Una sentencia valida la orden judicial de entrada en la finca del ‘pirata’ de Porroig

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha validado ahora la orden judicial de entrada en la finca ses Tanquetes, junto a la carretera de Cala Tarida, para que la empresa contratada por el Ayuntamiento de Sant Josep pudiera retirar los vehículos, embarcaciones y residuos de diversa índole acumulados durante años.

Retirados 145 vehículos y barcos y 500 toneladas de residuos de todo tipo del vertedero ilegal de Cala Tarida

Se trata de la finca del polémico empresario Evaristo Soler, al que se le conoce como el ‘pirata’ de Porroig porque alquila ilegalmente puntos de fondeo en la esta zona de la costa de Sant Josep y que ha sido condenado por proferir insultos homófobos y amenazas contra dos hombres que se habían negado a pagarle por fondear su embarcación.

El tribunal balear desestima el recurso del propietario de la finca y concluye que la orden judicial de entrada era «adecuada» porque era «el único medio» del que disponía el Ayuntamiento para lograr la retirada y eliminación de los residuos acumulados así como la restitución de la finca a su estado natural. «El recurrente dispuso de más de dos años para la retirada de los objetos de la parcela», dice la sentencia, que agrega que, sin embargo, el propietario dejó transcurrir el tiempo sin hacerlo. «No es hasta que se concede la autorización de entrada cuando decide reaccionar», apunta.

El Ayuntamiento dictó un decreto en febrero de 2022 en el cual requería a la propiedad la retirada de todos los barcos, vehículos y chatarra acumulada en su finca rústica. Tras obtener la orden judicial de entrada, el Consistorio procedió por su cuenta a limpiar la parcela entre el 8 de marzo y el 3 de mayo del año pasado. Se sacaron del terreno un total de 145 vehículos y embarcaciones, 174 toneladas de chatarra y algo más de 9.000 kilos de neumáticos. Esta operación tuvo un coste para el Consistorio, que repercutirá en el propietario de la finca, de 573.157 euros, por debajo de lo inicialmente previsto: algo más de 750.000 euros.

Precisamente, en su recurso, el propietario alegó que afrontar dicho coste le supondría la pérdida de su hogar, según indica la sentencia. También defendió que ya había empezado las tareas de limpieza de la parcela con sus propios medios, pero que necesitaba 67 días para hacerlo. Aportó en sede judicial un informe pericial para tratar de demostrar que era «inviable» hacerlo en 30 días (naturales), tal como le exigía el Consistorio. Como muestra de «buena fe», el infractor dijo que había comprado una excavadora para acometer la retirada de todos los residuos acumulados y que, además, había contratado a una empresa de reciclajes de la isla.

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Falta de colaboración

Por su parte, el Ayuntamiento de Sant Josep defendió en sede judicial que el propietario había tenido dos años, desde que se había dictado el decreto, para limpiar la finca y había rehusado hacerlo aunque ahora pidiera 67 días para cumplir el mandato municipal. También señaló que había constatado la acumulación de más residuos y vehículos tras el decreto, por lo que «no tan solo no se había dado cumplimiento a la resolución sino más bien al contrario». «Se ha desatendido deliberada y persistentemente, incrementando así los riesgos medioambientales que se trataban de preservar», sostenía la defensa del Consistorio.

Además, para acreditar «la falta de colaboración», el Ayuntamiento alegó «los numerosos intentos» llevados a cabo para obtener el cumplimiento voluntario del decreto. Descarta el cambio de actitud colaborativa del propietario con la documental aportada porque los albaranes presentados correspondían a facturas emitidas por el propio infractor a través de una sociedad propia a la empresa de reciclaje por la venta de baterías de coche y chatarra. «Se demuestra que, además de incumplir la normativa ambiental, se estaría ejerciendo una actividad con el propósito de obtener beneficio económico, lo que daría lugar a otra posible infracción en materia de actividades al efectuarse en suelo rústico y sin autorización alguna», advertía el Consistorio, según la sentencia.

No había otra opción

El tribunal balear también concluye que «las medidas parciales» adoptadas por el propietario tenían «un alcance limitado» y, con ellas, «no se conseguiría el cumplimiento de la resolución administrativa en el tiempo estipulado». «Si se accede a la pretensión del recurrente supondrá dejar sin efecto un decreto que es de obligado cumplimiento y que ha devenido firme y consentido. Las resoluciones se deben cumplir en sus estrictos términos y no dejarse a la voluntad de los interesados», destaca la resolución judicial, que impone el pago de las costas al infractor.

Adjudicada por casi 800.000 euros la limpieza del vertedero ilegal de Cala Tarida

Desde el año 2016, el Consistorio había recibido quejas y denuncias por la acumulación de residuos en esta finca y, pese a las solicitudes al propietario para que los retirara, no sólo hizo caso omiso sino que siguió acopiando aún más. Ante esta situación, y tras constatar el incumplimiento de la orden de limpieza de la parcela, el Consistorio licitó el trabajo y lo adjudicó a la compañía Herbusa por 752.346 euros, aunque finalmente el coste fue inferior. Paralelamente, se solicitó la orden judicial para entrar en la finca validada ahora por el TSJB.

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