Ibiza le declara la guerra al alquiler turístico ilegal con 35 fichajes

El Consell de Ibiza ha anunciado un plan de choque para reforzar su lucha contra el alquiler ilegal y el intrusismo que supondrá la contratación de 35 nuevos trabajadores entre inspectores, instructores y administrativos.

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Todo este nuevo personal comenzará a trabajar a partir del 1 de junio y será reclutado a través de bolsines de empleo, dentro de un programa de contratación que tiene una duración máxima de tres años. De esta forma, el cuerpo de inspectores se multiplicará por cuatro, pasando de 12 a 47, siempre que se consigan cubrir todas las plazas.

Así lo anunció este martes el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, durante un desayuno informativo con la prensa. El proyecto tiene un coste de cuatro millones de euros que está sufragado íntegramente por el Govern balear a través del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS).

Por su parte, el director insular de la Lucha contra el Intrusismo, Enrique Gómez Bastida, lanzó un mensaje de optimismo. «La situación que consideráis tan bestia... Aquí somos de castigarnos mucho. En Ibiza tenemos un proyecto para luchar contra el intrusismo con un nivel de compromiso muy elevado. Lo que estamos exportando nosotros con Airbnb se está exportando a otros lugares. Estamos mejor que otros destinos a nivel nacional. No sé si somos pioneros, pero el compromiso existe y eso es lo que marca la diferencia», dijo, añadiendo que, a nivel nacional, tan solo Cataluña está destinando más recursos públicos a luchar contra este problema. 

«Este año acabaremos con más de 200 expedientes abiertos y un porcentaje elevado de resueltos. El sistema que tenemos desarrollado con Mabrian [un programa de big data turístico] más la actuación de la inspección permite verificar que cada anfitrión implica un expediente y confirmar si está comercializando otros anuncios par bloquearlos», detalló Gómez Bastida. 

«Si queremos aspirar a tener ochenta expedientes al año, con lo que tenemos nos basta. Evidentemente no aspiramos a eso porque alguien tiene que digerir estos 200 expedientes. Y lo tiene que hacer rápido», apostilló Mariano Juan.

Dificultad para fichar

Paradójicamente, el problema de la vivienda es el principal obstáculo a la hora de reclutar personal para luchar contra el problema de la vivienda. «No sé si vamos a encontrar a toda la gente para cubrir las plazas. De momento hemos habilitado oficinas fuera del Consell porque aquí no caben», avanzaba el conseller. «Si llegamos a 30 ya es un éxito», añadía el director insular de Transportes, Roberto Algaba, quien también participó en el encuentro porque el programa de contratación incluye la pelea contra los taxis pirata que lidera su departamento.

Preguntado por la posibilidad de que reducir el número de alquileres turísticos ilegales pueda ayudar a que baje el precio de la vivienda, Mariano Juan se mostró muy escéptico: «Igual no tiene tanto impacto como podemos pensar. Seguro que tiene impacto, pero hay otros factores que tienen una impacto mayor. Yo creo que el precio de la vivienda va a seguir creciendo».

Los principales responsable del Consell a la hora de luchar con el intrusismo explicaron que sus dos criterios fundamentales son proteger la calidad de la ofertas y garantizar la sostenibilidad, una palabra que «está tan manida que parece vacía, pero tiene un sentido», defendió Gómez Bastida. «El problema de la saturación es grave porque vivimos en un sitio frágil como una isla», recordó.

Por otra parte, el próximo jueves se celebrará la primera mesa de intrusismo, que el Consell tiene previsto volver a convocar después del verano. La reunión contará con la participación de representantes de las principales plataformas turísticas que operan en España como Airbnb, Booking, Vrbo o Rentalia.