El PP de Ibiza propondrá un frente común contra la okupación

El PP de Ibiza reúne este lunes a sus principales cargos en la isla, el presidente insular y diputado en el Congreso José Vicente Marí Bosó, el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, y los alcaldes de los cinco ayuntamientos, para presentar lo que ha llamado un frente común contra la okupación, tras los sucesos ocurridos la pasada semana, con la okupación de una vivienda ante la mirada de su propio y sin intervención de las fuerzas de seguridad presentes y el posterior desalojo en la tarde del viernes, tras una concentración en la que participaron más de un centenar de vecinos.

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Por su parte, los representantes de Vox en Santa Eulària y Sant Josep (en Sant Antoni no tienen representación) exigieron este domingo al Ayuntamiento de Sant Antoni explicaciones sobre las posibles ayudas que puedan recibir los okupas desalojados.

En un comunicado conjunto, los grupos municipales se refirieron a la situación vivida en Sant Antoni este viernes. Según criticaron, mientras que miembros de Vox estuvieron en esta acción, el PP «es más de fotos en actos y redes sociales que de bajar al barro con los vecinos», pese a que varios vecinos manifestaron el sábado que impidieron que los representantes de Vox se «apropiaran» de la acción vecinal.

Los vecinos también impidieron que Vox se apropiara del desalojo en Sant Antoni

Los representantes de la formación ultra piden al alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, que aclare si se ha ofrecido a los okupas alojamiento en un hostal de la localidad de forma gratuita. También, le han instado a que aclare si se ha ofrecido a estas personas algún tipo de cobertura o ayuda, sea la que sea, o si se les ha citado este lunes en la Concejalía de Asuntos Sociales para estudiar su caso y ayudarles de alguna manera.

«Exigimos estas cuestiones porque el pueblo debe saber a qué se destinan sus impuestos, a quién se ayuda y cuál es la agenda ideológica del PP de Sant Antoni», afirmaron, y aseguraron que darán «cobertura jurídica gratuita» a cualquier vecino que pudiera ser denunciado por los hechos ocurridos durante el desalojo, en los que un reducido número de participantes mostró actitudes violentas.