El Consell de Ibiza aprobará el viernes otra vez en pleno la amnistía urbanística

El equipo de gobierno del Consell de Ibiza, del PP, prevé aprobar de nuevo, el viernes en el pleno ordinario de marzo, el proceso extraordinario de legalización de viviendas en suelo rústico cuya infracción urbanística haya prescrito. Acto seguido, tras la publicación del acuerdo en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), el contador de los tres años de plazo para la presentación de proyectos se pondrá de nuevo a cero.

El Consell activará de nuevo el plazo de tres años de la amnistía urbanística en Ibiza

El pleno del Consell de Ibiza ya aprobó en junio esta amnistía urbanística al amparo del decreto de simplificación administrativa del Govern balear. Desde entonces, y hasta principios de febrero, el Colegio de Arquitectos ha visado un total de 65 proyectos de legalización de edificaciones.

Sin embargo, el Parlament balear aprobó en diciembre la ley de simplificación administrativa, con la que se derogaba el decreto anterior y en la que se incluía también, en los mismos términos, el procedimiento extraordinario de legalización de construcciones fuera de ordenación. Como la ley también contempla que, para activar la amnistía en cada isla se precisa de un acuerdo del pleno de cada Consell Insular, el de Ibiza volverá a hacerlo este viernes.

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En la propuesta, firmada por el vicepresidente primero, Mariano Juan, el Consell justifica que con anterioridad ya ha sido partidario de la aplicación de procesos extraordinarios de legalización de edificaciones, como la aprobada el pasado mes de junio pero también la de 2014 impulsada por el Govern presidido por el entonces presidente del PP José Ramón Bauzá.

También destaca que los cinco ayuntamientos de la isla han solicitado «recientemente» a la institución insular que el pleno apruebe de nuevo la puesta en marcha de la amnistía urbanística porque «permitirá la aplicación de medidas de reducción de impacto ambiental y paisajístico» y servirá también para «mejorar la eficiencia energética e hídrica que no eran exigibles a los propietarios de viviendas fuera de ordenación cuya infracción haya prescrito». «Supondrá una incuestionable mejora con respecto a la situación actual y favorecerá la seguridad jurídica y una solución ordenada de las distintas situaciones anómalas consolidadas en suelo rústico», añade la propuesta para justificar la reactivación de la amnistía urbanística.

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La legalización de construcciones y usos también tiene un coste del 10% del presupuesto de ejecución de la edificación durante el primer año de la aplicación de la amnistía. En el segundo, el porcentaje sube al 12,5% y, en el tercero, al 15%. Los ayuntamientos y los arquitectos han mantenido reuniones técnicas con el Consell para aclarar y unificar criterios en la aplicación de la amnistía.

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