¿Es seguro seguir viviendo en el poblado chabolista de Can Rova 2?
El Ayuntamiento de Santa Eulària justifica la necesidad del desalojo por la inseguridad y la insalubridad del poblado

Una imagen del desalojo este miércoles en Can Rova 2. / Vicent Marí
Tras comenzar este miércoles el desalojo del asentamiento de Can Rova 2 y antes de que fuera paralizado por orden judicial, el Ayuntamiento justificó la intervención, al menos en parte, por la situación de inseguridad e insalubridad en la que vivían sus habitantes. Un peligro para ellos y para el entorno, según afirmó el concejal de Seguridad de Santa Eulària, Juan Carlos Roselló. Después de que en la tarde de este miércoles muchos de los habitantes del poblado regresaran a sus precarias viviendas, la pregunta es: ¿es seguro seguir viviendo en Can Rova 2?.
Roselló hizo especial hincapié en la seguridad de los vecinos en una rueda de prensa que ofreció sobre el terreno a las 10.30 horas, y con ello justificó que el Ayuntamiento se haya decidido a actuar en cuanto ha tenido la luz verde judicial. «La situación era mucho peor de lo que pensábamos y nos hemos decidido a actuar para garantizar la seguridad de los habitantes», señaló el concejal, que enumeró problemas en las tomas eléctricas, de distribución de agua, depósitos de combustible o instalación del vallado.
De hecho, lo primero que se hizo al acceder al recinto vallado fue desconectar el suministro eléctrico por parte de un ingeniero municipal y un electricista. La instalación estaba en un estado «muy precario y había un gran riesgo de incendio», dijo Roselló. Además, se detectó un cable de alta capacidad que iba desde el poblado a una farola cercana, aunque estaba desconectado. También aseguró que el agua de consumo estaba almacenada en recipientes plásticos, con polímeros, lo que podría haber provocado un problema grave de salud, y que detectaron fosas sépticas que «comprometían la salubridad» de la zona.

Todas las imágenes del desalojo de Can Rova 2 / Vicent Marí
Los técnicos municipales hallaron además depósitos de combustible, que, según el edil, podrían haber provocado un incendio. Otra de las prioridades fue el desmantelamiento de la parte superior de la valla del recinto, que estaba instalada sobre la canalización que va desde la desaladora de Sa Coma a Ibiza, lo que según Roselló, «comprometía el suministro de agua desalada a la ciudad e incluso al hospital de Can Misses», en caso de que se hubiera producido una rotura.
Riesgo de electrocución, incendio y explosión
«La jueza de refuerzo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Palma ha basado su auto en los diferentes informes técnicos elaborados por servicios técnicos municipales en los que quedaba acreditado el riesgo de electrocución, incendio y explosión en esa zona debido a las precarias instalaciones eléctricas y el uso de bombonas de gas butano, así como por la acumulación de basura y matorrales en Can Rova 2», resumió el Ayuntamiento en una nota.
«Ante la situación descrita anteriormente, y por la prohibición por parte de las personas que habían ocupado el solar de dejar entrar a los servicios técnicos municipales, el Ayuntamiento de Santa Eulària incoó un expediente de orden de ejecución y puso en marcha un protocolo operativo para la demolición del asentamiento», concluía la nota.
El Ayuntamiento había notificado a los moradores que tenían hasta las 15 horas para abandonar el asentamiento y que debían llevarse los vehículos, aunque como algunos no pueden moverse o no tienen seguro, iban a ser retirados por la grúa municipal.
Según aseguró Roselló a los medios, el Ayuntamiento disponía de alojamientos, presumiblemente en hostales y hoteles, para todos los residentes en el poblado que lo precisaran, tras valorar el grado de vulnerabilidad, aunque la mayoría de los pobladores de Can Rova 2 optó por rechazar esta ayuda, que era de tres días, muchos de ellos por temor a identificarse ante la Administración y las fuerzas de seguridad.
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