La jueza paraliza el desalojo de Can Rova 2 por la vulnerabilidad de sus residentes

La magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma, Cristina Pancorbo Colomo, acordó este miércoles, mediante una providencia, suspender el desahucio de los residentes en el asentamiento chabolista de Can Rova 2 que ella misma había acordado en un auto fechado el 25 de marzo pasado y que esa misma mañana, a las 9 horas, había iniciado el Consistorio de Santa Eulària con el apoyo de 20 agentes de la Policía Local (que coordinó el dispositivo), 59 guardias civiles (40 GRS, 10 de la Unidad de Seguridad Ciudadana, tres del Seprona y seis guardias de tráfico) y cinco miembros del grupo de Extranjería de la Policía Nacional. La jueza cambió de opinión «a la vista del informe de vulnerabilidad» presentado por David Fechenbach, abogado de parte de los inquilinos de esa finca, en cuanto supo que se había procedido a desocupar el terreno sin notificarlo previamente a nadie de los que allí viven.

¿Es seguro seguir viviendo en el poblado chabolista de Can Rova 2?

En la súplica dirigida a la jueza, Fechenbach pedía la «suspensión urgente» del desahucio ante la «manifiesta vulnerabilidad» de los habitantes de Can Rova 2, para lo cual adjuntó un informe que certifica ese estado y que ha sido elaborado por la Asociación de Paraguayos de Ibiza (nacionalidad mayoritaria entre los allí instalados).

También alegaba el letrado que sus representados no habían «podido defenderse en el procedimiento (…) por no haber sido notificados nunca por parte del Juzgado» de Palma. En este sentido, el responsable del área de Interior de Santa Eulària, el edil Juan Carlos Roselló, admitió en una rueda de prensa, que se celebró una hora después del inicio de la operación de desalojo en el puesto avanzado de mando (localizado encima de un depósito de agua), que no se había informado a los residentes en el asentamiento que se estaba desalojando porque en el procedimiento que habían cursado en Palma sólo estaban representados el Consistorio y la propiedad de la finca.

De ahí que el letrado de los chabolistas subrayara en el documento presentado con carácter urgente ante la jueza que la actuación del Consistorio, al iniciar un procedimiento en Palma y sin advertir de ello a los residentes en Can Rova 2, «denota mala fe». En primer lugar, porque el Ayuntamiento sabía que buena parte de los residentes del asentamiento contaba «con asistencia letrada», al existir otro procedimiento civil en Ibiza para el que, incluso, ya se ha señalado la vista, que tendrá lugar el 6 de junio. Se trata del procedimiento para recobrar la posesión de la finca iniciado por la propiedad y que incoa el Juzgado de primera instancia nº4 de Ibiza.

«Motivos de seguridad»

Vistas estas súplicas, y «a la vista del informe de vulnerabilidad» presentado por Fechenbach, la magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma decidió finalmente que se suspendiera en el acto el desahucio, además de establecer que las partes pueden presentar un recurso de reposición en el plazo de cinco días. Una vez recibió la notificación, Santa Eulària decretó el cese del dispositivo a las 14.24 horas.

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Cinco horas antes, el Ayuntamiento iniciaba el desmantelamiento del poblado (levantado en una finca privada rústica) «por motivos de seguridad para las personas y el medio ambiente y de salubridad pública». En ese sentido, en un primer reconocimiento, realizado por un ingeniero municipal y un electricista, se desconectó una «precaria red eléctrica que podía suponer un riesgo tanto para los ocupantes como para las fuerzas policiales y miembros del operativo». Por ejemplo, un cable de unos 20 metros que salía del campamento y que estaba conectado a una farola. Roselló explicó, además, que habían detectado acumulaciones de combustible y depósitos plásticos de agua a la intemperie, así como fosas sépticas que «podían comprometer la salubridad de la zona». Asimismo, el edil alegó la necesidad de intervenir para desmantelar el cercado de la parte superior de Can Rova 2, dado que las estacas de ese vallado habían sido clavadas justo sobre las tuberías de agua desalada que abastecen a Vila y, según concretó, al hospital, comprometiendo de esa manera su salubridad.

Un operativo de unas 90 personas para desalojar el poblado chabolista

Precisamente, el Ayuntamiento alega que la jueza del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma basó su auto (el que después, ayer por la mañana, anuló) «en los diferentes informes elaborados por los servicios técnicos municipales» que acreditan «el riesgo de electrocución, incendio y explosión en esa zona debido a las precarias instalaciones eléctricas y al uso de bombonas de gas butano, así como por la acumulación de basura y matorrales». Santa Eulària también justifica el desalojo por hallarse el poblado en una finca «anexa a uno de los principales pulmones verdes de la isla, que va desde Cas Mut hasta importantes zonas forestales de alto valor ecológico», en referencia a sa Serra Grossa.

Antes de las 15 horas

La Policía Local, bien de viva voz, bien mediante la megafonía de un par de drones, instó a los residentes a desalojar antes de las 15 horas la finca. Podían retirar sus enseres personales y sus vehículos, siempre y cuando estos tuvieran seguro y papeles en regla. Esperaban proceder entonces a «asegurar la zona» y acabar la operación antes de las 20 horas.

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Todo este despliegue operativo se desinfló a las 14.24 horas, cuando el juzgado de Palma notificó a la Policía Local que suspendía el desahucio. Y mientras operarios de limpieza, electricistas, guardias civiles, policías nacionales y locales y dos técnicas de los Servicios Sociales abandonaban el lugar, sus moradores regresaban poco a poco a sus caravanas o chabolas arrastrando sus maletas, bolsas repletas de ropa y enseres, colchones, cunas, bombonas, mesas, carritos de bebé… De vuelta a un infierno que para ellos es su hogar.