Sant Josep detecta nuevas ilegalidades urbanísticas en Casa Paola

El Ayuntamiento de Sant Josep abrirá otro expediente de infracción urbanística a la propiedad de Casa Paola, una villa de la zona de es Cubells reconvertida en un complejo turístico, después de que sus técnicos hayan detectado nuevas ilegalidades.

La propiedad comienza a derruir las construcciones ilegales de Casa Paola

El alcalde, Vicent Roig, explica que los técnicos municipales han constatado que la propietaria, Paquita Sánchez, conocida como Paquita Marsans, no sólo no ha cumplido con la orden de derribo del Consistorio, sino también la existencia de «nuevas unidades que no deberían estar»; es decir, se han levantado nuevas edificaciones sin la correspondiente autorización.

«Cuando se haya derribado todo [lo previsto en el procedimiento aún en curso], cerraremos un expediente y abriremos otro», dijo Roig en una entrevista en la televisión local TEF, sin dar más detalles sobre las nuevas ilegalidades.

El equipo de gobierno, a través de una portavoz, ha rehusado este jueves dar más información y se ha limitado a apuntar que «el Ayuntamiento está ejecutando lo que no ha hecho la propiedad», en referencia a la actual orden de derribo (se dictó hace tres años), pero sin detallar alguna a las nuevas ilegalidades.

Sant Josep pide al fin el auxilio judicial para entrar y derribar Casa Paola

La propiedad de Casa Paola, la misma que Casa Lola, decidió ejecutar por su cuenta el derribo de las construcciones ilegales para evitar que lo hiciera el Ayuntamiento de forma subsidiaria cuando ya había obtenido la autorización judicial necesaria para entrar en el complejo. El alcalde explicó que el permiso judicial, de tres meses de duración, se va a terminar en «poco tiempo».

Por ello, el martes, casi un mes después del inicio de los trabajos de demolición por parte de la propietaria, los técnicos municipales accedieron al interior y comprobaron que no se había ejecutado todo el trabajo previsto, que, según dijo el alcalde, además, es «mucho». «Había unidades en las que no se habían empezado ni siquiera los trabajos de derribo», indicó Roig.

Ante esta situación, el alcalde decidió ayer miércoles la entrada de las máquinas contratadas por el Consistorio para ejecutar subsidiariamente el derribo ordenado y que no se está cumpliendo. Para echar abajo las nuevas unidades, habrá que esperar a que se tramite previamente el expediente de infracción urbanística.

Entre las construcciones que se tienen que derribar figuran un inmueble de casi 200 metros cuadrados y cuatro metros de altura y otro de 150 metros cuadrados, así como una alberca de unos 75 metros cuadrados y una piscina de 100 metros cuadrados. También se deben reponer a su estado original unos bancales rellenados con tierra.