Lucha contra el intrusismo turístico

Un protocolo para que ayuntamientos y Consell de Ibiza actúen coordinadamente contra el alquiler ilegal

Entre las funciones de las policías locales previstas destacan la detección y recogida de pruebas sobre posibles casos de alquiler turístico ilegal

Antònia Maria Estarellas presidió el Consell de Coordinación pitiuso de Policías Locales.

Antònia Maria Estarellas presidió el Consell de Coordinación pitiuso de Policías Locales. / Marcelo Sastre

José Miguel L. Romero

José Miguel L. Romero

Ibiza

El documento aprobado ayer ha sido consensuado con todos los ayuntamientos y con los cuerpos de policía «para que todos actúen de la misma manera y, además, de forma coordinada y acorde con lo que ya está haciendo el Consell» en el ámbito de la lucha contra el intrusismo. En ese protocolo se detalla «cómo deben intervenir las policías, de qué manera se gestiona la información que recogen y cuál es el encaje legal de las diferentes actuaciones» que emprendan, detalló Gárriz.

Funciones

Entre las funciones de las policías locales previstas destacan la detección y recogida de pruebas sobre posibles casos de alquiler turístico ilegal. Los agentes tendrán que identificar a las personas arrendadoras, verificar el periodo de estancia y el canal de comercialización utilizado, así como recopilar información relevante, como por ejemplo testigos (vecinos y clientes), servicios turísticos ofrecidos y documentos acreditativos. Además, se recogerán datos precisos de la vivienda, incluida su geolocalización, y se formalizará un acta para garantizar una tramitación efectiva de las infracciones detectadas.

"Buscamos que esas actuaciones administrativas estén centralizadas para que se gane agilidad en el procedimiento de sanción"

Los ayuntamientos, explicó Gárriz, tienen tres posibilidades de sanción en este ámbito: la Ley de Turismo, la normativa de convivencia (ordenanzas) o, en aquellos municipios que lo tienen así regulado, la normativa urbanística. «Hay actuaciones -añadió- que puede instruir directamente el ayuntamiento y hay otras que son complementarias y que se pueden instruir desde el Consell. Y eso es lo que estamos buscando, que se consiga que esas actuaciones administrativas estén centralizadas para que se gane agilidad en el procedimiento de sanción».

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