Santa Eulària cierra la revisión del contrato del local de Servicios Sociales y da validez al procedimiento administrativo

El Ayuntamiento de Santa Eulària cerró la revisión del expediente de contratación del local de Servicios Sociales y validó su procedimiento administrativo. El Consistorio indica en una nota de prensa que tomó la decisión en la sesión celebrada el 13 de marzo y que la Junta de Gobierno Local tomó como base el informe de la secretaría de la institución. Este documento analiza la facultad de revisión de oficio del contrato de acuerdo con la normativa aplicable ante una presunta incompatibilidad para contratar por parte del primer teniente de alcalde con una empresa familiar.

Así, queda acreditado que no existe causa de prohibición para contratar, dado que la situación ha sido subsanada por parte del licitador y del concejal y que tampoco existe conflicto de intereses. El informe destaca dos cuestiones clave que sustentan el interés general en mantener el departamento de Servicios Sociales en la actual ubicación de la calle César Puget Riquer.

Cuando los que más ingresan son los que menos gastan

Nueva ubicación para los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Eulària

Por un lado, enfatiza el principio de equidad vinculado al de proporcionalidad: «Se trata de un contrato que se licitó siguiendo los principios de publicidad y transparencia exigidos en la Ley de Contratos, en el que únicamente se presentó una empresa, por lo que no se perjudicó a ningún otro operador económico». Además, el informe señala: «Dado que en la actualidad no existe incompatibilidad, el contrato podría adjudicarse de forma directa» a la misma empresa. Por otro lado, subraya que han transcurrido cuatro años desde la formalización del contrato y la ejecución de los actos derivados del mismo, que permitieron habilitar las dependencias de los servicios sociales municipales, que no cuentan con otra alternativa.

Conclusiones del informe

Concluye que procede aplicar los límites establecidos en el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). Por ello, «no operaría la revisión de oficio ni, por tanto, la declaración de nulidad del acto, siendo imprescindible la continuidad de la prestación del servicio en el establecimiento objeto del contrato de arrendamiento, pues no resulta posible su interrupción dadas las razones de interés público que lo justifican». El informe afirma que la declaración de nulidad «solo tendría consecuencias negativas para el interés general y para terceros, en la medida en que los Servicios Sociales no disponen de espacios físicos alternativos donde ubicarse y prestar sus servicios».

El equipo de gobierno recuerda que, en su momento, ofreció a los grupos municipales que formaban parte de la Corporación en 2020 (PSOE y Unidas Podemos) la posibilidad de vetar el procedimiento que se iba a seguir para alquilar el local. Además, no se presentó ninguna alegación ni se ejerció acción alguna en contra del contrato ni de la posterior reforma que se llevó a cabo en el mismo. Este ofrecimiento fue incluso confirmado por concejales de la oposición en medios de comunicación.

En este sentido, reitera que la transparencia ha sido total y absoluta en este procedimiento y que el interés general ha sido el único que ha velado en todo momento. Desde el principio, se optó por una licitación pública para un contrato que, conforme a la normativa, podría haberse adjudicado directamente. De este modo, se abrió la posibilidad de que cualquier propietario con un local que cubriera las necesidades de espacio de los Servicios Sociales pudiera presentarse al concurso.

El equipo de gobierno quiere defender la honorabilidad de todos sus miembros, desde los directamente afectados en este caso hasta los técnicos y trabajadores municipales. También muestra un rechazo total y absoluto a la judicialización de la política con fines partidistas, debido al daño que ello ocasiona tanto a la institución como a todas las personas que trabajan en ella.