El PP denuncia que las okupaciones se han duplicado en seis años en las Baleares

En el año 2024, el Ministerio del Interior registró más de 80.300 delitos en Baleares, de los cuales, apenas 514 fueron allanamientos de moradas y usurpaciones de inmuebles, lo que se considera como ‘okupaciones’. La diferencia entre un delito y otro es que allanamiento es cuando se ocupa la residencia habitual de alguien, y en el caso de la usurpación, es cuando la vivienda no es considerada morada, es decir, es un inmueble vacío.

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En esta cifra se incluyen los allanamientos y usurpaciones conocidas, es decir, que están en el registro del Ministerio del Interior, con lo que no se contabilizan las que o no se han denunciado o de las que no se tiene constancia. Se trata de 514 okupaciones registradas en una población balear total de 1.244.394 personas, ya que los datos no están desglosados por islas ni por municipios, y es imposible saber la incidencia en Ibiza o Formentera. Sobre el incremento de estos delitos, todo depende de la horquilla y la perspectiva. En el año 2018 se habían registrado 264, con lo que se puede decir que han tenido un aumento del 91%. También es cierto que en el año 2021 hubo 509, lo que implica que en los últimos tres años solo han subido un 0,9%.

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Batería de mociones

Si estas cifras son preocupantes o motivo de alarma social, ya es un motivo de interpretación personal de cada uno. Para el Partido Popular de Ibiza lo es, y en una rueda de prensa que sus portavoces han ofrecido este lunes por la mañana, y en la que han asistido los cargos más relevantes de la formación -su presidente insular, José Vicente Marí Bosó; el presidente del Consell, Vicent Marí; así como los alcaldes de los cinco municipios- han calificado la okupación ilegal como un "problema gravísimo en nuestro país".

Por este motivo, han anunciado que presentarán en el pleno del Consell y en los plenos municipales una moción con propuesta de acuerdo en la que se insta al Gobierno de España a "derogar la actual Ley de Vivienda, que protege y promueve la okupación ilegal", y se reclama que el Congreso de los Diputados apruebe por la vía de urgencia una propuesta de ley presentada por el PP en el Senado para combatir la okupación de inmuebles.

"Invitamos a que el PSOE se una a estas mociones", ha declarado Vicent Marí durante esta rueda de prensa. Una posibilidad que se antoja remota, ya que en estas mociones -que no dejan de tener un valor simbólico- se pide la derogación total de la Ley de Vivienda del año 2023. Difícilmente los socialistas votarán en contra de una ley que aprobaron ellos mismos.

Sobre si los populares estarían abiertos a aceptar una modificación del texto de esta moción para sumar al PSOE, el presidente insular, Marí Bosó, ha comentado: "Siempre intentamos pactar las mociones, aunque no que se modifiquen de manera que se desnaturalicen".

Dos propuestas para un mismo problema

En su intervención, Marí Bosó ha insistido en que la única solución posible a los allanamientos y usurpaciones de viviendas es la propuesta de Ley Orgánica ‘para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y las cosas en las comunidades de propietarios’ que el Senado remitió al Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2024.

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Otra iniciativa es la que se publicó en el BOE el pasado 3 de enero y que entrará en vigor el próximo 3 de abril, y que supone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permitirá que se tramiten mediante juicios rápidos los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, lo que facilitará acelerar los desalojos en caso de okupaciones.

Una iniciativa que tuvo una aprobación rocambolesca, ya que esta enmienda fue propuesta por el PNV y salió adelante gracias a que los diputados de Bildu confundieron el sentido de su voto. 

Para los populares, esta iniciativa se queda corta: "Tenemos de incrementar las penas y perseguir también a las mafias, con lo que se incluya la proposición y conspiración de estos delitos; que sea nula la inscripción del okupante ilegal en los padrones municipales, y que si los propietarios ven okupado su inmueble no tengan que pagar el IBI o el impuesto del patrimonio de un inmueble que no disfrutan".