Los educadores sociales de Ibiza avisan tras el asesinato de Badajoz: "Puede pasar aquí"

Los educadores y trabajadores sociales de Ibiza han levantado la voz para mostrar su «preocupación e indignación» tras el asesinato en Badajoz de una compañera en su lugar de trabajo.

¿Por qué volvieron los menores detenidos por la muerte de la educadora social en Badajoz al mismo piso tutelado?

Una cincuentena de profesionales adscritos al Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears y al Col·legi Oficial de Treball Social de les Illes Balears se congregaron este miércoles en el Cetis para guardar un minuto de silencio en memoria de María Belén, asesinada durante su turno laboral en un centro socioeducativo de reforma para adolescencia y juventud con medidas judiciales, y también para denunciar que «ese grave hecho pone de manifiesto la precariedad y déficit de recursos para atender situaciones muy difíciles de abordar sin los profesionales adecuados».

«Y hace evidente la desprotección de los profesionales de la intervención social, lo cual supone un perjuicio de los derechos de las personas usuarias de los servicios públicos. Esta precariedad de recursos se ve agraviada por el hecho de dejar la gestión de estos programas en manos de empresas multiservicios que tienen como principal objeto la ganancia económica», denunciaron en un manifiesto que leyeron en voz alta a través de un megáfono. 

En este sentido, incidieron en que hacen falta «buenas dotaciones de plantillas y remuneradas justamente, así como adecuados equipos técnicos de apoyo, además de medidas de seguridad en el ejercicio del trabajo», al tiempo que pidieron el reconocimiento y la «debida consideración, por parte de la administración pública, de los profesionales que se dedican a la intervención social con personas en situación de riesgo». «Las medidas no pasan por revictimizar a las personas menores de edad, sino por poner los medios que permitan su integración social», aclararon.

Varias peticiones

Dentro de estas peticiones, incluyen una revisión de la normativa en cuanto a ratios, medios económicos, medidas de seguridad y apoyo psicosocial. «Instamos a las instituciones baleares a perseverar en la mejora constante de los servicios sociales y, muy especialmente, en los servicios destinados a infancia y adolescencia, tanto los de justicia como los de protección», solicitaron.

La lectura del manifiesto corrió a cargo de Lucía Huedo, educadora social del Ayuntamiento de Ibiza, que lamentó que «no se está teniendo en cuenta la dificultad y el riesgo que tiene este tipo de puesto de trabajo» y que fue muy clara cuando se le preguntó si el suceso de Badajoz también se puede dar en las Pitiusas. 

Un trabajo muy duro

«Sí. Realmente esto puede llegar a pasar en cualquier centro en el que las medidas no sean suficientes. Al final esto te hace reflexionar mucho sobre todo algo que te dedicas porque es un trabajo muy vocacional que tú haces con todo tu corazón. Pero claro, cuando pasan cosas así te planteas que no podemos poner en riesgo nuestra propia vida por estar trabajando», reflexionó en declaraciones a Diario de Ibiza. 

Detenidos tres menores por la muerte de la educadora de un piso tutelado en Badajoz

Huedo espera «de corazón» que la atención que su colectivo está recibiendo tras la desgraciada noticia de Badajoz sirva para mejorar sus condiciones. «Parece mentira que tenga que pasar una desgracia tan grande como perder a una compañera como para que se tomen medidas. Realmente esperamos que esto no caiga en saco roto. Seguiremos luchando por nuestra profesión, por la vida de todos los compañeros y sobre todo también por los usuarios a los que atendemos».

Así, lamentó que las condiciones actuales no permiten a educadores ni trabajadores sociales «poder trabajar de la manera que debería ser», lo que provoca que «muchas veces» no puedan «tratar a los usuarios con el tiempo y la dedicación que necesitan». «Realmente se precariza todo, ya no solo la vida del trabajador, sino también la atención al usuario. Y nosotros queremos poder atender bien a las personas que confían en nosotros», resumió.

Esta reivindicación llega después de que la Policía Nacional detuviera el pasado domingo a tres menores de edad, dos chicos y una chica de entre 14 y 17 años, por el presunto asesinato de María Belén Cortés Flor, de 35 años y natural de la localidad de Castuera. La mujer fue golpeada y estrangulada con un cinturón, que cuando llegó la policía continuaba en el lugar del crimen. La educadora, que llevaba varios años desempeñando este trabajo, ya había tenido problemas anteriormente con los presuntos implicados en su muerte.