Ocupación. Asentamiento de chabolas
Santa Eulària envió un informe a la Policía Nacional sobre el asentamiento de Can Rova 2
La alcaldesa afirma que las personas identificadas, «con toda la documentación que han dado, no pueden acreditar que tengan una estancia legal en España»
Vallado perimetral que instalaron los asentados en Can Rova 2. / Toni Escobar
El Ayuntamiento de Santa Eulària envió a la Policía Nacional un informe sobre las irregularidades en el asentamiento chabolista de Can Rova 2, que se formó al lado de la finca de Can Rova después de que esta fuese desalojada por orden judicial el pasado 31 de julio. Así lo explicó este jueves la alcaldesa en el pleno municipal, a respuesta de una moción de control del PSOE.
Aparte de las infracciones urbanísticas por instalar infraviviendas en lo que se ha bautizado como Can Rova 2, un solar de propiedad privada, la primera edil afirma que los asentados han obstruido la acción de los funcionarios municipales —de Policía Local y Servicios Sociales— y que la documentación que aportaron las personas identificadas no permite demostrar que cuentan con residencia legal en España.
«Los propietarios de Can Rova 2 [que tienen en marcha un proceso judicial para desalojar la zona] autorizaron al Consistorio a entrar para realizar las funciones competentes en materia de disciplina urbanística. Se incoaron 12 expedientes, pero los ocupantes hicieron caso omiso, continuaron construyendo y pasaron a la obstrucción de la labor inspectora, e inmediatamente instalaron un vallado perimetral ilegal para impedir el paso de cualquier funcionario municipal», relata Ferrer.
Además, explica que las personas identificadas en Can Rova 2 (antes de que impidiesen el acceso a los funcionarios), «con toda la documentación que han dado, no pueden acreditar que tengan una estancia legal en nuestro país y lo han dificultado todo lo que ha sido posible, porque han mezclado unas informaciones sobre otras».
«De esto, que va más allá de nuestras competencias, el 18 de noviembre se dio un informe al Cuerpo Nacional de Policía, con todos los hechos que se habían registrado». Por otro lado, se recogió que «la mayoría» de los ocupantes están empleados. La alcaldesa pidió ayuda en diciembre a la dirección insular del Estado, en materia de asistencia de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, control y filiación de las personas y actuación de la inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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