Los okupas intentaron justificar que llevaban varios días en la vivienda de Sant Antoni

«Es un caso de delincuencia». Es lo que repite Vicente Riera sobre la situación que tuvo que presenciar impotente el pasado miércoles cuando dos jóvenes de origen magrebí cambiaban la puerta de la vivienda que pertenece a su madre, que ahora habita en una residencia, tras okuparla. Mientras esto pasaba a plena luz del día, en el centro de Sant Antioni, Riera empezó a grabar con su móvil. En el vídeo se observa cómo el joven le dice, en tono desafiante, que no le grabe, y se dirige hacia Riera para intentar agredirle. En la grabación, esta persona no deja de insistir en que no se le puede grabar y en que va a llamar a la Policía.

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Quien lo hizo fue Riera, a la Guardia Civil, mientras se refugiaba en un bar cercano porque el joven le seguía (como se ve en el vídeo). Al poco tiempo, llegaron una decena de efectivos, entre la Policía Local de Sant Antoni y la Guardia Civil, que aún pudieron presenciar cómo los dos jóvenes instalaban la puerta, según Riera, que afirma que los agentes «no pudieron hacer nada». En esta situación, con rabia y una gran sensación de impotencia, Riera dio una patada a la puerta que estaba colocando el okupa. Tras hacerlo, no recuerda si fue un agente de la Policía o de la Guardia Civil, uno de ellos le aconsejó que se marchase: «Porque según la actitud que coges... (suspira) A mí sí que me podrían tocar, pero a él (refiriéndose al okupa) no. La Ley es así», lamenta.

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Indefensos ante la Ley

Riera no critica la actuación de los agentes que acudieron a su llamada el miércoles por la tarde: «Me da vergüenza que la Policía tenga que aguantar esto y no es un problema mío, porque por las bravas puedo sacar a los okupas pero, ¿a dónde irán, a la casa de una persona mayor a la que pueden perjudicar más?», se pregunta, y reflexiona: «Tenemos un problema de Estado».

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Los agentes no actuaron en ese momento porque, como explica el abogado de Riera, Juan Carlos Rodríguez, «los okupas, que lógicamente son unos profesionales, acreditaron que establecieron morada con una vocación de permanencia porque tenían una cama y enseres en los armarios». Los okupas enseñaron a los agentes un vídeo grabado el pasado sábado y unos tiques para intentar justificar que llevaban en la vivienda desde entonces, señala Riera. Así «pudieron probar que se habían establecido y por eso se requiere la intervención judicial», adelanta el abogado.

Denuncia por usurpación

Esta vivienda, ubicada en la calle Bisbe Cardona, «tiene pendiente de recibir un permiso de obra y ahora mismo no tiene ni agua ni luz», comenta Riera, indignado, porque todavía no encaja que mientras él esperaba este permiso de obras, que solicitó con su voluntad de cumplir la ley, «haya alguien que esté okupándote la casa y no puedas hacer nada». 

Su letrado también defiende que la culpa no es de los agentes que presenciaron el cambio de puerta: «Ellos simplemente tienen unos instrumentos legales a los que se tienen que atener». Por este motivo, para él, «la crítica es a la configuración legal».

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«El legislador no da instrumentos ni directrices a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para poder actuar con celeridad en estos casos», expone Rodríguez. Por este motivo, Riera y su abogado escogen optar por la vía penal.

Riera no ha interpuesto antes la denuncia porque explica que la casa okupada está a nombre de su madre y ella debía iniciar la acción judicial, pero dispone ahora de un «poder general» para emprender acciones judiciales en nombre de ella. 

Anoche, su letrado informó de que ya han interpuesto «la correspondiente denuncia por un delito de usurpación» y han solicitado «la adopción de una medida cautelar para que la familia disponga de una resolución judicial que les autorice a recuperar la posesión del inmueble». 

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Por esta vía, se tiene que constatar que «los okupas no tienen justo título, es decir, ningún tipo de documento acreditativo que les habilite a quedarse en la casa», indica Rodríguez, que también apunta que, en declaraciones a otros medios, los okupas «han reconocido que no tienen derecho a estar en la casa y dan la razón al propietario», por lo que este es un argumento que también esgrimirán.

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