Paralizada en Sant Llorenç una obra ilegal de una empresa sin permisos con trabajadores ilegales

La Policía Local de Sant Joan, el departamento de Obras, el Ministerio de Trabajo, la Guardia Civil y la Policía Nacional han intervenido en una obra del municipio tras detectar graves irregularidades. El Ayuntamiento había precintado la obra, ya que era una casa payesa protegida por patrimonio, y se estaban llevando a cabo unas tareas de ampliación y cambio de uso con trabajadores sin papeles.

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Inicialmente, según informa el Ayuntamiento de Sant Joan, se detectó una presunta infracción de una reforma integral de la vivienda existente en Sant Llorenç, que comprende la planta baja (aproximadamente 197 m²) y la planta piso (alrededor de 35,40 m²). Las obras incluían modificaciones estructurales, incremento de volúmenes y la demolición completa y reconstrucción del ala oeste en ambas plantas. Además, se pretendía hacer otro uso de un anexo adyacente a la vivienda con una superficie de 100 m², en el cual ya se han iniciado trabajos y de otro de aproximadamente 56 m², donde no se ha dado inicio a las obras.

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Los Servicios Técnicos Municipales, junto a la Policía Local, realizaron una primera visita de inspección el 24 de abril de 2024 "en la que se constató la ejecución de obras sin licencia en la parcela referida. En ese momento se abrió un expediente de Disciplina Urbanística", detalla el Consistorio.

Al tratarse de una casa payesa inventariada en el registro de la Conselleria de Patrimonio del Consell d'Eivissa, la actuación se encuadra según la Ley de Urbanismo de Baleares como una infracción muy grave. Posteriormente, se inició el Expediente de Restablecimiento a la Legalidad Urbanística. Dicho expediente ordenó la inmediata suspensión de las obras, finalizando con una orden de restablecimiento a la realidad física alterada de la vivienda, ya firme.

Tras esto, el Consistorio explica que se inició un expediente sancionador que se encuentra actualmente en trámite, en el que se propone una multa de 257.525 euros.

A pesar de esto, los servicios técnicos y la Policía Local constataron a fecha del 4 de febrero que las obras han continuado pese a la orden y por ello se precintó el inmueble ante las reiteradas desobediencias. Ante la continuación de las obras y la violación del precinto, el 14 de febrero se realizó una nueva inspección en colaboración con la Policía Nacional e Inspección de Trabajo. Durante esta visita se comprobó la ejecución de las obras con trabajadores que carecían de permiso laboral y residencia en España, por lo que los agentes requisaron la maquinaria y herramientas como medida cautelar para detener los trabajos.

El 21 de febrero de 2025, tras las diversas intervenciones, se personó en las dependencias municipales un representante del grupo inversor promotor, Young, un grupo holandés con sede en Valencia.

"Los Servicios Técnicos Municipales elaborarán ahora un nuevo informe con el fin de incoar un expediente adicional de Disciplina Urbanística respecto a las nuevas intervenciones detectadas", puntualiza el Consistorio, que reitera en el comunicado su compromiso con "el cumplimiento de la normativa urbanística y la protección del patrimonio"

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