El Govern proyecta finalizar la retirada de la tierra de Matutes antes de final de año

Con años de retraso con respecto al calendario aprobado, el Govern balear contempla que antes de final de este 2025 la concesionaria de la autovía del aeropuerto (la UTE Accesos Ibiza), culmine la retirada de la tierra en dos fincas del Grupo Empresas Matutes de Platja d’en Bossa.

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Se trata, en concreto, de las parcelas 56, al sur de la balsa de drenaje y paralela a la calle Gamba Roja, y la 59, ubicada al norte de las instalaciones del parque acuático.

Estas dos fincas figuraban en el proyecto de la autovía del aeropuerto como zona de acopio temporal de tierra. Sin embargo, la acumulación de áridos se mantuvo de forma definitiva hasta que los tribunales condenaron a la Comunitat Autònoma a forzar la evacuación de la tierra e indemnizar a la propiedad del terreno con un millón.

El Grupo Empresas Matutes pactó con la concesionaria y constructora de la autovía el depósito de la tierra extraída en las obras de la autovía (la trinchera sobre todo, que abarca desde Can Sifre hasta casi el hipódromo) en sus terrenos de Platja d’en Bossa para aprovecharla para el campo de golf que proyectaba en esta zona.

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Sin embargo, después de que la Plataforma Antiautopista denunciara esta operación bajo mano, en contra de lo previsto en el pliego de condiciones de la concesión de la autovía (el traslado de los áridos a una cantera en vías de regeneración), la propiedad dio marcha atrás y, ante la negativa posterior de la empresa constructora a retirar la tierra, acudió a la vía judicial. De todos modos, los tribunales, al reconocer la existencia de este pacto verbal, sólo obligaron al Govern a retirar la tierra en las dos fincas previstas como depósito temporal y que estarían al margen del pacto por el campo de golf.

765.825 euros en sanciones

Después de la negativa reiterada de la concesionaria, lo que supuso la imposición de diversas sanciones, finalmente en abril de 2021, aproximadamente, se iniciaron los trabajos de extracción de la tierra. Un mes antes, en marzo, la concesionaria informó a la conselleria de que iba a retirar la tierra después de haber abonado un total de 765.825 euros por dos sanciones (636.825 y 129.000 euros) motivadas por sus hasta entonces reiterados incumplimientos.

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El calendario acordado con la Comunitat Autònoma contemplaba la ‘limpieza’ de las dos fincas en un plazo de siete meses, 220 días en concreto. Durante dos meses, el Ayuntamiento de Sant Josep mantuvo suspendida la actividad al entender que la concesionaria debía tramitar una licencia, pero finalmente aceptó sus alegaciones y dejó que continuara sin autorización municipal.

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Cese parcial de la ocupación en una finca

A mediados del pasado mes de diciembre, el Govern balear firmó el acta de mutuo acuerdo de cese parcial de la ocupación temporal de la finca 56. En total, se han retirado los áridos en una superficie de 35.600 metros cuadrados. Aún resta por desocupar una parte de esta parcela de 5.600 metros cuadrados, lo cual, según un portavoz de la conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad, se llevará a cabo «en unas semanas».

Ahora se puede ver que las máquinas trabajan en la finca 59, a la altura de la curva de la autovía del aeropuerto entre el hipódromo y Ca na Palleva. La previsión del Govern balear es que la retirada de la tierra en esta parcela culmine «después del verano». Sobre el considerable retraso acumulado, el portavoz señala que «las condiciones climatológicas afectan de forma importante» a los trabajos.

Hay que tener en cuenta, tal como ya publicó este diario, que el Grupo Empresas Matutes cerró un acuerdo con Transportes Romero, empresa homologada en el traslado y tratamiento de áridos, para que retirara y vendiera por su cuenta, a cambio de nada, según fuentes de la compañía, la tierra acumulada en la finca 52, la situada al oeste de la calle Gamba Roja y donde se proyectaba el campo de golf. Después de varios años, el Ayuntamiento de Sant Josep ordenó el cese de la actividad y abrió un expediente de infracción al carecer de autorización para dicha actividad. Poco después, las máquinas se trasladaron al otro lado de la calle, a la finca 56, donde la concesionaria sí tenía la obligación de evacuar la tierra.

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Al igual que en la finca 52, la actividad no se limitaba a la extracción y traslado de los áridos, sino que en la misma finca se instalaron sistemas de cribado para que la tierra que saliera en camiones fuera buena, sin piedras, para su venta a terceros. Para su traslado a una cantera en regeneración, tal como estaba previsto en el pliego de condiciones de la concesión, no sería necesario este cribado. La ‘limpieza’ de la finca, además, sería mucho más rápida.

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