo rústico en Balears para poder construir vivienda. La presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, calificó la medida como «el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años».

Manifestación contra el nuevo decreto: «Barra libre para construir»

Un centenar de personas se manifestaron ayer a las puertas del Parlament contra el decreto aprobado por PP y Vox que permitirá reclasificar suelo rústico en Balears para poder construir vivienda. La presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, calificó la medida como «el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años».