Las protestas contra el Govern por frenar el acuerdo para subir el plus de insularidad a los funcionarios se iniciarán el día 28

El próximo día 28 se van a poner en marcha las protestas contra la decisión del Govern de «suspender» las negociaciones para el pago de la deuda que tiene con sus empleados públicos y para equiparar el complemento de residencia con el de Canarias, según se ha adelantado esta mañana desde los sindicatos UGT, CCOO, STEI y CSIF, cuyos responsables han advertido al Ejecutivo autonómico que el error que ha cometido ha sido «muy grave».

Pero además, se ha puesto en evidencia el durísimo enfrentamiento que este grupo mantiene con los que denominan «sindicatos clasistas», al considerar que han sido el SATSE (personal de enfermería), ANPE (docentes) y SIMEBAL (médicos) los que han presionado para paralizar un pacto que se veía como «inminente» ante la oposición de estos últimos a que todos los empleados públicos cobren el mismo plus de insularidad.

El sindicato médico rechaza que todos los empleados públicos de Baleares cobren el mismo plus de insularidad

Movilizaciones

Los secretarios generales de las federaciones de servicios públicos de UGT y CCOO, Miguel Angel Romero y Josep Ginard respectivamente; el del STEI, Miguel Gelabert, y el portavoz del CSIF, Mateo García, han anunciado que el 20 de febrero se celebrará una asamblea de empleados públicos en Mallorca, el 25 en Ibiza y el 26 en Menorca, y será el día 28 cuando tenga lugar la primera protesta, con una concentración de delegados sindicales ante el Consolat de Mar, coincidiendo con la celebración de un Consell de Govern.

Durante el mes de marzo está previsto organizar ya las primeras concentraciones de empleados públicos ante sus centros de trabajo, aunque en este caso no hay calendario de fechas y de edificios públicos ante los que se celebrarán.

Deuda se deberá pagar

Un aspecto sobre el que se hace hincapié es en que la sentencia favorable al STEI obliga al Govern a abonar unos 100 millones de euros que se adeudan a los trabajadores públicos, y se está a la espera de que se resuelva una demanda más amplia de UGT, que de ser favorable supondría el pago de unos 70 millones más.

Pero lo que se queda por el camino ante la nueva postura del Govern es la equiparación del plus de insularidad con el de Canarias, que lo dejaría en 205 euros mensuales en Mallorca, 410 en Menorca e Ibiza y en 615 en Formentera. A ello hay que añadir otros puntos que estaban en el posible acuerdo, como es la reducción de jornada hasta las 35 horas semanales al conjunto del citado personal, la activación del grupo B en la función pública con la correspondiente mejora en las retribuciones para los beneficiados, el complemento del 100% en el caso de las bajas temporales, o la aplicación de la carrera profesional también en las empresas públicas.

Según estas cuatro organizaciones sindicales, ni una sola de las medidas perjudicaba al personal sanitario o el docente, sino que se iban a beneficiar también de muchas de ellas (como conseguir un aumento del plus de insularidad), y se lamenta que las pretensiones de SIMEBAL, ANPE y SATSE hayan dado al traste con estos avances, aunque es al Govern al que se reclama un cambio de postura para retomar el acuerdo que estaba próximo a alcanzarse.

En este aspecto, se ha admitido que se ha abierto una "lucha entre sindicatos de clase y los clasistas". Según los responsables de estas organizaciones, el citado complemento de residencia lo que tiene en cuenta es el elevado coste d ela vida de las islas al margen de la categoría de cada empleado, y han recordado que existen otras bonificaciones con las que aspectos como la formación ya son compensadas.

El pacto para subir el plus de insularidad a los funcionarios de Baleares salta por los aires por el rechazo de los "sindicatos corporativos"

Sindicatos sectoriales

Por su parte, desde ANPE, SATSE y SIMEBAL se ha reiterado su oposición a que el plus de insularidad que se pueda acordar con el Govern sea igualitario, y se ha reivindicado que su cuantía tenga en cuenta las diferentes categorías profesionales, tal y como ya hizo ayer el presidente de la última de estas organizaciones, Miguel Lázaro.

El presidente de ANPE, Víctor Villatoro, y el secretario general de SATSE, Jorge Tera, han afirmado que "el acuerdo que han planteado otros sindicatos con un plus de insularidad igualitario perjudica claramente al personal docente y sanitario". Han añadido que les "sorprende que otras organizaciones sindicales nos acusen de paralizar una propuesta que ellos mismos se habían guisado".

Por ello, han reiterado su defensa de una compensación por insularidad que respete las categorías profesionales, como sucede también en Canarias, Ceuta y Melilla. "Nuestra propuesta es contemplar una subida que suponga una parte igualitaria, porque el coste de la vida es igual para todos, y otra parte gradual, que respete el acceso, la formación, la responsabilidad e incentive la captación de profesionales".

Finalmente, se ha instado al Govern a llegar a un acuerdo pero con todos los sindicatos.