Desokupación del antiguo Club Punta Arabí: Del «nadie ha salido de aquí» al «20 han firmado para irse»

La empresa de desokupación contratada por la dueña del antiguo Club Punta Arabí tiene pendiente recibir un permiso para contratar un servicio de seguridad privada y vallar la zona. Señalan que al menos una veintena de personas han aceptado, mientras los residentes apuntan que sólo unos pocos lo han hecho.

Una decena de miembros de la empresa D&S Desokupa, en la entrada al antiguo Club Punta Arabí.

Una decena de miembros de la empresa D&S Desokupa, en la entrada al antiguo Club Punta Arabí. / E.T.K

Estela Torres Kurylo

Estela Torres Kurylo

Es Canar

La imagen que ofrece el antiguo Club Punta Arabí es desoladora, no tanto por el fuerte viento y la lluvia que caen la mañana del viernes, sino porque cuesta pensar que haya personas que no puedan encontrar otra opción para vivir en la isla que no sea en estas condiciones. En el interior del complejo, llama la atención una chaqueta de colores llamativos que está en el punto medio de un poste eléctrico y parece cubrir el enganche a la luz. Más abajo, hay zonas que parecen imitar, muy de lejos, las estancias de una casa. Hay varias neveras al aire libre, mesas, sillas, un ordenador... Y también varios montones de basura que acumulan, sobre todo, colchones. A las 10.30 de la mañana no hay otro rastro de vida, ni de quienes residen aquí, ni de la empresa de desokupación D&S Desokupa, a la que la propietaria del complejo, Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, ha contratado para desalojar el lugar.

Fuera, un hombre que se dirige al interior del complejo, confirma que vive en él y prefiere no dar su nombre. Señala que la decena de hombres que llegaron el jueves han sido agradables con él y que le han ofrecido 500 euros: «¿Pero a dónde vas en Ibiza con eso?», interroga retóricamente. Por el momento asegura que no se marchará y su expresión facial, que mezcla sosiego y preocupación, parece querer decir: «Ya veremos lo que pasa».

Encontrar la solución

Una hora después llega un coche del que se bajan cuatro miembros, vestidos de negro de arriba abajo, de la empresa que desokupa. Uno de los mediadores comenta que su objetivo es intentar negociar «para que haya una solución». Asegura que el jueves unas 20 personas firmaron el contrato en el que aceptaban irse y que incluso se presionaron entre ellos para hacerlo. Apunta que muchos comentaban que aprovecharían el dinero que dicen que se les dará para «volver a sus países de origen» porque lo prefieren antes que seguir viviendo «en estas condiciones». El mediador indica que entre quienes están en el interior hay saharauis, chilenos, brasileños e italianos.

A todos ellos, por el momento, les han ofrecido entre 500 y 1.000 euros, una cantidad que comentan que varía según el tiempo que necesiten los okupas para irse. La empresa no media en las reclamaciones que hacen algunos de ellos a Marsan, como que ésta les debe dinero o que llegaron a pagar por alojarse aquí. «Tarde o temprano van a salir», indica el mediador.

Control y seguridad

Mientras, la empresa de desokupación valora contratar un servicio de seguridad privada, con cámaras y posiblemente también perros, para controlar la zona y vallarla. Para conseguirlo, están a la espera de recibir una autorización que les permita hacerlo, que por el momento no saben cuándo recibirán. A pesar de ello, apuntan que se adaptan a las necesidades de quienes están en el complejo y que, entre quienes han firmado, hay personas a las que les han dado los días que necesiten para abandonarlo, incluso entre 30 y 40 días, porque «se entiende que algunos tienen su vida aquí dentro», apuntan desde la empresa.

Los miembros del equipo de desokupación, que alcanzan la decena pasada media hora, también saben que algunos de los okupas les han denunciado por coacción y esto lo confirma Matías, un hombre de padre español que reside en el complejo y que da un nombre ficticio por seguridad, algo por lo que también, igual que los desokupas, tapa gran parte de su rostro.

«Muchos han ido esta mañana a denunciar a los de la empresa que desokupa y cuando vuelvan saldrá otro grupo», señala, y explica que el motivo es que les están obligando a firmar y que no les dan el dinero en el momento. De hecho, Matías confirma que no es la primera vez que es okupa y comenta que sabe «cómo funciona esto»: firmar un documento, que le den el dinero y abandonar el lugar.

Por el momento, esta no es una opción, ni para él ni para otro hombre, de origen saharaui, que le acompaña: «Nos vamos a quedar aquí hasta última hora», advierte, porque admite que no tiene a dónde ir. Esto mismo comenta otro hombre, que sale en chanclas y con el paraguas antes de que le recoja un coche. «No he llegado a ningún acuerdo porque con lo que me ofrecen no hago nada», apunta.

Los tres critican que la empresa de desokupación dice que hay personas a las que se les pagará cuando se marchen y a quienes les han dicho que sería este viernes por la mañana, algo que por el momento no ha ocurrido. Comentan que las ofertas que les han hecho no han llegado a los 2.000 euros, como alguien que residía en el complejo comunicó el jueves. También afirman con rotundidad que «es mentira» que se hayan ido 20 personas y que les hayan pagado: «De aquí no se ha ido absolutamente nadie», repiten en varias ocasiones. También señalan que no es cierto que haya personas que barajen «volver a su país», porque con lo que les ofrecen, dicen que no se pagan «ni la cena».

Matías comenta que hace dos semanas vino al complejo el director de Fergus Style Punta Arabí Group, nombre con el que fue rebautizado el Punta Arabí Resort Ibiza, que gestiona estas instalaciones desde el año pasado.

Una ¿falsa petición?

Explica que éste tenía el objetivo de alojar a trabajadores en estas instalaciones tras reformarlas y que pidió a los propios okupas del complejo que le ayudasen a limpiar el entorno, «por eso hay uno de los montones de residuos» que destacan al entrar al complejo, destaca Matías. También lamenta que el hombre le ofreció trabajo en su cocina y tenía previsto empezar el 1 de abril. Ahora piensa que todo eso es mentira, porque el director ya no le coge el teléfono (tampoco a esta periodista).

Conrado tampoco recibe respuesta. Lleva cuatro años viviendo en el complejo: «A mí me dieron la llave para quedarme aquí y vigilar», anuncia, y recuerda que empezó pagando 350 euros a cambio de la estancia, además de que Marsan le debe 12.000 euros. Conrado está denunciado como okupante porque participó en la multitudinaria okupación del mismo lugar en 2021 y, por esta razón, además de señalar que está en situación de vulnerabilidad y que vive con su hermano, que tiene un tumor, afirma: «No pienso irme», a pesar de que no le guste vivir «en estas condiciones».

Esto también lo destaca Matías, que responde, con la voz rota, que, cuando llegue el momento, colocará un colchón en su furgoneta y se marchará junto a su pareja y sus perros: «A nadie le gusta vivir así».

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