Quejas de patronales por la revisión de las ayudas dadas por el covid en 2021

El Govern ha iniciado de oficio la revisión de las ayudas millonarias (855 millones de euros) que otorgó en 2021 a empresas de las islas para que estas amortiguaran los efectos económicos de la crisis sanitaria del covid y evitaran su quiebra y desaparición. La Orden de 28 de mayo de 2021 (publicada un día después en el BOIB) contenía las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de aquella línea de ayudas directas a empresarios y profesionales, cuyo origen era el Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas estatales extraordinarias «de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia».

Cuatro años más tarde, empresarios de Ibiza denuncian que la dirección general de Empresa, Autónomos y Comercio, departamento perteneciente a la conselleria balear de Empresa, Ocupación y Energía, les ha enviado una batería de requerimientos para que justifiquen documentalmente por qué percibieron aquellas sumas (algunas millonarias) a fondo perdido durante la crisis sanitaria, pese a que en aquel momento, y tal como se especificaba en la Orden, ya aportaron el informe de un auditor que avalaba que reunían todos los requisitos.

Desde la conselleria balear de Empresa, Ocupación y Energía se admite el envío de esos requerimientos, que a su juicio tiene una explicación: «Cuando se gestionaban las ayudas en la época covid, lo que se solicitaba, por la urgencia del momento, era un informe de auditoría. Pero en la propia orden de bases de la convocatoria se indicaba que posteriormente se comprobarían los datos. Lo que se está haciendo desde entonces es comprobar a través de estos requerimientos de documentación que todo está correcto», explica una portavoz de la conselleria.

La presidenta balear de la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), Alicia Reina, lleva semanas avisando a sus socios de que el Govern está solicitando de nuevo toda esa documentación, aunque ya la aportaran en su momento al auditor. Este «comprobaba que estuvieran todas las facturas justificadas» antes de emitir un informe que permitía al empresario «acceder directamente a esa ayuda». Reina ha sido la primera en quejarse públicamente de esta doble inspección: «Ahora, cuatro años más tarde, llegan unas notificaciones en las que se pide toda la documentación a quienes en 2021 sólo se instaba a presentar el informe del auditor. Se insta ahora a justificar todas las facturas, un montón de documentos… Y en el plazo de 10 días. Si no, la amenaza es que se tendrá que devolver todo el dinero percibido en 2021».

«Sudando la gota gorda»

La presidenta balear de AEDH considera que, «en su día, los empresarios ya cumplieron al presentar ese informe, para el que el auditor ya pidió toda la documentación. Y ahora vuelven a solicitar todo ese papeleo (…) Hace cuatro años, si un auditor firmaba era suficiente. No sé para qué obligaron a los empresarios a contratar auditores para que hicieran informes donde ya se especificaba todo». Reina admite que «hay que comprobar dónde y por qué se entrega el dinero público, pero el Govern ha tardado cuatro años en hacerlo; se ve que falta dinero en las arcas públicas y que están mirando dónde rascar». A su juicio, «es raro que el actual Govern, que en teoría está ahora más a favor de las empresas, intente poner más trabas, cuando ya hay bastantes (…) Hay empresarios pitiusos y baleares sudando ahora la gota gorda para buscar aquellos documentos», protesta.

Igual de perplejos se encuentran en la Petita i Mitjana Empressa d’Ibiza i Formentera (Pimeef), tal como indica su secretaria general, Àngels Marí Puig: «Tenemos constancia desde hace año y medio de varias empresas a las que desde la conselleria les reclamaron volver a presentar toda la documentación justificativa que habían presentado al auditor para que emitiera el informe». Pero esos requerimientos se han «acentuado» en los dos últimos meses, a su juicio, porque el Govern «está apurando los plazos de prescripción», que son de cuatro años.

«Esta revisión no es normal»

A su juicio, esa revisión «no es normal» en el caso de la ayuda de los 855 millones de euros que repartió el Govern balear, «pues requirió un informe de un auditor». Y Marí, precisamente, tiene formación como auditora: «Un auditor es un agente externo y objetivo». Su misión en 2021 era «agilizar la entrega de las ayudas» que ahora están en fase de revisión: «Vuelven a pedir, otra vez, toda la documentación. Y me consta que es un número elevado. Evidentemente, se pueden hacer comprobaciones, pero, claro, empieza a buscar ahora, a hacer memoria. Porque estamos hablando de hace cuatro años». Le sorprende porque los auditores intervinieron, «justamente, en los casos de los importes más elevados. Que se tenga ahora que pedir toda esta revisión de documentación es volver a montar todo el expediente de nuevo».

No es el único ámbito en el que se están produciendo esas revisiones: «Lo mismo ocurre ahora con la Seguridad Social por las prestaciones por cese de actividad. En 2020-2021, si tenías una reducción de tu facturación en comparación al año 2019, podías pedir unas prestaciones por cese de actividad en la Seguridad Social. Y ahora, desde hace también un par de meses, están llegando las cartas para justificar que, efectivamente, se cumplieron los requisitos de esas prestaciones, que daban las mutuas. Pero las están enviando ahora, tres años después».

Uno de los problemas que están surgiendo, explica, es que hay autónomos a los que la Administración (balear o estatal) reclama que justifiquen la percepción de determinados importes pese a que «ya no existe aquella actividad por la que lograron las ayudas». Los correos electrónicos en los que recibían las notificaciones «ya no están activos, de manera que, en muchos casos, no han podido contactar con ellos».

Suscríbete para seguir leyendo