Medio Ambiente
Reclaman al Govern más control en el alquiler náutico en Ibiza
Salvem sa Badia y Amics de la Terra piden que no se permita a personas sin titulación manejar embarcaciones de menos de cinco metros

Embarcaciones en el litoral de Sant Antoni. | SALVEM SA BADIA
EFE
La Asociación Salvem sa Badia de Portmany y Amics de la Terra han pedido al Govern que intensifique los requisitos para las empresas del alquiler náutico en Ibiza, así como en Balears, ante la posibilidad de que las mismas cometan irregularidades. En un documento de alegaciones, ambas organizaciones han exigido que las empresas no puedan operar simplemente presentando una declaración responsable, como permite actualmente la legislación.
Los grupos ecologistas han detallado en un comunicado que el procedimiento actual favorece el incumplimiento de normativas clave relacionadas con la protección del medio ambiente y la seguridad. Entre las principales preocupaciones de las asociaciones han destacado el manejo de residuos, el fondeo sobre posidonia y la falta de control sobre la formación obligatoria de los operadores y el cumplimiento de normas de navegación sostenible.
Salvem Sa Badia y Amics de la Terra también han asegurado que la situación está contribuyendo a un caos administrativo en puntos críticos del litoral ibicenco, como la bahía de Talamanca, Porroig o Portmany, donde el fondeo ilegal sobre praderas de posidonia se ha convertido en una práctica habitual.
Buenas prácticas
Por su parte, el Govern ha explicado que su objetivo es promover las buenas prácticas, aumentar la seguridad y la sostenibilidad en la actividad náutica.
Sin embargo, las asociaciones han pedido que, además de la declaración responsable, las empresas presenten comprobantes de formación obligatoria en áreas como navegación, seguridad, zonas protegidas y gestión de residuos. También han reclamado que las mismas demuestren que cuentan con un punto de amarre o autorización para el acceso a rampas en las islas.
Las entidades instan al Govern a aplicar la excepción que permite imponer requisitos más estrictos por razones de interés general, como la protección del medio ambiente.
Además, han pedido la eliminación de un artículo del decreto que permite a personas sin titulación manejar embarcaciones de motor de menos de cinco metros, lo que contribuye a aumentar los riesgos de accidentes y daños medioambientales.
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