Recurren ante el Constitucional la amnistía urbanística del Govern

Un «amplio frente social y político» se ha unido para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 7/2024 de simplificación administrativa que incluye la amnistía urbanística en suelo rústico. Denuncian que esta norma ha generado una «profunda preocupación por sus graves implicaciones» en el territorio y el medio ambiente. El recurso se presentará mañana en Madrid y ha sido fruto de un trabajo conjunto durante los últimos meses por parte del PSOE, Més, Podemos y el GOB, si bien la iniciativa cuenta con el respaldo de diversas entidades sociales y del Fòrum de la Societat Civil, que han manifestado su rechazo a las políticas del Govern.

Consideran que la aplicación de esta ley es una vulneración de principios básicos del derecho y una «regresión ambiental sin precedentes». Desde el GOB advirtieron de las «graves consecuencias» del decreto ley, señalando que su aplicación y posterior desarrollo como ley supone una «seria regresión» en la protección territorial y ambiental en las islas.

Alertaron de que, al convertirse en ley tras su aprobación por parte de PP y Vox en el Parlament, agravó las disposiciones más controvertidas, porque estuvo marcada por «un proceso caótico, seguido de decretos adicionales para corregir despropósitos» derivados de las votaciones en el pleno.

Una de las denuncias principales se dirige a la legalización general de edificaciones y usos irregulares en suelos rústicos, lo que califican como una «vulneración del principio de igualdad ciudadana» ya que la norma plantea una amnistía generalizada para las infracciones urbanísticas en suelos rústicos: «Se percibe como una recompensa a quienes han incumplido la normativa, en detrimento de aquellos que han cumplido con las leyes».

Asimismo, se incluye la figura del «silencio positivo» para facilitar estas legalizaciones, lo que supone según los partidos y las entidades «una regresión ambiental grave y discriminatoria» frente a quienes tramitan licencias de forma regular, que requieren una resolución positiva explícita por parte de las instituciones públicas. El recurso, explicaron, se apoya en jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional sobre casos similares.

La diputada del PSOE Mercedes Garrido aseguró que este recurso «demuestra que cuando trabajamos de forma conjunta los resultados son positivos» y lanzó «un mensaje clarísimo al PP: nos tienen delante por su ataque sin precedentes al territorio y por lo que pretenden hacer en el futuro». También criticó el «silencio positivo» en la autorización ambiental y en las licencias de obras, al considerar que retrasa los procedimientos y vulnera la jurisprudencia. Además, denunció la disposición adicional séptima y la transitoria cuarta, que facilitan la legalización de casas rústicas y su uso turístico, calificándolo como «una absoluta amnistía urbanística sin justificación legal».

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, arremetió contra el Govern por llevar a cabo una «perversión de los procesos legislativos» porque la ley de simplificación administrativa nace de un decreto que busca «saltarse todos los controles en la elaboración de un proyecto de ley, carece de solidez jurídica y tiene visos de inconstitucionalidad».

Por su parte el diputado de Més per Menorca Josep Castells señaló que «no es una simplificación administrativa sino de destrucción del territorio, sino el gran pelotazo de nuestros tiempos», advirtiendo que muchos particulares se beneficiarán económicamente a través de esta ley obteniendo plusvalías: «Cuanto peor lo has hecho, más vas a ganar».

Por último, la diputada de Podemos Cristina Gómez hizo un llamamiento a quienes cumplen con la normativa para que se opongan a esta ley y acusó a Prohens de perpetrar una «estafa social y medioambiental». También afirmó que los más beneficiados serán «personas cercanas» a la presidenta, en alusión a la situación irregular que vivía el polígono de Campos y que motivó una investigación de la Oficina Anticorrupción, que acusaba al exdirector general de Emergencias del Govern, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística desde 2015, como concejal responsable de esta área, por presuntamente permitir a sabiendas que una veintena de negocios operasen sin licencia.

La iniciativa ha recibido el respaldo de numerosas entidades ciudadanas que consideran esta ley como un retroceso inaceptable en la protección del territorio. Entre las organizaciones que se han sumado destacan GOB Mallorca, GOB Menorca, Amics de la Terra, Pla de Mallorca XXI, Fundació Iniciatives del Mediterrani, OCB, entre otras.