Paquita 'Marsan' desokupa con una empresa a extrabajadores que le reclaman deudas

Un complejo turístico abandonado se convirtió este jueves en el escenario de otro capítulo sobre okupación y desalojo en Ibiza. Se trata del antiguo Club Punta Arabí, muy cerca del Hippy Market. Allí se presentaron a las 10 de la mañana una decena de trabajadores de D&S Desokupa, una empresa especializada en desalojos que ha realizado más de 900 procedimientos de este tipo, según afirma en su página web.

Desalojan a una treintena de personas de un complejo turístico abandonado en Ibiza

Vestidos de negro de arriba abajo, y casi todos con el cuerpo entero tapado a excepción de los ojos, irrumpieron en el complejo en el que residen una treintena de personas. Llamaron a las puertas y les dijeron que habían llegado para desalojar el lugar.

Lo hacían contratados por la propietaria del lugar, la empresaria Francisca Sánchez Ordoñez, conocida como Paquita Marsan. Una gran parte de los residentes, entre treinta y cuarenta, según sus propios cálculos, son extrabajadores que estuvieron a sueldo de la propia Paquita Marsan. Denuncian que la empresaria les debe nóminas acumuladas y que, por ese motivo, decidieron dejar de pagar el alquiler.

Desalojan a una treintena de personas de un complejo turístico abandonado en Ibiza

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Nada más verse sorprendidos por los hombres de negro de D&S Desokupa, los residentes llamaron a la Guardia Civil, que desplazó a una patrulla hasta la zona. Los agentes se presentaron en el complejo y, después de preguntar lo que estaba ocurriendo e identificar a los presentes, abandonaron el lugar.

Entre 500 y 2.000 euros

Rafael González, gerente de D&S Desokupa y líder del grupo desplazado hasta Santa Eulària, explicó a Diario de Ibiza que habían viajado juntos esa misma mañana desde Madrid y que no pensaban abandonar el complejo hasta que se hubiera «marchado todo el mundo».

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«Vamos a ver si llegamos a un acuerdo, a una solución, con cada uno de ellos. Nosotros venimos a mediar y no hemos llamado ni a la Policía ni a la Guardia Civil. Vamos a darles un tiempo para que abandonen la propiedad y para eso el propietario ofrece una compensación económica», señalaba González.

Concretamente, ofrecían entre 500 y 1.000 euros a los residentes a cambio de abandonar el lugar para siempre. Enseguida consiguieron convencer a «tres o cuatro», según el gerente de la empresa. Los que aceptaban debían firmar un contrato en el que renunciaban definitivamente a cualquier derecho de residir allí. A primera hora de la tarde, en vista de la resistencia de algunos a marcharse, la oferta subió a los 2.000 euros.

La calma tensa se instaló durante todo el día en el complejo, donde son mayoría un grupo de saharauis. Tan solo dos de ellos hablan español, por lo que iban traduciendo lo que ocurría a sus vecinos. Se sucedieron varios cruces verbales un poco subidos de tono, pero sin llegar al plano físico, en el que los trabajadores de D&S Desokupa presentaban un aspecto muy intimidatorio. También se vieron diálogos bastante más sosegados entre las partes en los que la tensión parecía volver a rebajarse.

Varios de los residentes aseguraron a este periódico que Paquita Marsan les debe dinero, en algunos casos miles de euros, de nóminas impagadas por distintos trabajos en el Punta Arabí Resort Ibiza, el nombre que recibía este establecimiento hotelero hasta que el pasado verano pasó a manos de Fergus Group y quedó rebautizado como Fergus Style Punta Arabí. La actual dirección del hotel se desmarca por completo del desalojo y aclara a este periódico que es «cosa exclusiva de la propietaria» del terreno.

Sin embargo, otros residentes reconocen abiertamente que son okupas que nada tienen que ver con este asunto. Malviven en infraviviendas, como varios trasteros y almacenes de tamaño muy reducido donde apenas caben un colchón y una pequeña mesa, con la luz pinchada. Además, no tienen agua corriente y se lavan en el antiguo aljibe del complejo, poniendo en riesgo su integridad física.

Los que sí tienen cuentas pendientes con Paquita Marsan hablan de infinidad de denuncias cruzadas, unas por impagos y otras en sentido contrario por usurpación. La dueña, que fue obligada por el Ayuntamiento de Sant Josep a derribar Casa Paola y Casa Lola por sus ilegalidades, se ha hartado de la situación y ha tirado por la vía de en medio contratando a D&S Desokupa.