Carmen Ferrer: «Declarar tensionado un municipio no ha funcionado allí donde se ha aplicado»

Fotocosa, en su último análisis, dice que el centro de Santa Eulària es el barrio con la vivienda más cara de Balears, con una media de venta de 9.456 euros por metro cuadrado. ¿Descarta aplicar la ley estatal de vivienda?

Hay un tema de oferta y demanda. No hay mucha oferta de pisos y sí mucha demanda de vivir en Santa Eulària, esto es lo que lleva al precio. Un día es Santa Eulària [la zona que ocupa ese primer puesto], otro día es Vila, o siempre es Madrid, pero Madrid no es todo homogéneo. En cuanto a la pregunta, en estos momentos se buscan muchas fórmulas y hay que decir dos cosas importantes: el responsable es el Ministerio de Vivienda. Y también recae en las comunidades. Los municipios poco pueden hacer. Declararlos como zona tensionada [para topar el precio], nos ha demostrado, allí donde se ha aplicado, que no ha resuelto el problema. El barómetro de vivienda del 2024 [que publicó el mes pasado el Observatorio del Alquiler en España, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro] ha dado los resultados de una zona tan importante como la provincia de Barcelona. El precio se ha incrementado, de media, un 11%; la oferta en alquiler ha disminuido en unas 37.000 viviendas en un año, y la presión, que se mide en número de demandantes de una vivienda en 10 días, en Barcelona ahora es de más de 400, cuando la media es de 124.

Un barrio de Santa Eulària, en el 'top ten' de la vivienda más cara de España

Uno de los problemas es el intrusismo.

Hay una oferta no legal de vivienda que se tendría que ofertar a los residentes y se comercializa turísticamente. Y creemos que también se tiene que hacer un esfuerzo para tener VPL [Vivienda de Precio Limitado con colaboración público-privada] y VPO [Vivienda de Protección Oficial]. Creemos más en esta línea de trabajo que no en otras que no están dando los resultados que se esperaba.

Tienen en marcha un proyecto de VPL en dos parcelas de Puig d’en Valls. ¿Qué aspectos positivos tiene este modelo?

Para nosotros, las VPL son una novedad, pero en Cataluña este sistema se ha aplicado: la misma empresa que ha construido viviendas, las ha gestionado, y ha dado buenos resultados. El Ibavi [Instituto Balear de la Vivienda] es el responsable de construir VPO, por una cuestión de agilidad. Nosotros no tenemos los recursos para hacerlo por nuestra cuenta, así que hay que buscar otras vías. Vimos varios ejemplos de zonas en las que se hicieron VPL y donde, de una manera bastante ágil, se ha encontrado una solución y se ha llegado al mismo precio, porque lo determina el Govern. Nosotros hicimos más de 100 VPO en régimen de cooperativa hace unos años. Estas viviendas las adquirieron quienes están viviendo allí ahora. Fue a un precio tasado y en régimen de cooperativa. Se buscaba más compraventa porque se venía de otra situación y ahora lo que se busca es oferta de alquiler.

Entre los requisitos para estas VPL está cobrar una renta anual mínima de 27.000 euros brutos [en el caso de una unidad familiar unipersonal o monoparental]. Quienes no alcanzan esa cifra se quedan fuera.

Los requisitos para poder acceder son cuatro. Ser residente fiscal en España, no tener una vivienda en propiedad en el país, y que de los últimos 20 años hayas estado 10 empadronado aquí. También hay un límite de renta inferior y otro de renta superior, que es entre tres y diez veces el Iprem [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples], dependiendo de si es un núcleo de convivencia unipersonal o monoparental, dos personas con hijos... o de si la vivienda es de una, dos o tres habitaciones.

Entonces, la gente que cobra menos de esa cifra se queda fuera de obtener una VPL. ¿No son los que más la necesitarían?

Para los niveles de menos renta, nosotros incluimos, dentro del programa ‘Santa Eulària Crea Futur’, todas las subvenciones al alquiler, y también están las ayudas a la compra de primera vivienda. Además, entendemos que las VPO van a un grupo de gente que tiene más vulnerabilidad, por así decirlo. De esta manera [con las VPL], queda cubierto un segmento de gente que, sin poder acceder a vivienda asequible, se queda fuera de ayudas y de las VPO, y también necesita un empujón para poder comenzar.

¿La promoción de VPL supone algún coste al Ayuntamiento?

Lo asumirá todo la empresa que las construya. Lo que hacemos nosotros es facilitarle el terreno, que después, en 75 años, gracias a un decreto del Govern balear, revertirá en el Ayuntamiento. Está ya publicado y tenemos que esperar a ver quién se apunta al proyecto.

¿Hay algún terreno que el Ayuntamiento podría ceder al Ibavi?

Se está mirando. Hay que ver siempre la calidad. No vale cualquier terreno en rústico y los ayuntamientos no solemos tener muchos solares. También hay que tener en cuenta el tema de las infraestructuras de agua y luz, tiene que ser urbano. En el caso de las VPL, teníamos dos parcelas, una calificada para plurifamiliar y la otra para equipamiento. Para optimizar, se tuvo que hacer un cambio de planeamiento para que pudiesen juntarse, quitar las medianeras y aprovechar al máximo los 3.000 metros cuadrados. El objetivo es hacer fuerza entre todos para aumentar este tipo de oferta que permita más vivienda asequible.

