Cambios para optar a una vivienda de precio limitado en Ibiza: Habrá que demostrar empadronamiento de cinco años en un mismo municipio

El Govern balear ha aprobado nuevas medidas sobre vivienda aprovechando el decreto ley con el que trata de desbloquear los suelos urbanos y urbanizables de Palma a cambio de que al menos la mitad de las viviendas que se levanten en ellos sean de protección pública o de precio limitado. Una de las más destacadas y que afectan al conjunto de Balears es que para poder optar a uno de los pisos de precio limitado se necesitará demostrar cinco años de empadronamiento en un mismo municipio con el fin de favorecer a los residentes de todas las islas.

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También se contempla un procedimiento exprés para desarrollar vivienda pública en cualquier tipo de suelo, con la excepción del rústico protegido. Para ello, se contará con una declaración de interés autonómico por parte del Govern con un informe precio del Ayuntamiento, y la posterior autorización del proyecto por el Ejecutivo autonómico. De esta forma se pretende reducir de forma notable la ejecución de estas promociones.

Se incorporan cambios en la figura de la vivienda de precio limitado creada en 2024, al exigir que el 30% de estas promociones se reserven a los menores de 35 años, al tiempo que los promotores de diez o más de estos inmuebles deberán mantener esta reserva durante un periodo de dos años.

El decreto ley incorpora otras iniciativas con impacto en el conjunto de Balears con el fin de favorecer a los residentes de todas las islas. En concreto, queda establecido el requisito de cinco años de residencia en el municipio en el que se encuentre la promoción de viviendas de precio limitado o de protección pública.

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El decreto ley regula medidas para el desarrollo de las reservas estratégicas de suelo (RES) pendientes, creadas de la mano de la denominada Ley Carbonero en 2008 y que buscaba impulsar las viviendas de protección pública, y eleva su densidad con el fin de poder levantar más pisos sin aumentar la superficie, además de fijar un procedimiento de urgencia en las licencias municipales para los proyectos de edificación de las RES.

Este paquete de actuaciones lleva tiempo en estudio tras la petición formulada en este sentido por la asociación de promotores inmobiliarios de las islas, desde la que se ha reiterado que la medida más importante para sacar al mercado vivienda asequible pasaba por dar un impulso a los suelos urbanizables.