Los arquitectos de Ibiza y el GEN advierten: el crecimiento urbanístico depende del agua
La presidenta pitiusa del Colegio Oficial de Arquitectos defiende agotar el suelo urbano antes de pasar a construir en rústico, algo que prevé el decreto del Govern y Vox en las áreas de transición

Sergio G. Cañizares

El Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears (Coaib) y el GEN-GOB coinciden en que el crecimiento urbanístico en Ibiza está condicionado, principalmente, a la disponibilidad de los recursos hídricos. Así lo dicen cuando se les pide una valoración del decreto acordado entre el Govern y Vox, que ayer fue convalidado por el Parlament.
Una normativa que permitirá a los municipios de más de 10.000 habitantes adoptar la figura de los PRE (Proyectos Residenciales Estratégicos) para agilizar la construcción de viviendas en suelos urbanos y urbanizables, así como poder hacerlo en las áreas de transición (AT) de los municipios con más de 20.000 habitantes (en Ibiza, todos menos Sant Joan). Las AT hacen referencia a zonas que rodean los núcleos urbanos, actualmente suelo rústico, que pasarían, por tanto, a edificarse, si así lo deciden los ayuntamientos.
Las organizaciones preguntadas señalan que necesitan tiempo para estudiar el decreto —cuyo contenido se desveló el lunes— y conocer la letra pequeña.
De todos modos, la presidenta en Ibiza y Formentera del Coaib, Carmen Navas-Parejo, señala que «a priori, parece que podría ir en contra de lo aprobado en el Plan General de Ordenación Urbana [PGOU] de Vila, conforme a los techos de población previstos y a la cantidad de agua disponible».
El crecimiento urbanístico en la ciudad quedó condicionado a la nueva depuradora de sa Coma (que ya está en marcha) y a una reducción del 15% en el consumo hídrico con respecto a los números del 2019 (ahorrar 701.725 metros cúbicos).
Vivienda vacía
«Y si en Vila esto a lo mejor tiene el impacto de crear diez viviendas nuevas, pues realmente no será nada drástico, porque en realidad en este municipio tampoco hay mucho suelo rústico», añade Navas-Parejo, quien defiende que «siempre sería deseable acabar de desarrollar los urbanos antes de avanzar en el suelo rústico y, sobre todo, tomar más medidas para que los pisos vacíos puedan salir al mercado de alquiler o venta».
Neus Prats, vicepresidenta del GEN-GOB, critica que «la saturación debe combatirse en todos los frentes» pero que «se están tomando medidas en el sentido contrario». Así, afirma que «los recursos hídricos en Ibiza están sobreexplotados desde los años 80»: «Si realmente se cumpliesen los criterios técnicos, esta normativa no se podría aplicar, porque no podemos crecer».
Asimismo, señala que «en Ibiza sobran casas, lo que ocurre es que están vacías o se utilizan para especular turísticamente o para el alquiler de temporada, que no es solo vacacional». El Consell estima que hay al menos 2.000 viviendas vacías en la isla. A veces incluso ha dado la cifra de más de 3.000. «Tenemos un problema de capacidad de gestión del territorio y de los recursos, es un problema crónico», concluye Prats.
De los nuevos suelos disponibles, un 50% deberá quedar reservado a Vivienda de Protección Oficial (VPO) o a Vivienda de Precio Limitado (VPL). Una de las dos fórmulas, a elección del promotor. Además, se cederá al Ayuntamiento un 15% del aprovechamiento para construir vivienda de protección pública, de la que se deberá reservar un porcentaje a funcionarios desplazados. Asimismo, "para los PRE que se desarrollen a partir de suelos en áreas de transición, se prevé una reserva adicional para vivienda de protección", dice el Govern. El resto de esas nuevas viviendas será para el mercado libre.
Santa Eulària y Sant Josep
Diario de Ibiza pidió ayer hablar por teléfono con los alcaldes o concejales de Urbanismo de Vila, Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària. En dos casos enviaron, vía texto o audio, una breve reacción. «El equipo de gobierno de Santa Eulària valora positivamente cualquier cambio que facilite la construcción de vivienda accesible para los residentes, como es el anuncio de que se posibilitará desclasificar las áreas de transición en suelo rústico. Pero no haremos declaraciones hasta poder estudiar detenidamente el decreto y saber realmente cómo afectará al municipio», trasladó el gabinete de prensa de este consistorio.
El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, aplaude el decreto: «Vemos que se toman decisiones para encontrar fórmulas ante el gran problema de vivienda. Hasta ahora, lo que estamos escuchando, la partitura, nos gusta. Pero hemos de esperar a escuchar la música completa. Nos parece una iniciativa buena, valiente. Trata de buscar soluciones y recoger las demandas de los ayuntamientos».
Mariano Juan, del Consell
Mariano Juan, vicepresidente del Consell, señala que «el PP de Ibiza ve con muy buenos ojos el acuerdo»: «Para bajar el precio del suelo, que es uno de los factores principales del disparado precio de la vivienda en la isla, hay que crear más suelo urbano residencial que se dedique en su mayor parte a personas que lleven ya un tiempo residiendo en la isla, a Vivienda de Precio Limitado y que esté condicionado a la disponibilidad del recurso hídrico».
«El Govern está licitando la creación de una cuarta desaladora. Obviamente estos pisos de precio limitado para residentes que se construirían no podrían ponerse en uso hasta que hubiera recurso hídrico suficiente, desalación y que los acuíferos hayan descansado. No es la única solución, va unida a otras medidas del Govern», agrega.
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