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Hay un proceso judicial de los propietarios para desalojar el asentamiento de lo que se ha bautizado como Can Rova 2, un terreno privado justo al lado del Can Rova original, un asentamiento que desalojado el 31 de julio. ¿Qué sabe de ello?

Sí, está todo tramitado por parte de la propiedad a nivel administrativo, civil y creo que también penal, porque aquí hay una usurpación de terreno. Es un tema que corresponde al propietario, que ha acudido a la justicia. Los ocupantes nos denunciaron, en contra de que actuásemos [concretamente, se denunció a agentes de la Policía Local por un presunto delito de allanamiento de morada]. Se ha hecho un informe que dice que allí no se entró en ningún lugar privado sino que los agentes fueron e hicieron su trabajo al preguntar quién es usted y qué hace aquí.

¿Y los servicios sociales?

Preguntaron si había una situación de vulnerabilidad, que es en lo que nosotros somos competentes, si hay menores que no están bien atendidos o sin escolarizar. En la medida en que ellos nos denunciaron y nos privaron de acceder, ya no hemos podido entrar más. Hemos actuado porque hay unas construcciones totalmente irregulares y otra serie de circunstancias también irregulares. En el ínterin, nosotros, cuando todavía no había valla y se podía pasar perfectamente, entramos y cada uno hizo su trabajo. Fueron a los juzgados, que nos pidieron el informe y se lo entregamos, explicando todo lo que pasó, lo que hicieron tanto la Policía Local como los servicios sociales. Estamos esperando, con la tranquilidad absoluta de que se ha hecho el trabajo que se debía.

Desde que impidieron la entrada, ¿ha habido más intentos de servicios sociales de entrar para saber cuántos menores hay y en qué condiciones?

No, en estos momentos lo que se hace siempre es informar de nuestra disponibilidad, de que cualquier tema que se sepa, o que se denuncie internamente, o en caso de que se solicite lo que sea, pues se atenderá; pero mientras tanto, no.

Antes de que los ocupantes colocasen la valla, ¿se hizo una visita?

Más de una, han sido varias. Hicimos el requerimiento a la propiedad y también se informó de la irregularidad de lo que se estaba haciendo allí dentro. Los demandados saben perfectamente que están usurpando, ocupando una zona en la que no pueden estar.

¿Cuál es el perfil de los asentados en esta zona? ¿Son todos trabajadores, por ejemplo?

El perfil es variado, hay un poco de todo.

Sobre el alquiler de la nueva sede municipal de servicios sociales [el concurso del contrato lo ganó Tur Rubio S.L., empresa vinculada al teniente de alcalde Miguel Tur] se estaba realizando un informe, para ver si se tenía que anular o modificar ese contrato. ¿En qué punto está esto?

Está pendiente del informe jurídico. Se aportó todo lo que dijimos en el pleno municipal y estamos a la espera. Los grupos de la oposición tuvieron la opción de ejercer el derecho a veto [no lo hicieron] y hay un tema muy importante en esto: se hizo mediante un concurso público.

Santa Eulària consume en noviembre sólo el 37% de agua de la desaladora

En Santa Eulària, el consumo de agua procedente de la desaladora en noviembre fue sólo del 37%. ¿Por qué ocurre?

Aquí hay varias cosas. Fuimos los últimos que incorporamos agua desalada. Hay otros municipios que dependen completamente de ella, nosotros no, y, en nuestro caso, el sistema se incorporó en 2019. Allí se limitó la cantidad de agua desalada y hasta hace poco no hemos podido aumentarla. Por otro lado, estamos haciendo todas las infraestructuras necesarias para poder incrementar el porcentaje. Ahora se entregará un depósito de Can Guasch e hicimos el de Can Furnet. Estamos haciendo depósitos y una infraestructura que permita mezclar agua de pozo con desalada y distribuirla. El municipio es muy extenso y hemos hecho una municipalización. Es decir, excepto muy pocos abonados, toda el agua urbana está suministrada por la concesionaria del Ayuntamiento. Hemos ampliado muchísimo el número de abonados, lo que hace más complicado poder suministrar agua desalada a todos en la misma proporción. Pero, proporcionalmente, la estamos incorporando, y cuando podemos hacerlo es cuando hay menos demanda: desde noviembre a marzo-abril, porque a partir de mayo, cuando los otros municipios piden agua, nosotros no tenemos tanta posibilidad de tener captación. Hasta que no se amplíe la cantidad de agua desalada. En estos momentos ya está concursando o a punto de concursar la ampliación de la desaladora de Santa Eulària. Cuando se ponga en marcha la cuarta, quizás todos podremos no depender de los pozos, pero el problema básico de Santa Eulària es que no tiene tanto suministro de agua desalada como sería lo deseable. Pero ahora, en meses de invierno, están optimizando el rendimiento y nos están dando este tipo de agua. En estos momentos estamos en alrededor del 45%, por lo que, dentro de las limitaciones, se está ampliando.

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